CON EL TLC, PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS AUMENTARÁN EN MIL MILLONES DE DÓLARES AL AÑO, DENUNCIAN EXPERTOS

La audiencia pública “TLC y salud: la verdad”, un éxito total, dice Robledo
Los doce expertos que intervinieron hoy en la audiencia pública “TLC y salud: la verdad” coincidieron en afirmar que, si el Tratado con Estados Unidos queda en firme, los precios de los medicamentos sufrirán en Colombia drásticas alzas, que según estimaron llegarán a mil millones de dólares al año.
La audiencia, en la que hicieron de moderadores los congresistas convocantes, Jorge Enrique Robledo y Camilo Sánchez Ortega, fue instalada por monseñor Fabián Marulanda, secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana, quien alertó sobre los peligros del Tratado para la salud de los colombianos. Entre las bien documentadas ponencias, merecen destacarse la del doctor Germán Holguín Zamorano, director de Misión Salud, quien mostró con cifras las altísimas ganancias de las trasnacionales del sector, en contraste con la situación que viven miles de millones de habitantes del planeta, sin el menor derecho a la salud. Holguín Zamorano previno sobre el aumento de enfermedades catastróficas y denunció que el número de muertes por sida va a multiplicarse.
Otros dos expositores, Miguel Ángel Cortés y Francisco Rossi, presentaron el TLC como un acto de adhesión de los negociadores colombianos a las imposiciones de Estados Unidos. Cortés y Rossi integraban el equipo negociador del gobierno nacional, pero se vieron obligados a renunciar a él en protesta por la entrega de vitales reivindicaciones.
El expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, afirmó que el Congreso sí está facultado para examinar la inconstitucionalidad de capítulos y cláusulas del Tratado recién suscrito por el gobierno colombiano. Montealegre añadió que el Legislativo puede aprobar reservas a los textos del Tratado que violen los derechos sociales de la población o que impliquen un claro retroceso en campos como el de la salud.
Intervinieron además los senadores Iván Moreno Rojas, del Polo Democrático Alternativo; Alexandra Moreno Piraquive, presidenta de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara –donde entró ya el TLC a primer debate– y a quien la aplanadora uribista ha pretendido destituir en forma irreglamentaria; y Cecilia López Montaño y Carlos Julio González, del Partido Liberal. Todos ellos anunciaron su oposición al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Para cerrar, Jorge Enrique Robledo destacó el total éxito del foro, que dio al traste con las presiones ejercidas desde el alto gobierno para impedir que expresaran sus críticas los dirigentes de los gremios y asociaciones de la salud. El vocero del Polo Democrático Alternativo, PDA, dio a conocer que en los próximos días, y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, instaurará un denuncio contra el presidente Uribe Vélez por el delito de traición a la patria.
Oficina de Prensa del Senador Jorge Enrique Robledo.
Bogotá, 15 de febrero de 2007.

QUE SE SEPA QUIÉNES PAGAN LOS IMPUESTOS

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 20 de octubre de 2006

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Los que nos pasamos media vida en la universidad aprendimos a valorar como una virtud escuchar con respeto otras posiciones, incluso las más contrarias. Pero también aprendimos a repudiar con desprecio el ocultamiento o la falsificación de los hechos para sustentar los puntos de vista, pues así se rompe con la primera norma de un debate honrado: interpretaciones puede haber varias, pero las realidades deben ser sagradas.

De ahí que sea tan repudiable la actitud del ministro Arias, quien, para descalificar las cifras que mostraron el desastre de un agro que crece doce veces menos que el promedio nacional, puso en duda las estadísticas de su propio gobierno (las del Dane), las mismas que festejó cuando lo favorecieron. Y fue capaz de proponer que se modificara su cálculo, oportunismo que pretende coronar el estilo oficial de “resolver” los problemas nacionales modificando la manera de calcularlos, que fue como el uribismo mejoró los índices de empleo, crecimiento industrial y pobreza.

Y peor sucede con las cifras tributarias, las cuales se manipulan con verdades a medias o mentiras completas, desvergüenzas que amplifican los medios de comunicación. ¿Qué colombiano informado no ha oído y leído miles de veces que en Colombia el impuesto de renta de las empresas llega al 38,5 por ciento? ¿Cuántas veces se ha dicho y escrito que son los cinco mil llamados “grandes contribuyentes” los que pagan la parte fundamental de los impuestos, y que los demás poco o nada tributan? ¿No está montada la reforma tributaria en curso sobre las “verdades” que expresan las preguntas anteriores, las cuales, como se verá, son mentiras? ¿Carecen de culpa los “tanques de pensamiento” en que el debate tributario se libre sobre cifras falsas? ¡Que los neoliberales defiendan las teorías que se les antojen, hasta las más reaccionarias, pero que no oculten ni falsifiquen los datos!

La verdadera carga tributaria de los monopolios y las trasnacionales ha sido fugazmente mencionada por personas autorizadas. José Antonio Ocampo dijo que es del 20%. Mauricio Cabrera explicó que la banca paga el 23% y la industria el 17%. ¿Por qué tales diferencias con las cifras “oficiales”? Por las enormes exenciones de que gozan los que más chillan por el 38,5% que no pagan. Para acabar de revelar la verdad, en exposición poco conocida, casi clandestina, el director de Fedesarrollo (2006) explicó que la tasa promedio efectiva de renta es de apenas el 13%, porcentaje que sacó, entre otros, de estos que también dio: construcción: 36%, comercio: 32%, sector manufacturero total: 23%, servicios financieros: 19%, fabricación de automóviles: 17%, confección de prendas de vestir: 13%, hoteles: 5%, minería e hidrocarburos: –5%, transportes y comunicaciones: –12%, electricidad, gas y vapor: –33% y sector agropecuario: –33%. ¡Un escándalo noticioso! Pero en otro país.

Y la Dian y el Ministerio de Hacienda nos dieron otras cifras que demuestran que los llamados “grandes contribuyentes” lo son, no porque paguen muchos impuestos, sino porque son recaudadores al servicio de la Dian de los tributos que pagan otros. Los “grandes” aparecen como que aportan el 60% del total de los impuestos, pero lo cierto es que solo contribuyen con el 15,8%, porque el 44% restante corresponde a IVA y retenciones que ellos les cobran a los colombianos del común. Y si se restan los aportes que Ecopetrol, EPM y ETB hacen a la renta de los “grandes”, sus impuestos solo representan el 12,3% del total, bien poco en relación con la riqueza que poseen. Los principales esquilmados en Colombia son los pobres, incluidos los indigentes, por ser los que más le aportan al IVA, la carga regresiva por excelencia, que equivale al 43% del recaudo. Y la retención en la fuente por salarios, honorarios y negocios contribuye con el 26% del total, el cual llega a 42,3 billones de pesos (2005). Aquí sí que se cumple que los que verdaderamente mandan en los países son los que no pagan los tributos que se supone les corresponden.

Es bien probable que el clientelismo parlamentario del minhacienda Carrasquilla –a quien, por razones obvias, tanto quieren en el Fondo Monetario Internacional– logre subir el IVA en los mismos billones de pesos en que les bajarán la renta a monopolios y trasnacionales (!!!). Pero que por lo menos lo hagan sin la desfachatez de decir que es que en la plutocracia que está montando Uribe los magnates tributan en exceso

TLC PARA EDUCACIÓN SUPERIOR: HACIA LA IMPOSICIÓN DEL DOGMA NEOLIBERAL

Juan Carlos Martínez Botero, Federación de Estudiantes de la Universidad de Caldas, Manizales, octubre de 2006

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Un análisis de las reformas que en materia de educación superior viene atravesando la universidad colombiana necesariamente tiene que partir del contexto en que ellas se dan. Asistimos a un duro proceso de globalización económica, marcado por una oleada de unilateralismo y recolonización imperialista reconocida incluso por autorizados voceros de esta corriente, como el ex-secretario de Estado durante el gobierno de Nixon, quien afirmara: “Lo que se denomina globalización, no es más que otro nombre para el papel dominante de los Estados Unidos”. El Consenso de Washington sería la carta de navegación que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, impondría como receta a los países subdesarrollados. “El concepto de un mundo tripolar, en donde Europa y Japón pudiesen hacer contrapeso a la potencia estadounidense, es una visión caduca. El enorme peso económico y político de sus transnacionales, unido a su arsenal monetario y militar, hace de los Estados Unidos la única y verdadera potencia mundial, capital de la globalización” (GÉLINAS, 2006).

El escritor canadiense Jacques Gélinas, en su libro intitulado “El monstruo de la globalización”, describe como “la sede de la megamáquina de la globalización se encuentra cada vez más afianzada en los Estados Unidos”. Este interesante estudio destaca como las herramientas utilizadas para llevar a cabo su proyecto hegemónico son: El dólar instituido como moneda mundial en la Conferencia de Bretton Woods, el Banco Central de los Estados Unidos y su influencia en todos los mercados, el FMI y el Banco Mundial cuya sede se encuentra en Washington, el reinado de las empresas estadounidenses en el ciberespacio, las transnacionales norteamericanas que en su conjunto dominan el sistema productivo mundial en las principales áreas: Finanzas, recursos energéticos, productos farmacéuticos y nuevas tecnologías de la información, el presupuesto militar de los E.U que para el período 2004-2005 ascendía a 500 mil millones de dólares y el dominio de la OTAN, lo cual le ha servido para colocar a Europa bajo su tutela e intervenir en cualquier parte del mundo por encima de la ONU.

Bajo esta órbita, Colombia, ubicado en el llamado “patio trasero” de los E.U, adoptó desde los inicios de la década del noventa, una reforma constitucional que irradió al aparato educativo nacional. Esta tiene su base en el artículo 67 de la Constitución del 91 y para el caso de la educación superior tomó forma a través de la Ley 30 de 1992. Los referentes normativos citados, definieron la educación como un servicio público responsabilidad no solo del Estado, sino además de la sociedad y la familia, acogiendo los preceptos neoliberales de convertir en mercancía, lo que antes era considerado derecho de responsabilidad básicamente estatal. Ello obligó a las familias a destinar un importante porcentaje de su presupuesto, para el costo de la llamada “canasta educativa”, abriéndose paso así a la privatización de la educación. El decreto 2566 retoma este aspecto definiendo la educación superior como un “servicio público de naturaleza cultural”.

De la concepción plasmada en la constitución de 1991, se desprendió por parte del Departamento de Planeación Nacional de entonces, el documento conocido como “Plan de Apertura Educativa -PAE- ”, en el que, el gobierno de Cesar Gaviria señaló los criterios que debían servir para revisar el conjunto de la política educativa, entre otros, se destacó la baja cobertura en los distintos niveles, la baja calidad y la ineficiencia de las instituciones educativas. La solución entonces, fue atender los problemas anteriores en medio de la escasez de recursos del Estado, con lo que centraron sus esfuerzos en la atención de aquellos sectores, que generen una “mayor rentabilidad social”, según ellos la básica y la media de la educación colombiana.

El argumento para desarrollar esta política, es que lo más equitativo es actuar en la base de la pirámide social, posicionando la focalización o sisbenización de los recursos. Frente a la educación superior, la tesis que sostienen, es que una de las características de las personas que acceden a ella es su alta inserción en el mercado laboral, lo que les permite ocupar los cargos mejor remunerados, convirtiéndose en unos privilegiados en los cuales el Estado no tiene porque gastarse un solo peso. La consigna entonces fue trasladar la responsabilidad de la educación superior a la familia, al punto que el PAE trazó como meta, el que al año 2000, el 66% de los ingresos de las universidades debía estar compuesto básicamente de recursos propios, matriculas, venta de servicios y crédito educativo.

EDUCACIÓN COMO MERCANCÍA, UNIVERSIDAD COMO EMPRESA

El modelo educativo impuesto, considera la educación superior como una mercancía, le quita su carácter de derecho y define el papel del Estado en “inspección, vigilancia y control sobre ella” , desarrolla el argumento de que el Estado no puede ser juez y parte y desconoce su importancia histórica como oferente del derecho. El Acuerdo General sobre Comercio y Servicios –AGCS- de la Organización Mundial del Comercio, introdujo la educación dentro de los servicios de enseñanza sujetos al pacto comercial, con lo que se avanzó en su mercantilización, de tal manera que instituciones como la UNESCO (2002) vienen predicando que “la educación se está transformando en un commodity ”, lo que representa -según ellos- un proceso clave para traer “prosperidad”, pues al volverse los productos commodities se “produce una fuerte competencia de precios entre los fabricantes con lo que los precios se contraen”. Tal forma de definir y de referirse a la educación en términos estrictamente económicos, confirma las ideas en boga y las pretensiones de privatizar totalmente, este derecho de los pueblos.

Bajo esta perspectiva las universidades han pasado a ser empresas proveedoras del servicio de educación superior. Catalina Acevedo, gerente del FODESEP , en el segundo foro sobre Educación Superior y Tratado de Libre Comercio, planteó que Colombia debe dejar de pensar que la educación es un bien común sin ánimo de lucro y comenzar a crear la mentalidad de Instituciones de Educación Superior -IES- como empresas. “Las universidades deben ser manejadas como entidades comerciales, porque tienen un producto que vender, el conocimiento. Esto permitiría pensar en importaciones y exportaciones de nuestros servicios, con seccionales en el exterior” (LA REPÚBLICA, 2004). En el mismo sentido el Rector de la Universidad de los Andes, en un artículo publicado en el boletín Educación Superior, órgano oficial del gobierno para el sector, argumentó: “debemos pasar de una visión proteccionista sobre nuestros productos y servicios, a una actitud de apertura frente a los desafíos que nos impone la globalización; entre los cuales esta la internacionalización de la educación” (MEN, 2004). Las ideas propagadas por parte de la tecnocracia criolla, marcan la tendencia y el rumbo de la educación Superior en Colombia, presenciamos la consolidación de los dogmas neoliberales, y con ello la dependencia y el atraso tecnológico en un sector clave, y sin el cual no es posible el desarrollo nacional.

Esta lógica de la universidad como empresa, ha venido posicionándose con algunos desarrollos legales durante el gobierno de Uribe. A través de la Ley 922 de 2004, se incluyó a las universidades como sujeto de aplicación de la Ley de reestructuración empresarial, más conocida como ley de quiebras, instrumento legal utilizado para liquidar importantes activos del Estado como los hospitales públicos. La inclusión de las IES en esta Ley, profundiza el proceso de privatización y las somete a acuerdos de reestructuración donde las funciones de promotor y nominador las ejerce el Ministerio de Hacienda, vulnerando la Autonomía Universitaria y prohibiendo todas las operaciones que impliquen nuevo gasto como la “celebración de cualquier tipo de contrato, el otorgamiento de beneficios o estímulos económicos a directivos, docentes o estudiantes que constituyan nuevo gasto de funcionamiento o inversión”.

La Ley 922 se estrenó en la universidad del Atlántico, a la que se obligó a un crecimiento de recursos propios del 300%. Con un anterior convenio de concurrencia el gobierno condujo a esta institución a asumir un porcentaje mayor en el pago de las mesadas pensionales, pasando de un 12 al 75% y el Ministerio de Hacienda reduciendo sus aportes del 75 al 18%. Se calcula que el ministerio entre los años de 2003 y 2005 dejó de enviar alrededor de cien mil millones de pesos, provocando el colapso financiero de la universidad, a lo que siguió la aplicación de la “Ley de quiebras”.

Las consecuencias no se hicieron esperar, un aumento de matriculas del 330% a los estudiantes, pasando de unas que oscilaban entre 50 mil y un millón de pesos, a unas que se encuentran entre 300 mil y dos millones de pesos. El despido de 140 trabajadores y empleados, disminución del 10% del profesorado de planta y 75% de docentes por contrato, aumento de la asignación docente de 16 horas-clase-semana a 20 y 25, eliminación de los programas que no sean autosostenibles, disminución del número de asignaturas por carrera y horas por curso, venta de bienes que hacen parte del patrimonio de la universidad, desmonte de la unidad de salud, liquidación del Instituto Pestalozzi y el despido de sus 83 docentes (AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, 2006), a ello se suma el cobro por la utilización de laboratorios y el doble pago exigido a los estudiantes de Ciencias Jurídicas donde se estudia por años.

Si desea leer el documento completo, por favor utilice el siguiente vínculo: TLC PARA EDUCACIÓN SUPERIOR: HACIA LA IMPOSICIÓN DEL DOGMA NEOLIBERAL

UNA ESTRATEGIA “AGUAS ARRIBA” PARA REDUCIR LA POBREZA

Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, octubre 24 de 2006

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Colombia se rasgó las vestiduras con los datos sobre la situación de la pobreza en el país. Uno de cada dos colombianos puede considerarse pobre, con ingresos inferiores a $ 7.500 diarios, casi uno de cada seis es indigente, con ingresos inferiores a $3.000 diarios, el 20% más rico de de la población capta veinte veces más ingreso que el 20% más pobre, en las zonas rurales hay 8 millones de colombianos con hambre y 25 no comen carne todos los días, la dieta de millones de hogares es arroz, panela y papa, entre Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla suman cinco millones de habitantes pobres.

Hay más. Mientras la pobreza urbana es 42.9%, la rural alcanza 63% y, en términos de vulnerabilidad, al añadirse la población en riesgo de empobrecer, el asunto es vergonzoso; se llegaría al 48.6% de los hogares urbanos y al 73.5% de los del campo. Estos datos, extraídos de los estudios de la Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, se acompañaron de algunas conclusiones como que el número de hijos menores de 12 años, los niveles de educación de los jefes de hogar y el empleo, así como la región donde se ubica la familia, inciden para ser pobre en Colombia. Así, la zona Pacífico, Chocó, Nariño y Cauca, se define como la más deprimida, en tanto Huila, Boyacá, Córdoba, Sucre y Tolima no están lejos de tan nefasto liderazgo. Todos estos factores se amplifican cuando están acompañados de desplazamiento.

No obstante, tanta aberración social se exhibió como una fotografía, sin conexión con el tiempo como si fuera fortuita, y es tan patética que la atención se centró en ella y no en la anunciada Estrategia oficial. Algunas comparaciones con el pasado permiten mostrar que la pobreza y la desigualdad, antes que moderarse, se agravan. Los datos manejados por la Misión, con horizonte escaso de 10 años, indican que los pobres rurales crecieron de 7,8 millones a 8,02 millones, y en todo el país de 19,5 a 21,9. Que en las cuatro grandes ciudades, excepto Cali, creció la pobreza y, en Barranquilla y Bogotá, la desigualdad; y, con respecto a ésta, las mediciones muestran que la última década fue perdida y que la brecha se agrandó. En América Latina, estamos en el quinto lugar después de Perú, Guatemala, Salvador y Honduras. Los estudios afirman que el crecimiento presentado en ese lapso no favoreció a los pobres y que en el caso del agro ni crecimiento ha habido. Adicionalmente, puede agregarse que si en 1984 el 20% de los hogares carecía de suficiencia alimentaria (Perfetti, 1986), en 2005 era el 43% (ICBF).

Resulta increíble que, ante tan descomunal desastre, la Estrategia sea profundizar las mismas políticas neoliberales causantes. La focalización de los subsidios en educación y salud en la demanda de “los más pobres entre los pobres”, la eliminación del régimen de jubilación de prima media, la eliminación del apoyo estatal a la universidad pública, aumentar la cobertura del subsidio familiar y de desempleo, impulsar las carreras tecnológicas y técnicas, fomentar la agro-exportación, mantener una Red de Protección Social “anticíclica”, que opere intensamente en los periodos de crisis económica, y el programa “Familias en Acción”, a lo anterior se agrega el Banco de las Oportunidades, la profética propuesta de Uribe-candidato, lanzada antes de conocerse el informe de la Misión, y que, en últimas, persigue ampliar los sujetos de crédito ante la voraz competencia en que hoy están involucrados los agentes del sistema financiero.¿No sabe el más desinformado colombiano que estas son las mismas “políticas sociales” que andan de la mano con el modelo neoliberal, que fueron las mismas que se adelantaron cuando se originó el caos? Aquí también Uribe II es igual a Uribe I.

Algunos propagan que llegó la hora del “corazón grande”, y que hay que unirse en torno a sus sanos fines, otros califican la engañifa como “populismo de derecha”, pretermitiendo que desde John Stuart Mill, un seguidor de Malthus, los economistas clásicos hablan de intervención estatal para “limitar los campos del laissez-faire”, dejando al mercado las decisiones “racionales”. Neoliberalismo para combatir los daños de década y media de neoliberalismo, TLC, destructor del agro y a favor de las transnacionales y del capital financiero, Reforma Tributaria inicua, recorte de transferencias para áreas sociales, privatizaciones, una real estrategia “aguas arriba” para reducir la desigualdad y la pobreza.

COLOMBIA DEBE PONERSE EN PIE POR LA DEFENSA DE SU SOBERANÍA ENERGÉTICA, CARLOS GAVIRIA

Bogotá, noviembre 2 de 2006

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El propósito del gobierno, con el apoyo de la bancada uribista en el Congreso, de vender a terceros el 20% de la participación accionaria de ECOPETROL, tiene incalculables consecuencias para la soberanía de la nación. Esta transacción va más allá de hechos ya de por sí tan significativos como la dadivosa entrega, sin razón justificada, de una porción de la más grande empresa del país- ahora cien por ciento estatal - a inversionistas privados y tratándose de un negocio estrella, precisamente del que se derivan las mayores ganancias en la organización económica contemporánea.

Este proyecto privatizador pone en almoneda mucho más que el patrimonio empresarial de más de once billones de pesos, la refinación de 300.000 barriles diarios de petróleo o la explotación de contratos de asociación, ahora vigentes, por un volumen similar de crudo; con él se están comprometiendo asuntos tan cruciales como los que se relacionan con los ingresos corrientes de la Nación, a los cuales ECOPETROL contribuyó para el año 2005 con un traslado de sus utilidades e impuestos por 7,5 billones de pesos, equivalentes al 17,3% de dicho rubro. Esa cifra también es igual a la mitad del valor de las transferencias del Gobierno Central a los entes territoriales para salud y educación.

La venta de acciones de ECOPETROL hace parte de la dudosa concepción oficial, promulgada por organismos internacionales como el FMI, por la cual se asume que el bienestar del país en materia energética depende de las licencias sin contraprestación que se hagan al capital privado internacional. Ella ha orientado las decisiones más recientes de la política pública respectiva como las que menguaron la participación del Estado en las regalías, las que revivieron el arcaico sistema de concesiones, las que impidieron la reversión al pleno control estatal de la explotación de yacimientos de gas como los de Chuchupa o los de petróleo del Carare, las que enajenaron más de la mitad de la propiedad de la Refinería de Cartagena y las que escindieron las reservas petrolíferas del patrimonio de ECOPETROL para pasarlas bajo la tutela de la Agencia Nacional de Hidrocarburos..

De los países de la Cuenca Andina es Colombia el que menos recibe, en términos de dólares por barril, de la renta proveniente de la producción de hidrocarburos. En casi cinco años no se ha reportado resultado beneficioso alguno derivado de tales criterios, pero se insiste en ellos.

El modelo de empresa que se está gestando es el que le permite a ECOPETROL regirse con el régimen privado. A los nuevos "socios" les caerá como anillo al dedo en el marco del TLC para operar a sus anchas y sin cortapisas, incluyendo las eventuales operaciones de compra de combustibles que podrían darse en los muy probables escenarios de pérdida de autosuficiencia petrolera.

Lo más grave de todo es que los planes de negocios que hoy se convierten en el motivo de la busca de "capital fresco" podrían llevarse a cabo si el proyecto que se discute en el Congreso no fuera el del negocio de acciones sino uno que le devolviera la autonomía financiera y administrativa a la empresa, a fin de que ella pudiera recurrir a los recursos del FAEP, a realizar más de cuatro billones de pesos en inversiones temporales, incluida una alta suma en forma de TES o a contratar créditos que puede respaldar y honrar con solvencia.

Los colombianos verdaderamente interesados en que la autodeterminación nacional se reafirme en cuestiones tan vitales como la de su soberanía energética, la cual no puede supeditarse a intereses particulares de lucro, deben expresarse junto con el POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO - PDA - en contra de la venta de acciones de ECOPETROL que, de concretarse, configuraría un paso casi irreversible hacia la pérdida de mínimas garantías en este campo.

Carlos Gaviria Díaz, Presidente PDA