TLC PARA EDUCACIÓN SUPERIOR: HACIA LA IMPOSICIÓN DEL DOGMA NEOLIBERAL

Juan Carlos Martínez Botero, Federación de Estudiantes de la Universidad de Caldas, Manizales, octubre de 2006

---

Un análisis de las reformas que en materia de educación superior viene atravesando la universidad colombiana necesariamente tiene que partir del contexto en que ellas se dan. Asistimos a un duro proceso de globalización económica, marcado por una oleada de unilateralismo y recolonización imperialista reconocida incluso por autorizados voceros de esta corriente, como el ex-secretario de Estado durante el gobierno de Nixon, quien afirmara: “Lo que se denomina globalización, no es más que otro nombre para el papel dominante de los Estados Unidos”. El Consenso de Washington sería la carta de navegación que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, impondría como receta a los países subdesarrollados. “El concepto de un mundo tripolar, en donde Europa y Japón pudiesen hacer contrapeso a la potencia estadounidense, es una visión caduca. El enorme peso económico y político de sus transnacionales, unido a su arsenal monetario y militar, hace de los Estados Unidos la única y verdadera potencia mundial, capital de la globalización” (GÉLINAS, 2006).

El escritor canadiense Jacques Gélinas, en su libro intitulado “El monstruo de la globalización”, describe como “la sede de la megamáquina de la globalización se encuentra cada vez más afianzada en los Estados Unidos”. Este interesante estudio destaca como las herramientas utilizadas para llevar a cabo su proyecto hegemónico son: El dólar instituido como moneda mundial en la Conferencia de Bretton Woods, el Banco Central de los Estados Unidos y su influencia en todos los mercados, el FMI y el Banco Mundial cuya sede se encuentra en Washington, el reinado de las empresas estadounidenses en el ciberespacio, las transnacionales norteamericanas que en su conjunto dominan el sistema productivo mundial en las principales áreas: Finanzas, recursos energéticos, productos farmacéuticos y nuevas tecnologías de la información, el presupuesto militar de los E.U que para el período 2004-2005 ascendía a 500 mil millones de dólares y el dominio de la OTAN, lo cual le ha servido para colocar a Europa bajo su tutela e intervenir en cualquier parte del mundo por encima de la ONU.

Bajo esta órbita, Colombia, ubicado en el llamado “patio trasero” de los E.U, adoptó desde los inicios de la década del noventa, una reforma constitucional que irradió al aparato educativo nacional. Esta tiene su base en el artículo 67 de la Constitución del 91 y para el caso de la educación superior tomó forma a través de la Ley 30 de 1992. Los referentes normativos citados, definieron la educación como un servicio público responsabilidad no solo del Estado, sino además de la sociedad y la familia, acogiendo los preceptos neoliberales de convertir en mercancía, lo que antes era considerado derecho de responsabilidad básicamente estatal. Ello obligó a las familias a destinar un importante porcentaje de su presupuesto, para el costo de la llamada “canasta educativa”, abriéndose paso así a la privatización de la educación. El decreto 2566 retoma este aspecto definiendo la educación superior como un “servicio público de naturaleza cultural”.

De la concepción plasmada en la constitución de 1991, se desprendió por parte del Departamento de Planeación Nacional de entonces, el documento conocido como “Plan de Apertura Educativa -PAE- ”, en el que, el gobierno de Cesar Gaviria señaló los criterios que debían servir para revisar el conjunto de la política educativa, entre otros, se destacó la baja cobertura en los distintos niveles, la baja calidad y la ineficiencia de las instituciones educativas. La solución entonces, fue atender los problemas anteriores en medio de la escasez de recursos del Estado, con lo que centraron sus esfuerzos en la atención de aquellos sectores, que generen una “mayor rentabilidad social”, según ellos la básica y la media de la educación colombiana.

El argumento para desarrollar esta política, es que lo más equitativo es actuar en la base de la pirámide social, posicionando la focalización o sisbenización de los recursos. Frente a la educación superior, la tesis que sostienen, es que una de las características de las personas que acceden a ella es su alta inserción en el mercado laboral, lo que les permite ocupar los cargos mejor remunerados, convirtiéndose en unos privilegiados en los cuales el Estado no tiene porque gastarse un solo peso. La consigna entonces fue trasladar la responsabilidad de la educación superior a la familia, al punto que el PAE trazó como meta, el que al año 2000, el 66% de los ingresos de las universidades debía estar compuesto básicamente de recursos propios, matriculas, venta de servicios y crédito educativo.

EDUCACIÓN COMO MERCANCÍA, UNIVERSIDAD COMO EMPRESA

El modelo educativo impuesto, considera la educación superior como una mercancía, le quita su carácter de derecho y define el papel del Estado en “inspección, vigilancia y control sobre ella” , desarrolla el argumento de que el Estado no puede ser juez y parte y desconoce su importancia histórica como oferente del derecho. El Acuerdo General sobre Comercio y Servicios –AGCS- de la Organización Mundial del Comercio, introdujo la educación dentro de los servicios de enseñanza sujetos al pacto comercial, con lo que se avanzó en su mercantilización, de tal manera que instituciones como la UNESCO (2002) vienen predicando que “la educación se está transformando en un commodity ”, lo que representa -según ellos- un proceso clave para traer “prosperidad”, pues al volverse los productos commodities se “produce una fuerte competencia de precios entre los fabricantes con lo que los precios se contraen”. Tal forma de definir y de referirse a la educación en términos estrictamente económicos, confirma las ideas en boga y las pretensiones de privatizar totalmente, este derecho de los pueblos.

Bajo esta perspectiva las universidades han pasado a ser empresas proveedoras del servicio de educación superior. Catalina Acevedo, gerente del FODESEP , en el segundo foro sobre Educación Superior y Tratado de Libre Comercio, planteó que Colombia debe dejar de pensar que la educación es un bien común sin ánimo de lucro y comenzar a crear la mentalidad de Instituciones de Educación Superior -IES- como empresas. “Las universidades deben ser manejadas como entidades comerciales, porque tienen un producto que vender, el conocimiento. Esto permitiría pensar en importaciones y exportaciones de nuestros servicios, con seccionales en el exterior” (LA REPÚBLICA, 2004). En el mismo sentido el Rector de la Universidad de los Andes, en un artículo publicado en el boletín Educación Superior, órgano oficial del gobierno para el sector, argumentó: “debemos pasar de una visión proteccionista sobre nuestros productos y servicios, a una actitud de apertura frente a los desafíos que nos impone la globalización; entre los cuales esta la internacionalización de la educación” (MEN, 2004). Las ideas propagadas por parte de la tecnocracia criolla, marcan la tendencia y el rumbo de la educación Superior en Colombia, presenciamos la consolidación de los dogmas neoliberales, y con ello la dependencia y el atraso tecnológico en un sector clave, y sin el cual no es posible el desarrollo nacional.

Esta lógica de la universidad como empresa, ha venido posicionándose con algunos desarrollos legales durante el gobierno de Uribe. A través de la Ley 922 de 2004, se incluyó a las universidades como sujeto de aplicación de la Ley de reestructuración empresarial, más conocida como ley de quiebras, instrumento legal utilizado para liquidar importantes activos del Estado como los hospitales públicos. La inclusión de las IES en esta Ley, profundiza el proceso de privatización y las somete a acuerdos de reestructuración donde las funciones de promotor y nominador las ejerce el Ministerio de Hacienda, vulnerando la Autonomía Universitaria y prohibiendo todas las operaciones que impliquen nuevo gasto como la “celebración de cualquier tipo de contrato, el otorgamiento de beneficios o estímulos económicos a directivos, docentes o estudiantes que constituyan nuevo gasto de funcionamiento o inversión”.

La Ley 922 se estrenó en la universidad del Atlántico, a la que se obligó a un crecimiento de recursos propios del 300%. Con un anterior convenio de concurrencia el gobierno condujo a esta institución a asumir un porcentaje mayor en el pago de las mesadas pensionales, pasando de un 12 al 75% y el Ministerio de Hacienda reduciendo sus aportes del 75 al 18%. Se calcula que el ministerio entre los años de 2003 y 2005 dejó de enviar alrededor de cien mil millones de pesos, provocando el colapso financiero de la universidad, a lo que siguió la aplicación de la “Ley de quiebras”.

Las consecuencias no se hicieron esperar, un aumento de matriculas del 330% a los estudiantes, pasando de unas que oscilaban entre 50 mil y un millón de pesos, a unas que se encuentran entre 300 mil y dos millones de pesos. El despido de 140 trabajadores y empleados, disminución del 10% del profesorado de planta y 75% de docentes por contrato, aumento de la asignación docente de 16 horas-clase-semana a 20 y 25, eliminación de los programas que no sean autosostenibles, disminución del número de asignaturas por carrera y horas por curso, venta de bienes que hacen parte del patrimonio de la universidad, desmonte de la unidad de salud, liquidación del Instituto Pestalozzi y el despido de sus 83 docentes (AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, 2006), a ello se suma el cobro por la utilización de laboratorios y el doble pago exigido a los estudiantes de Ciencias Jurídicas donde se estudia por años.

Si desea leer el documento completo, por favor utilice el siguiente vínculo: TLC PARA EDUCACIÓN SUPERIOR: HACIA LA IMPOSICIÓN DEL DOGMA NEOLIBERAL

UNA ESTRATEGIA “AGUAS ARRIBA” PARA REDUCIR LA POBREZA

Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, octubre 24 de 2006

---

Colombia se rasgó las vestiduras con los datos sobre la situación de la pobreza en el país. Uno de cada dos colombianos puede considerarse pobre, con ingresos inferiores a $ 7.500 diarios, casi uno de cada seis es indigente, con ingresos inferiores a $3.000 diarios, el 20% más rico de de la población capta veinte veces más ingreso que el 20% más pobre, en las zonas rurales hay 8 millones de colombianos con hambre y 25 no comen carne todos los días, la dieta de millones de hogares es arroz, panela y papa, entre Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla suman cinco millones de habitantes pobres.

Hay más. Mientras la pobreza urbana es 42.9%, la rural alcanza 63% y, en términos de vulnerabilidad, al añadirse la población en riesgo de empobrecer, el asunto es vergonzoso; se llegaría al 48.6% de los hogares urbanos y al 73.5% de los del campo. Estos datos, extraídos de los estudios de la Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, se acompañaron de algunas conclusiones como que el número de hijos menores de 12 años, los niveles de educación de los jefes de hogar y el empleo, así como la región donde se ubica la familia, inciden para ser pobre en Colombia. Así, la zona Pacífico, Chocó, Nariño y Cauca, se define como la más deprimida, en tanto Huila, Boyacá, Córdoba, Sucre y Tolima no están lejos de tan nefasto liderazgo. Todos estos factores se amplifican cuando están acompañados de desplazamiento.

No obstante, tanta aberración social se exhibió como una fotografía, sin conexión con el tiempo como si fuera fortuita, y es tan patética que la atención se centró en ella y no en la anunciada Estrategia oficial. Algunas comparaciones con el pasado permiten mostrar que la pobreza y la desigualdad, antes que moderarse, se agravan. Los datos manejados por la Misión, con horizonte escaso de 10 años, indican que los pobres rurales crecieron de 7,8 millones a 8,02 millones, y en todo el país de 19,5 a 21,9. Que en las cuatro grandes ciudades, excepto Cali, creció la pobreza y, en Barranquilla y Bogotá, la desigualdad; y, con respecto a ésta, las mediciones muestran que la última década fue perdida y que la brecha se agrandó. En América Latina, estamos en el quinto lugar después de Perú, Guatemala, Salvador y Honduras. Los estudios afirman que el crecimiento presentado en ese lapso no favoreció a los pobres y que en el caso del agro ni crecimiento ha habido. Adicionalmente, puede agregarse que si en 1984 el 20% de los hogares carecía de suficiencia alimentaria (Perfetti, 1986), en 2005 era el 43% (ICBF).

Resulta increíble que, ante tan descomunal desastre, la Estrategia sea profundizar las mismas políticas neoliberales causantes. La focalización de los subsidios en educación y salud en la demanda de “los más pobres entre los pobres”, la eliminación del régimen de jubilación de prima media, la eliminación del apoyo estatal a la universidad pública, aumentar la cobertura del subsidio familiar y de desempleo, impulsar las carreras tecnológicas y técnicas, fomentar la agro-exportación, mantener una Red de Protección Social “anticíclica”, que opere intensamente en los periodos de crisis económica, y el programa “Familias en Acción”, a lo anterior se agrega el Banco de las Oportunidades, la profética propuesta de Uribe-candidato, lanzada antes de conocerse el informe de la Misión, y que, en últimas, persigue ampliar los sujetos de crédito ante la voraz competencia en que hoy están involucrados los agentes del sistema financiero.¿No sabe el más desinformado colombiano que estas son las mismas “políticas sociales” que andan de la mano con el modelo neoliberal, que fueron las mismas que se adelantaron cuando se originó el caos? Aquí también Uribe II es igual a Uribe I.

Algunos propagan que llegó la hora del “corazón grande”, y que hay que unirse en torno a sus sanos fines, otros califican la engañifa como “populismo de derecha”, pretermitiendo que desde John Stuart Mill, un seguidor de Malthus, los economistas clásicos hablan de intervención estatal para “limitar los campos del laissez-faire”, dejando al mercado las decisiones “racionales”. Neoliberalismo para combatir los daños de década y media de neoliberalismo, TLC, destructor del agro y a favor de las transnacionales y del capital financiero, Reforma Tributaria inicua, recorte de transferencias para áreas sociales, privatizaciones, una real estrategia “aguas arriba” para reducir la desigualdad y la pobreza.

ENÉRGICO RECHAZO A PRIVATIZACIÓN DE INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS EXPRESA EL SENADOR ROBLEDO

Con vehemencia rechazó el senador Jorge Enrique Robledo la propuesta de privatizar la Industria Licorera de Caldas lanzada hace unos días por un diputado del Partido de la U. Puntualizó Robledo que preservarla como Empresa Industrial y Comercial del Estado es una reivindicación sentida por todos los caldenses, dada la importancia de la Licorera en las finanzas departamentales y su alta rentabilidad. La Licorera de Caldas aporta el 25% de los ingresos tributarios del departamento y en 2005 las utilidades transferidas ascendieron a 27 mil millones de pesos, equivalentes al 42% del total de los ingresos tributarios.

Causa indignación el descaro con que se plantea privatizar la Licorera para vendérsela con nombre propio a una trasnacional foránea. Entre los nombres que baraja la propuesta figuran la inglesa Deageo, la francesa Pernod Ricard y las estadounidenses Bacardí Limited, Beam Global y Brown-Forman. El senador del Polo Democrático Alternativo preguntó: “¿A cuánto pueden ascender las comisiones que algunos se ganarían con el negocio?”

Los privatizadores alegan, además, que el carácter de Empresa Industrial y Comercial del Estado constituye una traba para enfrentar la mayor competencia que vendrá con el TLC. Una razón de más para no firmar el Tratado, dijo Robledo, quien se opuso a que se privaticen las demás licoreras del país y llamó a la ciudadanía a movilizarse en defensa del interés público.
Oficina de Prensa del Senador Jorge Enrique Robledo.
Bogotá, 31 de octubre de 2006.

NO BUSH

Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, noviembre 14 de 2006

---

El resultado de las elecciones de mitaca en los Estados Unidos fue adverso al gobierno de George W. Bush. De 36 gobernaciones en disputa, los demócratas ganaron 18, restándole seis a los republicanos, y conquistando una mayoría de 28 sobre 22 en el total de 50. En cuanto al Congreso, la peor derrota republicana se dio en la Cámara: de 435 sillas, solamente 196 se consideran identificadas con las políticas de George W.; entre tanto los demócratas lograron 226. Aún quedan unas pocas indefiniciones en los resultados pero se asegura además el triunfo de 7 republicanos que se pasaron al bando demócrata, catalogados por los analistas como “social conservadores”. En resumen, el partido republicano pasó de tener cerca del 53% de esa Corporación a menos del 47%. En el Senado hay empate a 49 entre senadores demócratas y republicanos; no obstante, dos independientes, Lieberman de Connecticut y Sanders de Vermont, aunque encontrados en varios temas son de origen demócrata, lo cual da las mayorías para el partido “del burro”. Aquí hay otro retroceso para Bush, quien poseía mayoría de 55 contra 45 antes del 7 de noviembre; de 33 candidaturas en disputa, de las 14 que estaban en manos oficiales conservó ocho. Las cifras arrojan la pérdida evidente de gobernabilidad de Bush sobre el Legislativo.

¿Cuáles fueron los motivos para esta nueva correlación de fuerzas? En las hipótesis de muchos analistas aparece como denominador común, en cuanto a factores determinantes, la guerra en medio Oriente y en particular en Irak. El costo en vidas, de 3.000 soldados “voluntarios” y medio millón de civiles, en recursos fiscales, en violación de derechos humanos, todo lo que recuerda la derrota en Vietnam, y la imagen de un Imperio que mintió al mundo e irrespetó normas e instituciones internacionales están entre las primeras razones para el voto anti-Bush. No en vano, ha resonado con éxito la exposición del pintor Fernando Botero en New York que refleja el dolor de las víctimas de Abuh Grahib. Sin embargo, encuestas de CNN y New York Times “revelaron que la ansiedad de los norteamericanos alrededor de la economía y la estabilidad del empleo supera las preocupaciones en torno a la guerra en Irak” y otra pesquisa a boca de urna, nombrada como la Encuesta Nacional de la Elección, de un consorcio de cinco redes y de Associated Press a 13.000 votantes en todo el país, encontró que el 67% pensó en la guerra como un tema “extremadamente” o “muy importante” para definir el voto, en tanto que, bajo los mismos parámetros, el 82% consideró a la economía, el 74% a la corrupción y a la ética y el 72% al terrorismo. Una síntesis de lo sucedido es que: “la sociedad estadounidense cree que ni el gobierno ni el Congreso están manejando bien las cosas”.

Los demócratas prometieron “mover hacia una nueva dirección” a Estados Unidos. En economía, hablan de elevar el salario mínimo y “apoyar comercio justo que alce los estándares para todos los trabajadores de aquí y de afuera, mientras se hacen los negocios americanos más competitivos, y no creemos en recortes en impuestos que premien a compañías que muevan los empleos americanos más allá de las fronteras”. Es su postura contra el modelo TLC-globalización. En cuanto a seguridad, la agenda demócrata es: “reparar el Ejército, ganar la guerra al terror, proteger la seguridad interna, asegurar el éxito en Irak y librarse de la dependencia del petróleo extranjero”. En cuanto a valores: “terminaremos con la cultura republicana de la corrupción”. En una coalición de siete grupos, en los cuales los especialistas dividen a los demócratas, el resultado en cada punto es incierto. Esto sin soslayar que grupos como Public Citizen afirman que: “la campaña que busca un comercio justo que beneficie trabajadores y agricultores norteamericanos sin golpear el medio ambiente y la seguridad alimentaria es un ganador” y que en 7 sillas en Senado y 27 en Cámara, candidatos por Comercio Justo vencieron a partidarios del TLC.

En medio de la tormenta, el presidente Uribe, único gobernante de Sur América que apoyó la guerra de Irak, viaja a Estados Unidos “a cuidar lo suyo”. Si bien conversará con la señora Rice, tomando precauciones no se retratará con “su amigo” George. En una lectura descocada de la situación parece no entender que, dado el voto No Bush, lo primero será arreglar las cargas adentro, incluidas las facultades para gastos militares externos y las negociaciones comerciales, luego vendrán los tratos con las colonias. ¿Piensa poner orden allí, mientras varios de sus congresistas marchan rumbo a la cárcel en Colombia?

DECLARACIÓN DEL FORO POR LA DEFENSA DE LA BIODIVERSIDAD Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Cartagena, Octubre 27 de 2006

---

Más de 70 organizaciones de comunidades indígenas, campesinas, jóvenes y mujeres de la región Caribe, reunidos en Cartagena.

Teniendo en cuenta que:

· La región de la Costa Caribe es un espacio de diversidad biológica, cultural y política.

· Las profundas inequidades de los modelos de apropiación territorial en la región han desconocido los aportes y los esfuerzos de los grupos humanos locales, han deteriorado la base natural y han generado una condiciones de concentración de la tierra que hacen insostenible la vida para millares de personas.

· El Tratado de Libre Comercio- TLC, acordado entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, enajena los recursos estratégicos y determina la pérdida de soberanía en muchos aspectos de la vida económica, social, cultural y política del país. Entre muchos otros aspectos, para preparar a Colombia frente al TLC, se presiona la inserción en las denominadas cadenas productivas especializadas en proveer materias primas para la demanda de los países desarrollados. Esto se hace con un enorme costo ambiental y socioeconómico como lo demuestran las plantaciones de palma africana, la caña de azúcar, la yuca amarga y demás materias primas para los llamados biocombustibles. Un enfoque de política que parte de la premisa de suponer que los únicos que pueden subsistir en el campo sean los eficientes y competitivos es una clara decisión de liquidar las poblaciones culturalmente ligadas al campo.

· En el país, el actual gobierno promueve reformas regresivas, antidemocráticas, inconsultas y excluyentes en temas estructurales ligados a la vida e integridad de comunidades rurales y aún, las urbanas. La ley de Desarrollo Rural (30S) es un claro ejemplo de ello.

· La integridad de los ecosistemas, base y patrimonio natural de Colombia, que la colocan como país megabiodiverso del planeta y centro de domesticación de cultivos, queda estructural y negativamente afectada con la puesta en marcha de la ley forestal y el código de Minas y con la ley de aguas en trámite. Tales políticas fragmentan la visión ecosistémica, privatizan los recursos y agotan la base de las comunidades asociadas a tales recursos.

· La biodiversidad y el conocimiento tradicional asociado a ella, son patrimonio colectivo de las comunidades indígenas, negras y campesinas, por lo tanto sobre ellos no se puede aplicar ninguna forma de propiedad intelectual a través de patentes.

· En el mundo existen fuertes cuestionamientos y evidencias sobre los riesgos e impactos de los cultivos y alimentos transgénicos sobre el ambiente, la biodiversidad y los efectos socioeconómicos del país y las comunidades locales.

Por lo tanto:

1. Convocamos la unión y solidaridad de las organizaciones sociales, los estudiantes, académicos, Ongs, periodistas y demás sectores democráticos de la región Caribe, frente a las amenazas que afectan la integridad de los territorios, sus sistemas y los recursos locales, frente a las amenazas y políticas que afectan la integridad de los territorios y recursos de las comunidades locales.
2. Rechazamos los mecanismos e intenciones del proyecto de ley de Desarrollo Rural que actualmente cursa trámite en el Congreso. Es ilegal y atenta contra la integridad de más de 10 millones de personas que viven en el campo. Exigimos se archive el proyecto de ley y nos unimos a las demandas que adelantan otras organizaciones.
3. Rechazamos el TLC porque más que un tratado comercial, es una entrega de la soberanía nacional y de los recursos naturales que conlleva a una pérdida de los derechos de los ciudadanos colombianos y significa una imposición desventajosa hacia Colombia por parte de los Estados Unidos y porque no fue consultado con toda la sociedad. El TLC acentúa la pobreza, el desplazamiento y la inequidad.
4. Rechazamos la implementación de los monocultivos que causan enorme daño sobre los ecosistemas locales y sobre la estructura social y económica de las comunidades locales.
5. Rechazamos las leyes nacionales e internacionales que permiten la privatización de la vida y las actividades de biopiratería sobre nuestra biodiversidad y conocimiento tradicional. Denunciamos que en la carta de entendimiento sobre biodiversidad y conocimiento tradicional incluida en el Tratado de Libre Comercio entre el gobierno colombiano con los Estados Unidos se amplia la aplicación de las patentes a todas las formas de vida y el conocimiento tradicional asociado, legitimando y fomentando la biopiratería del patrimonio genético de la Nación y especialmente, de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas, negras y campesinas.
6. A su vez, la ley 1032 del 2006, que modifica el Código Penal respecto a la usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales, es una clara violación a los derechos de los agricultores y las comunidades locales a mejorar, conservar y usar las semillas tradicionales. Rechazamos el carácter de esta ley, debido a que penaliza con cárcel y multas el uso no autorizado de semillas registradas o patentadas, dejando como única opción legal el uso de semillas registradas. Esta ley es una clara evidencia a favor de las patentes y control monopólico a favor de las transnacionales semilleras, lo cual llevaría a que los agricultores no utilicen sus propias semillas.
7. Rechazamos las políticas del Gobierno Nacional que permiten y promueven la introducción de cultivos y alimentos transgénicos. Especialmente rechazamos la introducción de maíz transgénico en la región Caribe por ser esta una de las regiones del mundo de mayor biodiversidad de semillas criollas de maíz y por el significado que tiene la cultura del maíz en toda la región, la cual se vería afectada por la introducción de las semillas transgénicas.
8. No aceptamos los programas de fomento agrícola y de ayuda alimentaria que contienen y promueven las semillas y alimentos transgénicas.
9. Respaldamos la Declaración del Territorio Indígena Zenú Libre de Transgénicos, suscrito en Octubre de 2005 por 177 cabildos, ubicados en 5 municipios de los departamentos de Córdoba y Sucre, como una estrategia de defensa de la cultura del maíz frente a la amenaza evidente de los cultivos transgénicos en la Región Caribe y en ejercicio de los derechos constitucionales para el gobierno propio de los territorios indígenas. Exigimos que las instituciones y autoridades gubernamentales reconozcan, respeten y apoyen esta decisión y hacemos un llamado a otras organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas para que protejan sus territorios y los declaren libres de transgénicos.
10. Animamos y nos unimos a las marchas, protestas y demás acciones que en el Caribe y a nivel nacional expresen públicamente el rechazo a la ley de Desarrollo Rural. Hacemos un fuerte llamado a las mujeres, los niños, los hombres, los y las jóvenes, a los consumidores, a los académicos, investigadores y en general a los ciudadanos que comparten nuestras preocupaciones para que tomen parte decidida por las alternativas que planteamos.
11. Proponemos al gobierno colombiano, se tengan en cuenta las iniciativas de las comunidades para el manejo del territorio y las estrategias de conservación y uso de la vida.

Por una Colombia diversa, soberana y que respete los derechos de la gente y la naturaleza!

Organizaciones que suscriben esta declaración:

1. Consejo de Cabildo de San Antonio de Palmito
2. Acción Comunal de Mahates
3. Acción Comunal Montes de María
4. Agropesca
5. Apralsa
6. APSENA asopensionados del SENA
7. Artesanos y Artesanas de San Andrés de Sotavento
8. Artesanos Unión de Bolívar
9. Asalga
10. Asalma
11. Asociación agropecuaria AGROCIN (Bolivar)
12. Asociación de desplazados de Soledad Barranquilla –ADUSOC
13. Asociación de mujeres El Progreso
14. Asociación de mujeres la Esmeralda de Montería
15. Asociación Resurgír San Onofre
16. Asociación de productores de Ceja del Mango
17. Asproal
18. Asproas
19. Asprocig
20. Asprocin
21. Asuma
22. Corporación de Desarrollo Solidario
23. Asproinpal
24. Asproinsu
25. Asociación Barranco de Loba
26. Benposta muchachos.
27. Cabildo Gobernador Indígena Zenú de Sucre
28. Cabildo Indígena Zenú de Arjona Bolívar
29. Cabildo Indígena Zenú Membrillal
30. Cabildo Mayor Municipal de San Andrés Cordoba
31. Cabildo Mayor Regional Indígena Zenú de Córdoba y Sucre
32. Asap Caramanta
33. ONIC- Organización Nacional Indígena de Colombia.
34. Corporación Nueva Esperanza
35. COPEPAS
36. Corporación Opción Legal Barranquilla
37. Corporación de la Hoja
38. Corporación Tiempos de Vida
39. EAT Empresa Asociatva de Trabajo
40. CUT, Central Unitaria de Trabajadores.
41. Asociación de Mujeres Artesanas de Mompox
42. Ecofrubol
43. Emcofrubol
44. Emfrubol
45. Fundación Mujeres y Futuro (Carmen de Bolívar)
46. Fundación Sabanas
47. Funoxivida Cartagena
48. Funsarep
49. Cabildo Indígena Embera Katio del Alto San Jorge
50. OIK, Organizació Indígena Kankuama
51. Madres Comunitarias de Cartagena
52. OFP, Organización Femenina Popular, Cartagena.
53. OIA- Organización Indígena de Antioquia
54. Organización Colombiana de Pensionados
55. Partido Comunista de Colombia- Cartagena
56. Plan Internacional Sincelejo
57. Planeta Paz, Cartagena
58. Prodesal
59. Red de Artesanos de la Costa
60. Red Mujeres del Caribe
61. Representantes de grupos Étnicos de Cartagena
62. Resguardo Indígena de San Pedro Alcántara
63. Ruta Pacifica de Mujeres
64. Mesa de Fortalecimiento de Bolivar OPD
65. Sindicato Unico de Educadores de Cartagena
66. Madres comunitarias- Sintrasihoby
67. Swissaid Colombia
68. Tiempos de Vida
69. Unamos Nuestras Fuerzas, Las Palmeras
70. Unamos Nuestras Fuerzas, Las Palomos (Montería)
71. Grupo Semillas
72. RECAR

DESPLAZAMIENTO POR CUENTA DEL ESTADO

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 3 de noviembre de 2006

---

Qué se diría en un país civilizado de un negocio que puede desalojar a unas 15 mil personas que habitan en 2.705 viviendas, distribuidas en 30 veredas y en un centro poblado y que poseen vías de acceso y redes domiciliarias de electricidad, agua y gas. De un proyecto que también amenaza destruir dos colegios de bachillerato y 23 escuelas con 2.690 estudiantes, un hospital y un puesto de salud, dos cementerios, dos templos católicos, 14 iglesias de diversas congregaciones, 30 guarderías del ICBF y 10 hogares Fami. De unas obras que asimismo arriesgan eliminar una zona comercial con 120 locales, más de 200 tiendas veredales y dos conjuntos cerrados con 42 casas, en donde se desenvuelve una comunidad llena de vida, con múltiples relaciones sociales creadas durante más de 80 años, que posee tres clubes sociales y 32 asociaciones y en la que el 20 por ciento tiene títulos de propiedad y los restantes ocuparon los predios con la aquiescencia del Estado, que es su propietario. Y qué se diría si esto sucediera sin que los grandes poderes capaces de generar tal destrucción les aceptaran a los que pueden terminar desplazados organizarse para proteger sus derechos como grupo, porque los quieren obligar a defenderse familia por familia; y si, como si fuera poco, la policía hubiera golpeado al cura párroco de ese grupo social durante una de las movilizaciones que tuvieron que hacer para que les oyeran sus reclamos, peticiones que cuentan con el respaldo del alcalde y el concejo del municipio donde ocurre la agresión.

Es bien probable que en un país civilizado concluyeran que están ante un caso que debe denunciarse con el peor de los calificativos.

Pues bien, lo descrito está ocurriendo en Colombia, en el corregimiento de El Centro, municipio de Barrancabermeja; el territorio donde hace cien años empezó la producción de petróleo en el país, a partir de explotar unos manantiales a donde brotaba, solo, el hidrocarburo, y los que, violando las leyes, el General Rafael Reyes le cedió graciosamente a Roberto de Mares y este le vendió a la Tropical Oil Company (subsidiaria de la Standar de Rockefeller), de donde proviene la Exxon Mobil, tan conocida por el actual ministro de Minas. Y los que amenazan a la comunidad de El Centro son nada menos que Ecopetrol y la Oxy, la misma petrolera estadounidense a la que el gobierno que preside Álvaro Uribe le otorgó, contra el interés nacional, el supernegocio de la no reversión de los pozos de Caño Limón. ¿El pretexto para tamaño atropello? Que es probable que en ese territorio haya más petróleo y como para extraerlo sus habitantes y sus propiedades estorban, entonces tienen que someterse a lo que se les antoje al gobierno y a la trasnacional, empresa a la que nuevamente se le hizo la amabilidad de entregarle un negocio pulpo que bien habría podido desarrollar Ecopetrol, y aquella exige “que se cumpla el contrato”, ¡contrato leonino que se definió sin haberle pedido siquiera una opinión a la comunidad que puede ser desplazada!

¿Qué piden los habitantes de El Centro desde hace dos años, cuando se vinieron contra ellos? ¿Alguna desproporción? No. Simplemente, que el proyecto se desarrolle teniendo en cuenta que no se localiza en un baldío, que ellos tienen derechos allí y que no les pretendan imponer negociar a la brava y, familia por familia, nada menos que con el Estado colombiano y seguramente hasta con la Casa Blanca, sino que los reconozcan como una comunidad, con el derecho constitucional a organizarse y a defender sus puntos de vista e intereses en forma colectiva. Y que Ecopetrol y la Oxy cesen en sus presiones indebidas sobre las gentes sencillas que están siendo amenazadas y lesionadas por las obras propias de un negocio en marcha, cuyo impacto puede ser enorme porque podría requerir de la perforación de seiscientos a mil pozos.

He aquí otra de las razones por la cuales seguramente serán pocos los colombianos que lamenten la renuncia de Isaac Yanovich a la gerencia de Ecopetrol, dado que en él se encarnó de manera ejemplar la máxima neoliberal que reza que debe gobernarse siendo duro con los débiles y débil con los poderosos, práctica que además adelantó en función de privatizar el patrimonio público y en beneficio de los intereses extranjeros, a los que tuvo la desproporción de presentar como iguales a los nacionales. Y porque persiguió a los trabajadores de Ecopetrol con saña, como nadie lo había hecho, persecución que hizo con el objetivo inconfesable de preparar la privatización de la empresa, negocio que en el Senado, durante cuatro años, negó que el gobierno fuera a adelantar.

COLOMBIA DEBE PONERSE EN PIE POR LA DEFENSA DE SU SOBERANÍA ENERGÉTICA, CARLOS GAVIRIA

Bogotá, noviembre 2 de 2006

---

El propósito del gobierno, con el apoyo de la bancada uribista en el Congreso, de vender a terceros el 20% de la participación accionaria de ECOPETROL, tiene incalculables consecuencias para la soberanía de la nación. Esta transacción va más allá de hechos ya de por sí tan significativos como la dadivosa entrega, sin razón justificada, de una porción de la más grande empresa del país- ahora cien por ciento estatal - a inversionistas privados y tratándose de un negocio estrella, precisamente del que se derivan las mayores ganancias en la organización económica contemporánea.

Este proyecto privatizador pone en almoneda mucho más que el patrimonio empresarial de más de once billones de pesos, la refinación de 300.000 barriles diarios de petróleo o la explotación de contratos de asociación, ahora vigentes, por un volumen similar de crudo; con él se están comprometiendo asuntos tan cruciales como los que se relacionan con los ingresos corrientes de la Nación, a los cuales ECOPETROL contribuyó para el año 2005 con un traslado de sus utilidades e impuestos por 7,5 billones de pesos, equivalentes al 17,3% de dicho rubro. Esa cifra también es igual a la mitad del valor de las transferencias del Gobierno Central a los entes territoriales para salud y educación.

La venta de acciones de ECOPETROL hace parte de la dudosa concepción oficial, promulgada por organismos internacionales como el FMI, por la cual se asume que el bienestar del país en materia energética depende de las licencias sin contraprestación que se hagan al capital privado internacional. Ella ha orientado las decisiones más recientes de la política pública respectiva como las que menguaron la participación del Estado en las regalías, las que revivieron el arcaico sistema de concesiones, las que impidieron la reversión al pleno control estatal de la explotación de yacimientos de gas como los de Chuchupa o los de petróleo del Carare, las que enajenaron más de la mitad de la propiedad de la Refinería de Cartagena y las que escindieron las reservas petrolíferas del patrimonio de ECOPETROL para pasarlas bajo la tutela de la Agencia Nacional de Hidrocarburos..

De los países de la Cuenca Andina es Colombia el que menos recibe, en términos de dólares por barril, de la renta proveniente de la producción de hidrocarburos. En casi cinco años no se ha reportado resultado beneficioso alguno derivado de tales criterios, pero se insiste en ellos.

El modelo de empresa que se está gestando es el que le permite a ECOPETROL regirse con el régimen privado. A los nuevos "socios" les caerá como anillo al dedo en el marco del TLC para operar a sus anchas y sin cortapisas, incluyendo las eventuales operaciones de compra de combustibles que podrían darse en los muy probables escenarios de pérdida de autosuficiencia petrolera.

Lo más grave de todo es que los planes de negocios que hoy se convierten en el motivo de la busca de "capital fresco" podrían llevarse a cabo si el proyecto que se discute en el Congreso no fuera el del negocio de acciones sino uno que le devolviera la autonomía financiera y administrativa a la empresa, a fin de que ella pudiera recurrir a los recursos del FAEP, a realizar más de cuatro billones de pesos en inversiones temporales, incluida una alta suma en forma de TES o a contratar créditos que puede respaldar y honrar con solvencia.

Los colombianos verdaderamente interesados en que la autodeterminación nacional se reafirme en cuestiones tan vitales como la de su soberanía energética, la cual no puede supeditarse a intereses particulares de lucro, deben expresarse junto con el POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO - PDA - en contra de la venta de acciones de ECOPETROL que, de concretarse, configuraría un paso casi irreversible hacia la pérdida de mínimas garantías en este campo.

Carlos Gaviria Díaz, Presidente PDA

Fotos De La Marcha Estudiantil Bogotá, En Favor Del Desmonte Del ESMAD y Contra La Brutalidad Policial

Fotos De La Marcha Estudiantil Bogotá, En Favor Del Desmonte Del ESMAD y Contra La Brutalidad Policial

Fotos De La Marcha Estudiantil Bogotá, En Favor Del Desmonte Del ESMAD y Contra La Brutalidad Policial

Fotos De La Marcha Estudiantil Bogotá, En Favor Del Desmonte Del ESMAD y Contra La Brutalidad Policial

Fotos De La Marcha Estudiantil Bogotá, En Favor Del Desmonte Del ESMAD y Contra La Brutalidad Policial

ANARQUISMO Y FASCISMO

UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS",

BIENESTAR INSTITUCIONAL Y

ELTALLER DE "J"ORMACIÓN ESTUDIANTIL RAÍCES – TJER

Invitan al

XIX SEMINARIO DE PENSAMIENTO SOCIAL

ANARQUISMO Y FASCISMO:

Guerra Civil Española 70 años

(1936 – 2006)

Un homenaje a Buenaventura Durruti

Programación:

CICLO DE CONFERENCIAS:

Martes 14 de noviembre

- Anarquismo y fascismo

Miércoles 15 de noviembre

- Guerra Civil Española; causas, consecuencias y repercusiones en América Latina

Jueves 16 de noviembre

- Buenaventura Durruti y Movimiento social y obrero (FAI, CNT, ML, PCE,…)

Viernes 17 de noviembre

- Expresiones artísticas de la Guerra Civil Española (Música, Pintura, Poesía,…)

Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Lugar: Auditorio Hermanos San Juan, U. Distrital, sede Macarena "A". (Carrera 3 No. 26 a 40)

Informes: e-mail: :tjer97@yahoo.es Teléfono: 311-804 00 76

Conferencistas invitados:

Ricardo García; ex rector U. D., Axel Riveros; Profesor U. Autónoma, Manuel Guillermo Rodríguez; Prof. Universidad del Atlántico, Leonardo Agudelo; Profesor U. Externado, Pablo Guadarrama; Filósofo, U. Las Villas, Santa Clara – Cuba, Helvar Figueros; Investigador, Sonia Torres; Investigadora, Jimmy Vieira; Investigador, Ricardo Moreno; Investigador, Blas hernán Rico; Profesor U. Distrital, Carlos Gaviria Diaz; Presidente Polo Democrático Alternativo, Iván Alvarez; Grupo de teatro La Libelula Dorada, Amadeo Clavijo: Profesor u. Pedagógica Nacional, Carlos Martín; Investigador – España, Paola Rodriguez; Socóloga, Ricardo Toledo; Artista, Leopoldo Múnera; prof. U. Nacional, Alexander Gamba; Sociólogo, Ivan Valenzuela; Filósofo, Armando Orozco; Poeta, Harold Alvarado Tenorio; Poeta, y colectivos anarquistas como: el colectivo cultural Anacaona, Alas de Xue, Mujeres Libres, entre muchos otros,...

ENTRADA LIBRE

TALLER DE JORMACIÓN ESTUDIANTIL RAÍCES

T.J.E.R. 10 AÑOS

"En defensa de la Educación Pública y ayudando a construir Educación Popular"

EL PARTIDO DEMÓCRATA DE ESTADOS UNIDOS Y EL LIBRE COMERCIO

Aurelio Suárez Montoya, La tarde, Pereira, noviembre 7 de 2006

Con ocasión de las elecciones legislativas en Estados Unidos, que buscan renovar el Congreso de ese país en un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes, surgen hipótesis acerca de la suerte que los tratados de libre comercio, en particular los que han cerrado su fase de negociación como el de Colombia, correrán con un resultado favorable al Partido Demócrata que le dé el control de ambas cámaras. Hasta el gobierno de Álvaro Uribe ha mostrado temores y hecho diligencias en ese sentido; cabildeos con Bill Clinton o expresiones públicas de la disposición a renegociar cláusulas sensibles a los demócratas son pruebas del intento de “amarrar los perros” para no ver hundir el ansiado Convenio ante cualquier eventualidad.

La experiencia colombiana en la negociación del TLC es que todo consiste en alcanzar objetivos estratégicos estadounidenses, delineados en la Trade Act de 2002, y a cambio hacer a “los socios” concesiones menores que no quebranten leyes ni intereses norteamericanos gremiales o ciudadanos. El resultado, según Carlos Ball del Cato Institute, es: “El proteccionismo y los mal llamado tratados de libre comercio, que en realidad sirven para abrir unos pocos centímetros las puertas al libre intercambio, mientras se alargan por 15 o más años las cuotas y protecciones que benefician a los poderosos”. En el caso del TLC con Colombia la norma se cumple y, por ende, la clase política gringa no tendría impedimentos para proceder. Evidencia reciente es la condecoración impuesta a Uribe por el Consejo de las Américas, el centro de las multinacionales con más negocios en el Sur.

No obstante, en Estados Unidos hay un pulso entre los planes corporativos y el ingreso y bienestar de la clase media y trabajadora, la cual, además del bochorno de Irak, muestra que ya no le basta con adquirir bienes baratos de China, India o México para mantener su estatus. Más labores de manufactura y almacenamiento o de servicios, incluyendo software o auditoría y contabilidad, se desplazan al Sur buscando costos hasta diez veces menores. El tema lo ha ventilado el senador demócrata por Michigan, Sander Levin, con sindicalistas colombianos. Así mismo, el representante demócrata por California, Sam Farr, se queja de las afectaciones de las exportaciones colombianas a sus electores vinculados a la floricultura y, a la vez, se asombra con los impactos que sufrirá la agricultura colombiana en el TLC y, por ende, lo que pueden traer en términos de aumento de cultivos de uso ilícito.

Representantes como Charles Rangel expresaron reparos frente a cláusulas del TLC que favorecen las patentes de las firmas farmacéuticas frente a la salud pública de los pueblos, lo que incluye al estadounidense, y notables como Janice Schakowsky propiciaron encuentros para que congresistas y sus equipos escucharan a los opositores al TLC. Algunas de estas iniciativas han contado con el respaldo de la líder Nancy Pelosi. En varios estados los opositores al libre comercio parecen gozar de mayores simpatías y los demócratas que se "vendieron" a la administración Bush para votar a favor el CAFTA (tratado con Centroamérica) fueron afrentados.

Pero no todo es color de rosa. Cuando se revisan las votaciones en el Senado sobre los más recientes seis tratados de libre comercio, con Chile, Singapur, Australia, Marruecos, Omán y CAFTA, se ve que únicamente tres senadores demócratas los votaron todos en contra: Akaka (Hawai), Reid (Nevada) y Byrd (West Virginia). Figuras como Hillary Clinton sólo lo hizo contra el CAFTA igual que el novel Barack Obama; John Edwards se opuso a Chile y Singapur (no estuvo en la de CAFTA) y ni siquiera los 48 demócratas reprobaron el CAFTA que tuvo 45 oposiciones contra 55 votos afirmativos. Lo peor, la Ley del Muro, por la cual se condena a los pobladores del Sur a vivir en sus guetos de trabajo envilecido, no tuvo sino 20 votos en contra.

Las fuerzas de resistencia al TLC no pueden cifrar sus esperanzas en inciertas posiciones del Partido Demócrata, en cómo resuelve sus tensiones internas sobre el tema; no hay que olvidar que el paladín del TLC con México y Canadá fue Bill Clinton. No es seguro que así Colombia aplaque la amenaza. Suponerlo es tan confuso como porfiar en Uribe en cuanto a las migraciones, en foros internacionales se pronuncia contra el Muro en la frontera sur de Estados Unidos pero suscribe de hinojos un Tratado que, de hecho, es puerta abierta para capitales y mercancías yanquis y muralla para la mano de obra nacional; una concesión que desde el inicio “desniveló la cancha en contra”, que marcó al TLC como un documento de anexión.

MALEZAS TEÓRICAS

Cuando se aproximan las decisivas discusiones del TLC, quienes se apropian en exclusiva la facultad de interpretar los males del sector rural y las soluciones que él requiere se desbordan en los medios insistiendo en que el Tratado es la panacea. Enarbolando causas nobles como empleo, productividad, uso del territorio y bienestar del consumidor, afirman que la especialización del campo en tropicales como palma, cacao, caucho y similares es la clave para la modernización. Consideran para ello “indispensable dejar de subsidiar y de proteger las actividades que han causado esta situación” (Hommes, octubre 27–El Tiempo) y que ojalá reciban “una competencia que históricamente sus grandes productores lograron evadir exitosamente. Que reciban algún exceso de ella, incluso desleal, como la implicada por los subsidios norteamericanos a sus cereales…” (Kalmanovitz, octubre 28–El Tiempo).

El ex codirector de Banrepública por 12 años, periodo de los más nefastos del Emisor, muestra más vigor a la hora de nona del debate y sus tesis deben discutirse, no tanto la de apoyar la “competencia desleal”, inadmisible para el 99% de los mortales, sino otras sobre las que cabalga con sesgo igual al de vivar el dumping de los barones del algodón de Texas, con el que acaban a sus rivales, como acusa Stiglitz.

Sin reparar en que Kalmanovitz llame “oleaginoso” al sorgo o que valore en el algodón más la semilla que la fibra, vale confrontar su cantinela del subsidio de los consumidores a los productores. En 2002, los aranceles de la “protección infinita” en frontera, valieron 882 millones de dólares; esto es, a cada colombiano le costó al día seis centavos de dólar; suma ridícula para avalar la existencia de lo que queda de producción de alimentos básicos en Colombia. Mas no sólo eso; ¿Podrá desvincularse la reducción de 831.000 hectáreas de cereales y oleaginosas entre 1990 y 2005, con que la inseguridad alimentaria de los colombianos pasara en 1984 del 20% de los hogares (Perfetti, 1986) al 43% (ICBF, 2005), cuando ahora se importa casi la mitad de la comida? Lo de la distribución de la tierra es similar. En 1984, el 0,4% de los propietarios, de más de 500 hectáreas, poseía el 32,7% de la superficie, en 2003, tenía el 62,6%. ¿Está conexa esa iniquidad con la protección al arroz, al fríjol, al algodón y al maíz, cultivos con unidades productivas menores de 20 hectáreas en promedio? ¿No es más comparable con la “ganaderización” creciente y el empuje a los exportables, sin café, que subieron de 376.000 a 518.000 hectáreas en quince años?

Respecto al empleo rural se dice que, si bien no hay desempleo estructural, persiste el bajo ingreso y la mala calidad. El modelo descrito, implantado cuando Hommes orientó la economía, no sanó las lesiones causadas. Si prescriben que “para mejorar el ingreso de los trabajadores rurales se tiene que aumentar radicalmente esa productividad y la producción, para que cuando suba la productividad no caiga el empleo”, la evidencia no indica que se logre con cultivos tropicales. En pesos constantes de 1994, el valor de la producción por hectárea pasó en cereales entre 1990 y 2005 de $485.000 a $754.000, en los exportables en su conjunto, pese al aporte de la palma, cayó de $1’745.000 a $ 1’6329.000, en especial por mermas en banano y azúcar y sin contar café, y en otros cultivos como panela, ñame, yuca y plátano para el mercado interno, subió de $1’480.000 a $1’983.000 y se sabe de estudios oficiales que develan el declive en flores. El resultado no sorprende, la volatilidad de precios en el mercado externo es del abecé de la Economía de la Agricultura; concentrar esfuerzos en alzar el valor por hectárea apostándole a esta variable es suicidio y pronosticar el éxito con cultivos de tardío rendimiento, que piden altas erogaciones de capital para instalación y sostenimiento, es error garrafal y peor si se dice que es con pequeños productores. El sector con el TLC se une del todo a la competencia global de agro-exportación, donde están definidos los comercializadores, los formadores de precios y la mano de obra barata como ventaja única; no hay ventaja comparativa, ni elasticidad de sustitución igual a uno para nuestros productos frente a los demás. El estudio citado por Hommes sobre empleo rural carga los pocos avances a la depreciación temporal del peso y a la “seguridad”.

Si en los cultivos salen malezas, en la discusión teórica también, sujetas a la misma ley: “mala hierba, nunca muere”; insisten en ahondar el fracaso de la última década y media, en buscar los rendimientos donde no se han dado y en relegar la producción de alimentos de la base primera de la producción agropecuaria nacional.

Aurelio Suárez Montoya, La tarde, Pereira, octubre 31 de 2006

POR LA DEFENSA DE LA CULTURA REPLANTEEMOS LA REFORMA TRIBUTARIA

Los abajo firmantes, integrantes de la comunidad cultural Nacional y la sociedad civil, que conoce y se beneficia de su trabajo artístico y cultural

CONSIDERANDO QUE:

1. Por mandato de la Constitución Nacional (art. 70, 71 y 72) el Estado debe promover y fomentar el acceso a la cultura, creará incentivos y ofrecerá estímulos especiales para las personas e instituciones que desarrollen y fomenten la cultura.

2. Por el esfuerzo realizado en el transcurso de muchos años de perseverancia, los representantes de los diferentes sectores que representan la cultura del país hemos obtenido estímulos o beneficios tributarios que nos han permitido continuar con nuestro trabajo cultural y aporte al desarrollo del país.

3. Cursa en la actualidad en el Congreso de la República un proyecto de reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional.

4. En esa reforma se establece la extinción de todos los logros obtenidos al determinar que "deroga todas las disposiciones que consagran incentivos tributarios para la cultura colombiana", entre otros: exenciones de renta para productores de cine y el reconocimiento del 125% por inversión en Cultura; exenciones para editores, derechos de autor y deducción para apertura o ensanche de librerías; deducción de gastos para el mantenimiento y conservación de patrimonio; deducción de donaciones para entidades culturales, entre otras.

5. Además de terminar con los incentivos tributarios se establecen nuevos impuestos: IVA a la boletería en los espectáculos públicos y en el arrendamiento de inmuebles destinados a ellos y se gravan las entidades culturales sin ánimo de lucro.

6. Con todo lo anterior se contradicen los postulados constitucionales, se hace imposible el trabajo cultural y se propician las actividades ilegales, entre otras, la de la piratería.

7. Vemos además con preocupación cómo se afectaría la calidad de vida de todos los colombianos al gravarse con IVA la canasta familiar.

PROPONEMOS:

1. Solicitar a los Honorables Senadores y Representantes que se conviertan en abanderados de la causa cultural e impidan la aprobación de los artículos de la reforma que afectan las diferentes actividades y entidades culturales. Proponerles la presencia de nuestros voceros en los debates a dicho proyecto.

2. Pedir al Gobierno Nacional que se acoja a lo prescrito en la Constitución Nacional como deberes del Estado, que atienda las solicitudes de todo el sector cultural en el sentido de mantener las condiciones tributarias existentes y que, además, acoja el pliego de necesidades en la legislación tributaria que permitan asegurar los recursos necesarios para atender la política Cultural.

3. Convocamos a toda la sociedad a realizar un movimiento nacional para la defensa de la cultura.

4. Invitamos a un gran Foro Nacional "Incidencia de la reforma tributaria en la cultura", en la ciudad de Medellín el día 06 de octubre con la participación de representantes de los diferentes sectores culturales, sociales y políticos, para proponer un pliego de modificaciones que se constituya en política pública tributaria para la cultura. Continuaremos la jornada con una gran caminata y maratón artística que culminará en el Parque de Botero.

5. Nos sensibilizamos con la búsqueda de una mayor justicia social en lo tributario y con respecto a la canasta familiar.

Con la firma respaldamos estas propuestas:

Cordialmente


ENRIQUE MEJIA UMAÑA
Director
Programa Artístico y Cultural CUARTO CRECIENTE
CORPORACIÓN CATIVO
cuartocreciente@cativo.org

Colombia: Comunicadores indígenas secuestrados

PRONUNCIAMIENTO
ANTE LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

El pueblo nasa del territorio ancestral SATA MAKIWE, la Asociación de
Cabildos Comunitarios del Municipio de Caldono, el Consejo Regional
Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de
Colombia (ONIC) hoy levantan su voz una vez más para exigir la
liberación de los dos compañeros comunicadores indígenas secuestrados
Rubiel Lis Velasco y Griseldino Yafue Guetoto, detenidos la mañana del
martes 19 de septiembre del 2006 en Caldono, sin razón alguna ni orden
de captura.

El pueblo nasa, sus comunidades y organizaciones consideran esta acción
como un acto de represión de parte del Estado que violenta la autonomía
de este territorio indígena e ignora totalmente los derechos
colectivos
de los pueblos indígenas expresados en el Convenio 169 de la OIT y en
la
Constitución del Estado Colombiano así como las normas del derecho
internacional en materia de telecomunicaciones por medio de los cuales
los pueblos tenemos derecho a la libertad de expresión a través de
medios de comunicación propios.

Manifestamos que no vemos esta acción como una detención formal sino
como un acto de secuestro político, un secuestro de las voces de
nuestro
pueblo, acto similar a los que vienen ocurriendo en toda América
Latina
en contra de nuestros comunicadores indígenas y de los diversos medios
de comunicación alternativos.

Informamos a todos nuestros hermanos, así como a las instancias de
derechos humanos nacionales e internacionales que además de haberse
llevado a estos dos comunicadores indígenas, está ocurriendo la
presencia de la policía en las afueras de la Radio Uxwal, acercándose a
intimidar a todos los comuneros reunidos aquí para proteger la radio,
e
incluso a exigir en una reunión que estábamos llevando a cabo que nos
callemos, ordenando a los dirigentes que dejen de hablar. De igual
manera, se ha estado intentado desde afuera apagar la radio por medio
del corte de la luz.

Todo esto ocurre cuando faltan menos de 24 horas para que inicie el
Primer Encuentro Nacional de Comunicación Indígena de Colombia, que
tendrá lugar en el Municipio de Silvia, territorio Misak Wampia, a
dónde
llegarán comunicadores indígenas de todo el país y del ámbito
internacional para hablar sobre las estrategias de comunicación
indígena
que seguiremos en unidad durante los próximos años.

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, organismos
de derechos humanos para que se unan y demanden la exigencia de la
liberación de nuestros compañeros y se permita el libre desarrollo de
nuestro encuentro de comunicadores así como el respeto a este medio de
comunicación propio, legítimo y autónomo que ya por seis años venimos
defendiendo.

Repudiamos estas acciones tramposas, totalmente fuera de los marcos
legales del mismo Estado y, peor aún, fuera de nuestro propio marco de
justicia comunitaria, la cual ha sido totalmente ignorada y
descalificada.

Condenamos la criminalización de los comunicadores indígenas y, con
ello, la criminalización de la lucha indígena y campesina en materia de
comunicación alternativa, parte fundamental del desarrollo colectivo de
los pueblos.

¡Seguiremos defendiendo y luchando por la libertad de expresión, por la
libertad de nuestra palabra, por nuestra autonomía, por la vida y por
la
dignidad!

Pueblo Nasa
Territorio Ancestral Sata Makiwe

EN EL CAUCA, DELEGADOS DE LA MISIÓN INTERNACIONAL IMPACTADOS POR LAS EVIDENCIAS DE LA CRISIS QUE VIVEN INDÍGENAS NASAS EN TORIBIO Y JAMBALÓ

Con recibimiento y custodia de la guardia indígena, dirigencia del CRIC y la ACIN, y la población con signos de esperanza a lo largo y ancho de las calles, los miembros de la misión internacional recorrieron este jueves el territorio del norte en Jambaló y Toribio. El viernes, después de interactuar en Popayán con instancias oficiales e institucionales, arribaran a la Maria Piendamó, sitio de convivencia y paz.

“al recorrer las calles, senderos , descifrar en sus rostros las huellas de la guerra y al final escuchar los testimonios desgarradores de lo que les viene sucediendo a los indígenas en el Cauca, logramos dimensionar la preocupación de sus organizaciones al convocar a la comunidad internacional a esta misión”.

“la muerte del menor WILDER FABIÁN HURTADO y heridos los comuneros BAUTISTA YULE Y ROBINSON ULLUNÉ, por un mortero que dispararan miembros del Batallón Pichincha asentadas en JAMBALÓ, al mando del Teniente Espinel, el cómo estos y miembros de la policía permanecen atrincherados dentro del casco urbano de Toribio y Jambaló, es un ejemplo fehaciente del cómo tienen que vivir en una permanente zozobra, convirtiéndolos en escudos humanos, lo que evidencia que la población civil esta en medio del conflicto armado Colombiano”, son parte de las impresiones de los delegados de la Misión de Verificación, lo cual se constituye en doble reto de incidencia en la comunidad internacional.

“mi casa a sido impactada cinco veces y nadie ha respondido por ello”, “la fuerza pública invade nuestros territorios con armamento pesado, los aviones ametrallan y bombardean alrededor de las viviendas. Nos invaden los salones comunales. La fuerza pública utilizan a nuestras mujeres como objetos sexuales y sus miembros traen al territorio el consumo de marihuana y bazuco”.

Al igual que la fuerza pública, “la guerrilla también nos invade. Ataca con armas no convencionales matándonos y destruyendo nuestros bienes. Crea estructuras políticas y militares que vulneran nuestra autoridad y la gobernabilidad del territorio. Asesina nuestros dirigentes. Señala a quienes nos mostramos en desacuerdo con sus políticas y sus prácticas como agentes del estado o como paramilitares, mientras el gobierno hace lo mismo”.

“Ambos actores reclutan a nuestros jóvenes y dejan minas antipersonales y munición sin explotar que pone en peligro nuestras vidas. Hemos llegado a tal extremo que nos exigen permisos para entrar a nuestros sitios sagrados”, son las denuncias reiterativas que escucharon y evidenciaron los miembros de la misión.

Por su parte, y por lo acontecido antes de la misión, el Tribunal Indígena del Norte del Cauca – Nasa Ûus Yutx Pehnxi, como máxima instancia jurisdiccional de los pueblos indígenas que habitan este territorio, en ejercicio de la facultad jurisdiccional que le confieren la ley de origen y la Constitución Política de Colombia, decide asumir como competencia de la justicia indígena los hechos acontecidos en Zumbico y Monterredondo, “ya que ocurrieron dentro de nuestro territorio ancestral y afectaron a miembros de nuestros pueblos, no permitiremos la presencia en nuestro territorio de las fuerzas de seguridad del estado: fuerzas militares, Policía, Fiscalía, DAS, SIJIN y demás, como tampoco permitiremos la presencia de los actores ilegales del conflicto armado en nuestros territorios, por lo que exigimos a las FARC el desmonte de las estructuras que operan en nuestros territorios ancestrales”.

Al asumir esta decisión, “como un primer paso para el desalojo del territorio, la Policía Nacional deberá devolver los salones comunales, despejar las vías y levantar las garitas que se encuentran en medio de las viviendas de los cascos urbanos de Toribío y Jambaló en un plazo de 71 horas. Deberán reubicarse en los espacios que han definido las autoridades de ambos territorios”.

No sin antes responsabilizar “como autor material de la muerte de WILDER FABIÁN HURTADO y de las heridas provocadas a BAUTISTA YULE y ROBINSON ULLUNÉ a las tropas del Batallón Pichincha asentadas en JAMBALÓ, AL MANDO DEL Teniente Espinel”., de igual manera responsabilizan “como autores intelectuales de los hechos acontecidos en las veredas Zumbico y Monterredondo a la comandancia de la Tercera División del Ejército y al Presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, autor de la política de Seguridad Democrática, a la comandancia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y a la comandancia de los grupos paramilitares que operan en el Norte del Cauca de los hechos denunciados por el Tejido de Armonía y Justicia de la ACIN”.

COMITE EJECUTIVO ONIC

Ver: fallo completo del tribunal en la pagina www.onic.org.co

DE IGUAL MANERA EN LA SEPARATA DE LA MISION, CON SOLO PULSAR EL AFICHE PROMOCIONAL OBTENDRA MAYOR INFORMACION Y A TRAVES DE LA EMISORA VIRTUAL DACHIBEDEA POR LA MISMA PAGINA....

Comunicado de la Misión Internacional de Verificación Sobre la Situación

Misión Internacional de Verificación

El 21 de Septiembre miembros de organizaciones internacionales de
derechos humanos y no gubernamentales acompañadas por varias agencias de
Naciones Unidas y embajadas europeas visitaron los municipios de Jambalo
y Toribío. En visita a estos municipios hemos constatado que la
presencia del ejército y la policía infringen las normas del Derecho
Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos (DDHH), al
instalar barricadas y carpas en los hogares de las personas de la
comunidad y al utilizar construcciones de la comunidad para permanecer
en ella, atrayendo ataques por parte de la guerrilla.

Además, hemos sido testigos de la organización y la participación social
de las comunidades frente a las violaciones de DIH y de DDHH. En
Jambaló hemos sido recibidos por 3,000 personas (niños, niñas, mujeres y
hombres) quienes se declararon en Asamblea Permanente a raíz de los
recientes hechos de violación de DIH y DDHH por parte del ejercito.

Los efectos dramáticos de las infracciones mas recientes al DIH y DDHH
por parte de la fuerza publica incluyen la muerte de Wilder Fabián
Hurtado, de diez años de edad, muerto por el efecto de una granada de
mortero del ejercito y de las heridas provocadas a Bautista Yule y
Robinson Ullune por las tropas del Batallón Pichincha asentadas en
Jambaló, al mando del Teniente Espinel, el pasado 16 de Septiembre 2006.

A pesar de estas violaciones mas recientes por parte de las fuerzas
publicas las trincheras y las bases de la policía siguen dentro de las
comunidades sin que ninguna medida de precaución o de provisión de
seguridad haya sido tomada para prevenir y disminuir el abuso de las
fuerzas publicas y las violaciones de DDHH y DIH por parte de la policía
y el ejercito en sus actividades cotidianas. Es mas, en la comunidad de
Jambaló el Tribunal Nasa Ûus Yutx Pehnxi, como máxima instancia
jurisdiccional de los pueblos indígenas que habitan este territorio, en
ejercicio de la facultad jurisdiccional que le confieren la ley de
origen y la Constitución Política de Colombia ha decidido tomar acciones
preventivas para disminuir las violaciones ya mencionadas. A través de
esta instancia los habitantes de Toribío y Jambaló han decidido que la
presencia de la policía y del ejército dentro de las comunidades no es
aceptable y han dado un plazo a la fuerza pública para salir de la
comunidad.

Las comunidades nos informan que entienden la necesidad de la presencia
del estado pero que no es necesario llegar al extremo de tener
trincheras y bases policíacas a la par de las escuelas, casas y en los
parques. A pesar de la mediación proveída por la defensoría del pueblo
nos preocupa la posible reacción de la fuerza pública presente en
Jambaló y Toribío dada la larga historia de infracciones y uso de
violencia en contra de movilizaciones pacificas. Insistimos en que las
fuerzas públicas NO utilicen violencia contra las comunidades.

Las comunidades, la mision de verificación, los organismos de monitoreo
gubernamentales de la región y el gobernador del Cauca Juan Jose Chaux
Mosquera (con quien nos reunimos el 22 de Septiembre) estamos de acuerdo
en que las trincheras tienen que ser reubicadas afuera de la comunidad
para prevenir mas violaciones de DDHH y de DIH. La misión de
verificación constata que la reubicación de las trincheras y carpas
seria una muestra de buena fe por parte del gobierno para facilitar la
creación de zonas de paz en territorios indígenas tal como lo recomendó
el Relator Especial Sobre Cuestiones Indigenas de las Naciones Unidas,
Rodolfo Stavenhagen en su informe de 2004.

En particular resaltamos nuestra preocupación sobre la posición del
gobierno nacional de no remover las trincheras y carpas de las
comunidades aunque lo dicta el DIH y el Gobernador Departamental Juan
José Chaux Mosquera considera que es pertinente quitar esas trincheras y
bases de la comunidad.

Por todo lo anterior solicitamos:

1. Que las fuerzas públicas NO utilicen violencia en contra de las
comunidades en su movilización pacifica para reubicar las trincheras y
carpas.

2. Que el gobierno nacional reubique las trincheras y carpas de la
fuerza publica afuera de la comunidad como lo requiere el Derecho
Internacional Humanitario.

3. Que la comunidad internacional apoye los requerimientos de las
comunidades y la recomendación de Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial
Sobre Cuestiones Indigenas de las Naciones Unidas.

En la visita a Cauca participaron: Colombia Solidarity Campaign
(Inglaterra), Diakonie Alemania, Interteam (Suiza), Programa Suizo para
la Promoción de la Paz en Colombia - SUIPPCOL (Suiza), FUCAI (Colombia),
Centro de Cooperación para el Indígena – CECOIN, Organización indígena
de Antioquia (OIA), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,
Corporación para la promoción social Alternativa (MINGA), Comisión de
derechos humanos del Senado de la Republica, American Friends Service
Comittee (Estados Unidos), y el acompañamiento de representantes de la
Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU con sede en
Cali , la oficina para la coordinación de asuntos humanitarios de las
Naciones Unidas (OCHA) y la Embajada de Alemana- Oficina de derechos
humanos.


En este mundo...
¡Otros mundos son posibles!
¡Other worlds are possible!
¡Les autres mondes sont possibles!
¡Andere Welten sind möglich!
¡Gli altri mondi sono possibili!
¡Andre verden er mulige!
¡Andere werelden zijn mogelijk!
¡Outros mundos são possível!

Aporte Jupalista

Compañeros jupalistas, escribo esto porque quizá lo escuche y me partió el corazón, y si a algún hombre no llora por este tipo de cosas es porque no tiene nada en las entrañas:

eran las 9 y 30 de la noche un domingo y yo iba para mi casa en un bus urbano, se subió un señor de mas o menos unos 70 años, pagó su pasaje y empezó a decir:
Mireme los dientes si ve, no puedo comer nada, ni siquiera saborear la comida, si yo estuviera en mi pueblo, porque yo tengo una finca, pero los paras me sacaron de ella y no solo los paras, el ejército también porque si no me iba me mataban.Yo vivo con un nieto de cinco años y me hace llorar, porque mataron a su papas, y como se le dice a un niño de esa edad que le mataron a sus papas si razón?, y la hermana de él, la violaron y le rompieron las piernas, y la otra hermana se fue de prostituta porque no había pa comer en mi casa, yo como su abuelo, no la culpo, es que es muy tenaz cuando no hay nada de comer, y fueron los paras, ni la guerrilla, fueron los del ejercito, eso es lo que pasa en un país que no quiere a su campesino. Yo que me mataba levantandome a sembrar.

bueno solo les pido algo de comer, no para mi, sino para mi nietecito juan, el pobre tiene hambre.

soy fridjof del norte y esto me dio muy duro, sé que esto es pan de cada día pero yo no puedo dejar de llorar porque como dice la canción... solo le pido a dios que la guerra no me sea indiferente, y hay gente que prefiere humillar a sus semejantes teniendo herramientas para cambiar las cosas pero por su ego prefieren seguir alimentando a este y no hacen nada.
Compañeros y amigos, quisiera que empecemos a hacernos notar porque esto no puede seguir así.
gracias
Fridjof del norte