COMUNICADO DE PRENSA

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
COMUNICADO DE PRENSA

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz pide al Gobierno Nacional acatar peticiones de congresistas de USA

36 Representantes a la Cámara de Estados Unidos solicitan al Presidente Uribe investigar robos de información a ONG´s de paz y derechos humanos.

Bogotá, julio 19 de 2007. –La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz pide al gobierno del Presidente Alvaro Uribe acatar la solicitud hecha el pasado 17 de julio por 36 congresistas estadounidenses para que las autoridades competentes investiguen los robos de información de que hemos sido víctimas varias organizaciones de paz y derechos humanos en los últimos meses.

En la misiva enviada al gobierno colombiano, los Representantes a la Cámara de Estados Unidos advierten motivaciones políticas detrás de estos robos de información, a tiempo que expresan su profunda preocupación por la seguridad de todos los activistas de paz, defensores de derechos humanos y testigos que aparecen en la información robada.

Como organizaciones de paz y derechos humanos solicitamos el pasado 10 de julio a la Oficina del Vicepresidente, que estos robos de información fuesen investigados con el rigor del caso, ya que hasta el momento han sido tratados por las autoridades judiciales como hurtos comunes, compromiso que asumieron los delegados asignados por el vicepresidente Santos a esta reunión.

Para la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, estos robos de información obedecen a un patrón sistemático de seguimiento y hostigamiento que buscan mantener en zozobra a estas organizaciones.

Valoramos y agradecemos la preocupación de este grupo de congresistas estadounidenses por las graves implicaciones de los robos de información a la Corporación Yirá Castro (21 de junio de 2007), Justapaz (14 de junio de 2007), Movimiento de Reconciliación (2 de junio de 2007) y Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (22 de enero de 2007) y en general su solidaridad con las demás organizaciones y personas víctimas de hechos similares.

CARTA DE LOS REPRESENTANTES A LA CÁMARA DE ESTADOS UNIDOS AL PRESIDENTE URIBE SOBRE EL ROBO DE INFORMACIÓN A ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ

La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (The Permanent Assembly of Civil Society for Peace) asks the Colombian Government to comply with the requests of members of US Congress

36 Members of Congress ask President Uribe to investigate the information theft targetting peace and human rights organizations

Bogotá, July 19th, 2007- La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (The Permanent Assembly of Civil Society for Peace) asks President Álvaro Uribe to comply with the request made on July 17th by 36 members of US Congress for Colombian authorities to investigate the information thefts targeted at various peace and human rights organizations in the last several months.

In the message sent to the Colombian government, members of the United States House of Representatives warn of political motivations behind these information thefts, and also express their deep concern for the security of all peace activists, human rights defenders, church communities and witnesses identified in the stolen information.

As peace and human rights organizations, on July 10th we requested of the Vice-President’s office that these thefts be thoroughly investigated, bearing in mind that up to now the judicial authorities have treated them as ordinary robberies. The person delegated by Vice-President Santos to this meeting committed to following through with this request.

For La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (the Permanent Assembly of Civil Society for Peace), these thefts of information are part of a systematic pattern of monitoring and harassment designed to disrupt the work of these organizations.

We value and appreciate the concern that these members of the US Congress have expressed regarding the serious implications of the information theft for Corporación Yira Castro (June 21, 2007), Justapaz (June 14, 2007), Fellowship of Reconciliation (June 2, 2007), the Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (January 22nd, 2007), and more broadly, their solidarity with the rest of the organizations and individuals that have been victims of this type of action.

ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ
(The Permanent Assembly of Civil Society for Peace)
MORE INFORMATION
Executive secretariat–National spokespersons
Jaime Zulúaga Nieto – 3102543622
Alexandra Bermúdez Osorio – 3114416386
Luís Eduardo Salcedo – 3155414371
Comunications office – 2325222
E-mail: comunicaciones@asambleaporlapaz.com

Conversatorio "Identidades e Izquierdas: Trayectorias y Perspectivas"

Invitación: Conversatorio "Identidades e Izquierdas: Trayectorias y Perspectivas"

Fecha: Jueves 26 de julio de 2007

Hora: 5 p.m.

Lugar: Dirección: Calle 33 No. 16-18 Barrio Teusaquillo

Teléfono: (57-1) 2879883 ó 2455585

Teléfono móvil: 3142195659

Correo Electrónico: ciase@ciase.org

Página Web: www.ciase.org

Bogotá - Colombia

El estudio de los movimientos sociales ha sido uno de los temas que más ha interesado a investigadores/as de todas las disciplinas sociales. Revueltas, revoluciones, transformaciones políticas, económicas y sociales han sido el resultado de la acción coordinada de determinados actores sociales, que han reivindicado la justicia, la inclusión, el reconocimiento, la visibilidad y el protagonismo social que merecen. Así, profundizar en la configuración de sus identidades, sus discursos, sus prácticas y sus posibilidades de transformación de la realidad colombiana aparecen como una necesidad.

Expositores:

* Patricia Jaramillo. Socióloga, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y de la Escuela de Estudios de Género de la misma universidad.

* Mauricio Archila Neira: Historiador, profesor del departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del CINEP.

CON EL TLC, PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS AUMENTARÁN EN MIL MILLONES DE DÓLARES AL AÑO, DENUNCIAN EXPERTOS

La audiencia pública “TLC y salud: la verdad”, un éxito total, dice Robledo
Los doce expertos que intervinieron hoy en la audiencia pública “TLC y salud: la verdad” coincidieron en afirmar que, si el Tratado con Estados Unidos queda en firme, los precios de los medicamentos sufrirán en Colombia drásticas alzas, que según estimaron llegarán a mil millones de dólares al año.
La audiencia, en la que hicieron de moderadores los congresistas convocantes, Jorge Enrique Robledo y Camilo Sánchez Ortega, fue instalada por monseñor Fabián Marulanda, secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana, quien alertó sobre los peligros del Tratado para la salud de los colombianos. Entre las bien documentadas ponencias, merecen destacarse la del doctor Germán Holguín Zamorano, director de Misión Salud, quien mostró con cifras las altísimas ganancias de las trasnacionales del sector, en contraste con la situación que viven miles de millones de habitantes del planeta, sin el menor derecho a la salud. Holguín Zamorano previno sobre el aumento de enfermedades catastróficas y denunció que el número de muertes por sida va a multiplicarse.
Otros dos expositores, Miguel Ángel Cortés y Francisco Rossi, presentaron el TLC como un acto de adhesión de los negociadores colombianos a las imposiciones de Estados Unidos. Cortés y Rossi integraban el equipo negociador del gobierno nacional, pero se vieron obligados a renunciar a él en protesta por la entrega de vitales reivindicaciones.
El expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, afirmó que el Congreso sí está facultado para examinar la inconstitucionalidad de capítulos y cláusulas del Tratado recién suscrito por el gobierno colombiano. Montealegre añadió que el Legislativo puede aprobar reservas a los textos del Tratado que violen los derechos sociales de la población o que impliquen un claro retroceso en campos como el de la salud.
Intervinieron además los senadores Iván Moreno Rojas, del Polo Democrático Alternativo; Alexandra Moreno Piraquive, presidenta de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara –donde entró ya el TLC a primer debate– y a quien la aplanadora uribista ha pretendido destituir en forma irreglamentaria; y Cecilia López Montaño y Carlos Julio González, del Partido Liberal. Todos ellos anunciaron su oposición al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Para cerrar, Jorge Enrique Robledo destacó el total éxito del foro, que dio al traste con las presiones ejercidas desde el alto gobierno para impedir que expresaran sus críticas los dirigentes de los gremios y asociaciones de la salud. El vocero del Polo Democrático Alternativo, PDA, dio a conocer que en los próximos días, y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, instaurará un denuncio contra el presidente Uribe Vélez por el delito de traición a la patria.
Oficina de Prensa del Senador Jorge Enrique Robledo.
Bogotá, 15 de febrero de 2007.

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA EL SEGURO SOCIAL

Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, enero 30 de 2007

Verdad – Justicia – Reparación son principios que la Organización de Naciones Unidas considera necesarios para la solución de los conflictos y son el cimiento de la justicia de transición por la cual, en aras de la paz, se dan beneficios en la pena a quienes cometieron delitos en el curso de las hostilidades. La Verdad es elemento fundamental puesto que, mediante la confesión en la participación en todos los delitos cometidos por quien delinquió, se otorgan los favores jurídicos. La Reparación honra a las víctimas sus derechos vulnerados en dignidad, en salud y vida y en bienes y compensa los daños sufridos, cobra más relevancia cuando son grupos en mayor grado de indefensión como mujeres, niños y niñas o minorías étnicas. Estos criterios operan en las masacres contra la población, como las de El Aro, Mapiripán, o Bojayá.
En el proceso de liquidación del área de salud del ISS (Instituto del Seguro Social), decretada por el gobierno de Uribe, no es ocurrencia aplicar también Verdad, Justicia y Reparación, tanto porque las consecuencias alcanzan las magnitudes de un genocidio como porque la Verdad de lo acontecido para llegar a tal estado de postración ha sido desfigurada por las voces oficiales y sus cajas de resonancia para justificar el atropello que privatiza plenamente la seguridad social en el país.
Desde que Álvaro Uribe, como senador liberal samperista, fue destacado ponente de la Ley 100, una vergüenza de la cual se ufana, los distintos gobiernos de 1993 hasta la fecha urdieron una conspiración continua para marchitar al Seguro y consolidar el negocio de la seguridad social, en lo cual se convirtió, a favor de los consorcios privados que conformaron las otras Empresas Prestadoras de Servicios y que ahora son casi un oligopolio. Comenzó por no dejar explícita en dicha Ley la obligación que el Estado tenía con el ISS desde entonces y que tiene valor presente de más de 63 billones de pesos, según cálculos del ex senador Angarita Baracaldo. Por razones de rentabilidad, esas Empresas han obstruido la inclusión a su nómina de afiliados de los enfermos con patologías “catastróficas” y que -por ende- deben ser atendidos por el ISS; son más de 45.000 personas, el 80% del total, cuya atención cuesta $350.000 millones mensuales; el FOSYGA, el fondo encargado del respectivo reconocimiento, no ha cubierto el monto completo y causó un déficit de $300.000 millones en 2006; es la típica división del negocio entre el lomo y el hueso. También al Seguro, por disposición oficial, se le impidió durante años ingresar nuevos afiliado, por eso la composición del grupo atendido, por edades, es adversa a una sana estructura de gastos y contraria a la distribución demográfica del país; así: el 23,67% de los 3 millones de afiliados es mayor de 60 años y el 21,33% está entre los 45 y los 59; en Colombia estos grupos en conjunto no superan el 20% de la población. De lo anterior resultó que sólo la mitad del total atendido esté cotizando y la otra tiene calidad de beneficiario, quienes contribuyen en su mayoría apenas ganan el salario mínimo.
Graves problemas en las bases de información han dificultado aún más la operación del ISS y en especial la identificación de sus nóminas en deterioro de la prestación de un buen servicio y también del acceso al reconocimiento estatal por unidad de capitación. El desorden y la corrupción que se endilga al Seguro es fruto de la politiquería que los grupos dominantes han ejercido allí. Un presidente cada dos años, con clientela incluida, se enseñoreó a nombre de distintas banderías, pero en los últimos nueve especialmente con la enseña del Partido Conservador, que se arrojó a saco sobre las siete Empresas Sociales que se crearon en 2003, escindidas del ISS, para atender como IPS a los afiliados. El experimento que Uribe y el ministro Palacio vendieron como bálsamo fue un ardid para adelantar en el premeditado camino hacia el cadalso. En cuanto a las cargas laborales, vale recordar que en 2001 el Sindicato firmó con el gobierno de Pastrana un pacto que fue tenido como “ejemplar y comprensivo” por las autoridades de entonces; ni eso salvó al ISS.
Hasta aquí la Verdad, faltan Justicia y Reparación; ambas habrán de conseguirla los usuarios, la comunidad médica y científica y la sociedad colombiana con la movilización y las justas demandas, máxime cuando todas las soluciones planteadas no tienen base real para suplir debidamente al Seguro y todas están atravesadas por el ánimo de lucro de quien herede ese filón que se erigirá sobre la muerte por abandono social de miles de compatriotas. La ventaja es que el primer culpable es el actual presidente de Colombia y habrá de responder.

¿NO EXISTEN LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS?

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 28 de noviembre de 2006

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Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 28 de noviembre de 2006
A más de veinte años del inicio del paramilitarismo en Colombia, por fin parece abrirse paso la idea de que la llamada “justicia por la propia mano” es moral y legalmente inaceptable y que crea problemas de proporciones mayúsculas, por lo que quienes han estado comprometidos con esas actividades criminales deben responder ante la justicia y la sociedad. Y más si convirtieron sus acciones en un pretexto para su enriquecimiento personal, porque se vincularon al narcotráfico, defraudaron el erario o desposeyeron a las gentes de sus bienes, empleando la violencia y el terror.
La búsqueda de la verdad de lo ocurrido debe empezar por señalar que además de quienes actuaron con las armas en la mano, también hicieron parte de esas organizaciones por fuera de la ley personas de diferentes sectores, incluidos dirigentes políticos, según han explicado los medios de comunicación. Y también exige precisar que por numerosos que sean los congresistas responsables de delitos, ello no permite aseverar que es El Congreso el que faltó a la ley, como con ingenuidad o astucia se oye decir. Que el peso de la justicia caiga sobre quienes la violaron, pero que también, como contraste, se respete la integridad de quienes carecen de responsabilidad al respecto.
Se afirma que las personas que se asociaron con los paramilitares fueron víctimas de estos. No obstante, lo cierto es que también hubo muchos colombianos que perdieron sus vidas o sus bienes o sufrieron el destierro o el ostracismo antes que renunciar a sus convicciones de ética y dignidad, a cambio de disfrutar de las ventajas que otorgan el dinero, la violencia y el poder. La verdad de lo ocurrido también exige rendirles homenaje a esos compatriotas que con su sacrificio resaltaron los principios del único rumbo que puede sacar adelante a la sociedad colombiana.
Se ha convertido en un lugar común decir que cada acusado es inocente mientras los jueces y tribunales competentes no demuestren lo contrario, afirmación cierta que coincide con una concepción democrática de la administración de justicia. Pero hay que rechazar que esta verdad se utilice como pretexto para establecer que en un escándalo de este calibre no existen responsabilidades políticas por las que deben responder destacados miembros de las diversas ramas del Estado y de las organizaciones políticas. Porque los hechos muestran que cerca de medio centenar (!!!) de importantes dirigentes políticos que han sido pilares del gobierno de Álvaro Uribe Vélez están encarcelados o prófugos y han sido sindicados o señalados por la comisión de diferentes delitos. A esto se suma que el ex director del DAS, nada menos que el jefe de la policía secreta del Presidente de la República, ha sido objeto de graves acusaciones por parte de la Fiscalía y la Procuraduría sobre su connivencia con jefes del paramilitarismo.

Ante estas realidades, el Presidente de la República, por acción o por omisión, ha asumido posiciones que hay que condenar. La primera, limitarse a la displicencia de decir que actúe la justicia y que los responsables confiesen, cuando para otros casos se ha mostrado tan acucioso y cuando lo obvio es que pusiera todos los recursos de su gobierno al servicio de respaldar a las autoridades para que puedan establecer la verdad. La segunda, una cortina de humo de una evidencia tal que por sí sola lo acusa de fraguarla: que la prioridad es determinar otras responsabilidades sobre otros hechos diferentes a los que ahora sacuden a la opinión pública nacional e internacional. Y no le ha dado ninguna explicación política a la nación acerca de por qué tantos de sus coroneles políticos aparecen vinculados a estos delitos, empezando por el mencionado ex director del DAS, a quien Uribe defendió con tanta agresividad cuando algunos periodistas se atrevieron a decir que debía renunciar al consulado en Milán.
Es un auténtico despropósito el intento de convertir a Colombia en el único país del mundo donde no existen responsabilidades políticas de los dirigentes, los partidos y los gobiernos, práctica que en parte explica la descomposición nacional, porque, en últimas, es una pieza medular del “tapen, tapen”. Y a propósito, ¿cómo gana Colombia atornillando en su puesto a María Consuelo Araújo? El establecimiento de la verdad sobre tantos y tan condenables sucesos tiene como principal propósito lograr que estos no vuelvan a repetirse y darle cimientos a lograr que en Colombia las contradicciones económicas, políticas y sociales dejen de resolverse mediante métodos distintos a los propios de las concepciones democráticas y civilizadas.


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http://www.moircolombia.org
http://www.moir.org.co/robledo.php
http://www.deslinde.org.co.

Palomas Desaparecidas

Deberíamos abrir lentamente nuestros ojos en espera de la cegadora luz de la tristeza, a sabiendas que el mantenerlos en la noche no cambiará más que el intrascendente matiz de la ceguera.

Cuanto dolor y cuanta rabia el sabernos tan cretinos, tan impávidos, pero es también parte de un estupor del que no logramos recuperarnos, golpe tras golpe, cada ves más violento.

En un remolino de plumas se baten las palomas, eternas visitantes de plazas y tejados, frágiles testigos de abrazos y de besos, de personas que en principio, enan@s y saltarines, corretean por las calles, siempre hambrient@s de un recóndito lugar que iluminar con su alegría. Luego, testig@s (las palomas y su versión en masculino) de los primeros y segundos besos menos inocentes, del roce de los cuerpos, las erecciones adolescentes, el olor de una piel fresca que se acerca peligrosamente ajena. Con el paso de los maíces que les arrojan para mantenerlas como el ornato de la plaza, presencian un amor diferente, más tranquilo, que se basta con las manos tomadas y una conversación pausada y fresca, sobre asuntos poco graves, un amor que se parece al tedio. Con el sol en el poniente suelen vigilar a l@s últim@s; quienes adivinaron que en pareja, trío o soledades la parca amable nunca los dejara en el salón de espera; siempre vendrá con una caricia a solucionar la vida.

Esas expectantes, han sido también, desde el principio de los tiempos, fieles seguidoras de las barbaries más infames de nuestra pobre historia humana.

En una plaza ya lejana por el tiempo y la distancia, una cacica venga la muerte de su hijo, quemado ante sus ojos, y con el furor de l@s indígenas de antaño, comienza un episodio de la resistencia indígena que persiste en los espíritus de los hermanos mayores. Tiempo después y omitidos asuntos semejantes, Caldas es ejecutado en otra plaza con la presencia inmutable de las plumíferas, después de haber trazado el resumen de lo que la vida es para tod@s "Oh, larga y negra partida", sin mayor diferencia temporal y muy cerca de Caldas es asesinada, junto a su novio Alejo Savarain, Policarpo Salavarrieta, que legitimo su muerte gritando: " ¡Pueblo indolente! ¡Cuan diversa sería hoy vuestra suerte, si conocieseis el precio de la libertad! Ved que aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más". Pero no fue ella quien tuvo que sufrirlas, fuimos tod@s, porque luego de 1819 no cesaron los absurdos, cruentas guerras que necesitan cientos de paginas para narrarlas, pero Homero hace tiempo que reside en el Olimpo y no soy tan diestro para convertir la barbarie en poema. En el 48, en la misma plaza de la que hablamos al principio, cayó un sin fin de hombres y mujeres, bajo el yugo del desenfreno, cayeron después de ell@s y siguen cayendo hoy.

En una plaza cayó también Gaitán, y lágrimas cayeron en las plazas cuando hicieron caer a Pizarro, Pardo y a toda la UP… pero hubo un momento de nuestra historia en la que ni las palomas quisieron ser cómplices por testigos, que huyeron a menos viles lugares, a sitios menos escabrosos donde el demonio se erguiría orgulloso de tan buenos aprendices que ha tenido, pero el pobre no existe y no queda más que asumir la carga a quienes de ella hicieron su estandarte. Decía pues que huyeron las palomas lejos de las muertes que esgrimían a diestra e siniestra, esto es a derecha y a izquierda del panorama político, la hoz más afilada, la rabia más soez; y en su camino se llevaba a l@s otr@s, que sólo por azares estaban allí. Huyeron las palomas ese día y cuentan que pasó mucho tiempo después de que el incendio ceso, para que las palomas volvieran a ver los destrozos, l@s niñ@s ya no tan felices, l@s novi@s ya no tan apasionad@s, l@s espos@s ya no juntos, y l@s viej@s sin querer entender que la muerte estaba ahíta de sangre joven para llevarl@s a descansar, como justo era y merecido estaba, porque todos y todas desde entonces quedamos boquiabiertos frente a la barbarie.

Después del primer cañonazo contra el Palacio de Justicia y quienes allí estaban las palomas se fueron tan lejos que algunas siguen buscando el camino de regreso… están desaparecidas.

DOTAR A ECOPETROL DE AUTONOMÍA PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, PERO MANTENIÉNDOLA COMO ESTATAL, PROPONE ROBLEDO, QUIEN TAMBIÉN RECUSÓ AL SENADOR ARAÚJO

Los senadores Jorge Enrique Robledo, Hugo Serrano Gómez, Mauricio Jaramillo y Ramiro Estacio y la representante Osinia Polanco pidieron hoy hundir el Proyecto 113, que privatiza a Ecopetrol, por considerar que no es una decisión soberana del gobierno colombiano sino una imposición dictada por el FMI y porque sacrifica el interés de la nación. Robledo planteó que la salida está en dotar a la empresa de autonomía presupuestal y financiera, pero manteniéndole el carácter público, a fin de que pueda emprender las cuantiosas inversiones que requiere para garantizar la autosuficiencia petrolera.
La empresa se venderá a menos precio, tal como ha ocurrido con todas las privatizaciones en Colombia y en América Latina. Robledo mostró, entre otros, los casos de Termocartagena, recibida por Minhacienda en US$154 millones y vendida por US$15 millones; Termotasajero, tasada por la nación en US$130 millones y sacada al mercado en US$30 millones; EEB, vendida la mitad por US$2.100 millones, pero ya ha sido descapitalizada por el consorcio en US$850 millones, sin pagar un peso de impuestos; y Carbocol, vendida en US$453,7 millones, cuando Ecopetrol la había capitalizado en US$1.200.
Denunció además la entrega a las trasnacionales del gas de La Guajira, Caño Limón y la Refinería de Cartagena, e hizo especial referencia a la privatización de ISA, subastada a menos precio cuando estaba de gerente Javier Gutiérrez –a quien el gobierno va a nombrar a partir de enero presidente de Ecopetrol–, un negociado al que hizo referencia en estos términos el mismo Álvaro Uribe cuando era un ciudadano de a pie: “Lo preocupante de ISA es el precio. Un patrimonio estimado en unos 737 millones de dólares quedará probablemente enajenado en 347 millones de dólares o algo más. El tema debe pensarse de nuevo porque vender baratas empresas del Estado buenas, sin problemas mayores, no recupera el costo, no resuelve el problema fiscal, tampoco el de deuda externa”. En todas las privatizaciones pierde Colombia, dijo Robledo, pero “hay siempre alguien que sale enchapado en oro. Es la lógica de la plutocracia: desnacionalizar al país en beneficio de cuatro o cinco gatos gordos y lustrosos”.
Robledo exige que renuncie Araújo
En el preámbulo al debate, que tuvo lugar hoy en las Comisiones Quintas conjuntas de Senado y Cámara, Jorge Enrique Robledo y el resto de la oposición exigieron que Álvaro Araújo renunciara a la Presidencia de la Comisión por estar impedido moralmente tras las acusaciones hechas en su contra y suficientemente conocidas de todos.
Robledo volvió a recusar al ministro de Minas, Hernán Martínez: “27 años siendo alto directivo de la Exxon, ¿de qué lado se puso usted cuando entraron en contradicción el interés nacional y el interés extranjero?”
Oficina de Prensa del Senador Jorge Enrique Robledo.
Bogotá, 21 de noviembre de 2006

ENTREVISTA CON CARLOS GAVIRIA DÍAZ: “EL PAÍS ESTÁ PREPARADO Y ANSIOSO DE CONOCER LA VERDAD”

Hugo García Segura, El Espectador, Bogotá, noviembre 18 de 2006

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El pasado 12 de marzo, cuando los resultados electorales lo pusieron en el segundo lugar de preferencia en las elecciones presidenciales, Carlos Gaviria Díaz entendió que su cita con la historia iba mucho más allá de esos dos millones seiscientos mil votos obtenidos ese día en las urnas. Tenía que liderar la consolidación de la unidad del Polo Democrático Alternativo y sembrar las raíces que, según dice, deben germinar con el triunfo de la izquierda en 2010, un proceso que tendrá su primera prueba de fuego el próximo 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre, cuando el Partido realice su Congreso Nacional.

P. ¿Qué espera como resultado del Congreso?

R. Que sea como una constituyente del Polo. Nosotros nacimos apenas el 8 de diciembre de 2005 y sin embargo hemos tenido resultados magníficos que se derivan de un esfuerzo unitario. Se trata de afianzar más la unidad en torno a nuestro programa y a las nuevas propuestas.

P. Siempre se habló de rupturas dentro del Partido, ¿eso ya fue superado?

R. La unidad se ha consolidado. Desde afuera se trata de magnificar las discrepancias que existen, que son propias de cualquier organización política, más aún cuando se trata de una organización pluralista. Nosotros no les tememos a las diferencias, pero mientras haya reglas claras y esas diferencias se tramiten de una manera civilizada, el debate interno enriquece la propuesta.

P. ¿El objetivo es la Presidencia en 2010?

R. Por supuesto, creemos que ya somos una organización política sólida, obtuvimos casi el 23% de los votos en las pasadas elecciones presidenciales y estamos creciendo, mientras el apoyo a la propuesta del presidente Uribe va disminuyendo. Nos estamos preparando para gobernar y vamos a ser la primera fuerza política del país.

P. ¿Y usted sería otra vez candidato?

R. No tengo ninguna aspiración personal. Mi deber es contribuir a la consolidación de la unidad.

P. ¿Y si no es usted, entonces quién?

R. Puede ser cualquiera de los que están en el Congreso o incluso dirigentes que no están en las corporaciones públicas. No doy nombres propios para no dar el mensaje de que estoy adhiriendo a alguien.

P. ¿Está Colombia preparada para un gobierno de izquierda, cuando generalmente se tiende a relacionar izquierda con guerrilla?

R. Uno de los esfuerzos grandes que la izquierda democrática tiene que hacer en Colombia es luchar contra ese prejuicio. Nosotros venimos diciendo y mostrando que nada tenemos que ver con la lucha armada y que nuestras propuestas las estamos consolidando por la vía democrática.

P. ¿No cree que el informe de la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia podría abrir heridas y afectar al Polo, teniendo en cuenta que algunos miembros militaron en el M-19?

R. No conozco el informe, pero al igual de lo que pienso en el tema de los paramilitares, la verdad debe conocerse en su integridad para que las heridas cicatricen y Colombia asimile acontecimientos traumáticos del pasado. La verdad debe conocerse en todos sus aspectos cualesquiera que sean las personas o las organizaciones políticas que hayan tomado parte en episodios negativos del país.

P. ¿Cree que el Polo retendrá la Alcaldía de Bogotá en 2007?

R. No soy capaz de hacer predicciones. Tenemos buenos candidatos para Bogotá, para las otras grandes ciudades y para la mayoría de municipios del país. Si bien la idea es buscar también el poder local, nuestra meta es la Presidencia.

P. ¿Por cierto, cómo están las relaciones con el alcalde Garzón?

R. Las relaciones mías con Lucho son excelentes. Sin embargo, debo reconocer que ha habido una especie de distancia de él con el Polo, lo cual no es deseable. Cuando un funcionario es elegido por un partido, las relaciones tienen que ser fluidas.

P. ¿Usted lo ve como candidato del Polo en 2010?

R. Sin duda es una de las figuras que deben jugar en la elección de un candidato único.

P. ¿Qué diagnóstico hace de los 100 primeros días del segundo mandato de Uribe?

R. Los resultados son decepcionantes y eso se ve en que a pesar de que la opinión pública ha sido muy manipulada, el apoyo al Presidente ha disminuido significativamente. No hay un solo sector que toque con el ejercicio del Gobierno donde se puedan mostrar resultados exitosos. El Gobierno se ha beneficiado de un estado próspero de la economía mundial, pero es preocupante que mientras la economía crece internamente, también crecen el desempleo y la pobreza, y se abre más la brecha entre ricos y pobres.

P. ¿Opinión pública manipulada?

R. Es una estrategia clara del Gobierno, que por cierto no era difícil de montar teniendo en cuenta que la mayoría de los colombianos estamos cansados y atemorizados por tanta violencia. Como una buena parte de esa situación se le atribuye a la guerrilla y el presidente Uribe prometió vencerla por la vía militar, una vez fracasado el esquema del Caguán, la gente puso todas sus esperanzas en sus promesas. Hoy creo que el mismo Presidente se ha dado cuenta de que por la vía militar no va a vencer a la guerrilla y en cambio se ha desentendido de las causas que generan el conflicto, que son la distribución inequitativa de la riqueza, el hambre, el desempleo, la pobreza.

P. ¿Cómo cambia el escenario político con la orden de captura a congresistas por nexos con los paramilitares?

R. La situación es dramática pero no es nueva. En el ambiente se sabía que las instituciones estaban infiltradas por el paramilitarismo. El mismo Salvatore Mancuso había dicho que tenían controlada la tercera parte del Congreso y los hechos que están ocurriendo materializan esa sospecha con nombres y responsabilidades. Es algo preocupante, vergonzoso y decepcionante.

P. ¿Falta más gente?

R. Desde luego, los primeros nombres que salieron del computador de Jorge 40 no van a ser los únicos.

P. ¿Y está Colombia preparada para conocer toda esa verdad?

R. El país no sólo está preparado sino que está ansioso de conocer esa verdad. Es más, sólo conociéndola podremos comenzar la reconstrucción de una Colombia en paz.

P. ¿Le ha faltado fuerza al Gobierno en el rechazo a esos hechos, teniendo en cuenta que se trata congresistas uribistas?

R. Para el presidente Uribe la situación es muy incómoda. Para nadie es un secreto que los miembros de las autodefensas lo han apoyado, que han sido aliados del establecimiento y del Gobierno.

P. ¿Deben responder en esta crisis ex funcionarios, como por ejemplo el ex fiscal Osorio?

R. Las investigaciones irán mostrando responsables y lo que debemos esperar es que las autoridades competentes desplieguen esa competencia con todo valor y responsabilidad. Sucre es apenas la punta del iceberg y un indicio de que hay cosas mucho más serias.

P. Usted estuvo en las discusiones de la Ley de Justicia y Paz, ¿cómo ve ahora su aplicación?

R. Ha sido un fracaso. La Ley no fue diseñada para que se supiera toda la verdad, ni para que hubiera justicia y reparación. Eso quedó claro en los debates en el Congreso, pero además, en su aplicación se han evidenciado grandes deficiencias. El Gobierno también ha incumplido sus compromisos y por eso muchos han justificado el retorno a las armas.

P. ¿Todo esto puede llevar a una crisis institucional en el país?

R. Cuando las instituciones están tan deslegitimadas, podemos hablar de crisis institucional. Nosotros decimos que en Colombia la democracia está por construir y eso, justamente, significa que las instituciones en este momento lo son sólo en apariencia.

P. ¿Y eso podría desembocar también en el cierre del Congreso?

R. No lo creo. Sería muy grave e inconveniente. El Congreso sigue cumpliendo una labor importante y el hecho de que algunos de sus miembros estén comprometidos con el paramilitarismo y la corrupción, no hace deseable esa salida.

P. Sin embargo, el Presidente habló hace poco de una Constituyente, ¿no es una señal en ese camino?

R. Cuando se habla de una nueva Constituyente se puede estar pensando en cosas distintas, aunque sin duda el Presidente podría aprovechar esta coyuntura para cerrar el Congreso. Ahora, lo que sí creo es que si la paz y la terminación del conflicto pasan por la convocación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, bienvenida sea. En ese caso, uno esperaría que saliera una Constitución no como la actual, recortada, sino como la actual, mejorada.

P. Pasando al acuerdo humanitario, ¿se perdieron las esperanzas?

R. No creo e insisto en que es una obligación del Gobierno. Hay que distinguir claramente las aproximaciones para un acuerdo humanitario de las de un proceso de paz.

P. Ha vuelto a la palestra pública el tema del aborto, cuyo fallo de legalizarlo en casos especiales podría echarse atrás por un recurso de nulidad...

R. Espero que la Corte no incurra en ese error. La sentencia fue meditada, discutida y la decisión impecable. Uno entiende esos esfuerzos desmesurados que se hacen para restarle efectos a una decisión de esa naturaleza. Eso ocurrió con la eutanasia, de la que fui ponente. Hicieron hasta lo imposible para anular la sentencia pero finalmente se convalidó. Espero que ahora esas maniobras que buscan desconocer el fallo del aborto fracasen y se convalide una decisión que es conforme a derecho y conveniente al país.

P. ¿En qué consiste esa alianza con el liberalismo para atajar el proyecto de reforma a las transferencias?

R. Esa reforma va a afectar a las entidades territoriales en su autonomía y contradice la Constitución del 91, hecha en contravía de ese centralismo absorbente que quiere el Gobierno. Con el liberalismo hemos coincidido en que ese es un buen tema de referendo y que los ciudadanos deben decidir si consideran que las decisiones acerca de lo que debe ocurrir en las regiones debe depender del gobierno central o de las autoridades regionales.

P. Usted escribió el prólogo del libro de Héctor Abad sobre su padre, ‘El olvido que seremos’. ¿Qué piensa hoy de esa época oscura de los años 80 en Antioquia?

R. Que infortunadamente no ha sido superada y se sigue amenazando y asesinando a los defensores de los derechos humanos. El libro de Héctor Abad es el testimonio de una época que uno quisiera se desterrara definitivamente. Su padre, Héctor Abad Gómez, era un ciudadano ejemplar y lo asesinaron por eso. Una sociedad que permite que a sus ciudadanos ejemplares se les asesine, está muy mal organizada.

Belisario Betancur es una vergüenza para Colombia

“Colombia no será la misma después de Belisario Betancur”

Alfonso López Michelsen

Hoy, -veintiún años después del Holocausto del Palacio de Justicia-, y luego de conocer las conclusiones preliminares a que ha llegado la llamada Comisión de la Verdad de la Suprema Corte de Justicia, Belisario Betancur, luego de presidir un Congreso Internacional sobre Derechos Humanos (sic) en Valladolid, ha expedido una declaración insolente y chapucera donde sostiene que él ya fue absuelto en dos ocasiones.

Como se sabe, el 6 de Noviembre de 1985 treinta y cinco integrantes de la guerrilla M-19, luego de asesinar los celadores del edificio de la Corte, secuestraron a más de medio millar de ciudadanos, entre ellos un buen numero de altos magistrados, magistrados auxiliares y auxiliares judiciales. Todos los magistrados fueron asesinados junto a otros cien inocentes, de los cuales 11 están aun desaparecidos. “Lo cierto –dice el informe- es que la gran mayoría de los cuerpos se encontraron desmembrados, mutilados, calcinados y por lo menos tres de los Magistrados: los doctores Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Greco Correa mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no usó la guerrilla”

El informe sostiene que Belisario Betancur, jefe de las fuerzas armadas y presidente de Colombia, se negó a hablar con el Presidente de la Corte aduciendo que era un rehén, desoyendo las suplicas de los propios magistrados y de numerosos personajes de la política y el pueblo mismo, que pedían les salvara la vida. “Se dio –sostiene el informe- un vacío de poder porque el Presidente, simplemente, fue un espectador del desarrollo de los acontecimientos”.

Es hora pues de que digamos basta a las presunciones de inocencia de Belisario Betancur.

Porque Belisario Betancur, quien pretende ser un hombre de cultura, no es otra cosa que un digno representante de la más vergonzosa de las especies de colombiano alguno. Un politiquero con un apetito insaciable por el poder y la riqueza.

Nacido en el seno de una familia de gentes humildes pero cerrilmente de derechas, en una afligida vereda de la no menos triste Amagá, gracias a una beca pudo estudiar el bachillerato en el Seminario de Yarumal y hacerse Doctor en Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Tan útil sería a su partido, el conservador, que a los 22 años ya era Diputado a la Asamblea de Antioquia, a los 27 representante a la Cámara y a los 30 miembro de la Asamblea Constituyente que proclamó como presidente constitucional a Laureano Gómez, estrenándose, a los 40, con la llamada Masacre de Santa Bárbara, como ministro de trabajo del gobierno de Guillermo León Valencia, uno de los más horrendos y sangrientos que conozca la historia de Colombia.

Luego iniciaría su conquista de la riqueza en este mundo al crear ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras y ocupar la embajada de Colombia en España y la representación diplomática en los países árabes.

A pesar de que sólo llegó a la presidencia de la republica en 1982, luego de varios intentos frustrados, obrados por la desconfianza que despertaba entre gamonales de su partido, Betancur ha vendido, por más de sesenta años, la imagen de mecenas de artistas y poetas.

Periodista y director de diarios reaccionarios como La Defensa y El siglo, ¿poeta? y narrador, desde su temprana juventud supo sacar partido a esas artes creando empresas lucrativas como la Editorial Tercer Mundo y otras afines, alcanzado lugares de privilegio en las juntas de dirección de empresas culturales como la Academia Colombiana de la Lengua, la Academia Colombiana de Historia, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Comisión del V Centenario del Descubrimiento de América, la Fundación Santillana para Iberoamerica, el Club de Roma, la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano, el Círculo de Montevideo, el Club de Madrid, el Festival de Arte de Cali, el Festival de Poesía de Medellín, el Festival de Teatro de Bogotá, la Casa de Poesía Silva, el Instituto Caro y Cuervo, la Sub-dirección de Cultura del Banco de la Republica, el Suplemento Babelia de El País de Madrid, la Casa de América de España, el Festival de Música Religiosa de Popayán, el Hay Festival de Cartagena, el Premio Nóbel de Gabriel García Márquez, la Feria del Libro de Bogotá, las revistas Pie de Página, Boletín Bibliográfico, las editoriales Santillana, Richmond, Alfaguara, Taurus y Aguilar, con sus respectivos premios anuales, y el año que entra, el IV Congreso de la Lengua Española en Cartagena.

Vínculos y tentáculos que en últimas sirven en exclusivo para el ejercicio de su poder y de maquillaje a sus vergüenzas y ejecutorias políticas, al tiempo que se lucra, jugosamente, con los dineros públicos y privados al controlar con férrea mano las actividades de los Ministerios de Cultura, Educación, Relaciones Exteriores e Institutos de Cultura de los Distritos de Bogotá, Medellín, Cartagena, etc., dedicados a financiar eventos que organizan personajes y empresarios vinculados, a través de lazos comerciales y políticos con los grandes consorcios multinacionales como Jesús de Polanco, presidente del grupo mediático español Prisa; Ana Patricia Botín, presidenta de Banesto y heredera del banquero Emilio Botín, principal accionista del Banco Santander Central Hispano, pilar del grupo financiero más grande de España y segundo mayor de Europa; Manuel Pizarro, presidente del Grupo Endesa, multinacional española de la energía eléctrica que el año pasado tuvo ingresos por mas de 20.000 millones de dólares; Francisco Pinto Balsemao, fundador del Grupo Impresa, el más grande de medios en Portugal, con ventas superiores a 400 millones de dólares; Guillermo de la Dehesa, directivo y asesor de empresas como Aviva, la quinta aseguradora más grande del mundo, Unión Fenosa y Goldman Sachs Europa; Carlos Slim Elú, el hombre más rico de América Latina y el número 17 del mundo, dueño de Telmex y América Móvil, con una fortuna que la revista Forbes ha calculado en casi 14.000 millones de dólares o Gustavo Cisneros, dueño del emporio venezolano de medios de comunicación de su mismo nombre, que agrupa empresas como Univisión y Direct TV en América Latina. Sin contar las fortunas y prestigios de intelectuales como García Márquez o Carlos Fuentes, dos de sus íntimos amigos.

Labores todas estas a favor su patrimonio y el gran capital, por las cuales ha recibido premios y condecoraciones como el Príncipe de Asturias, Gabarrón, la Gran Cruz de Isabel La Católica, la Orden de Carlos III, Águila Azteca, la Legión de Honor y otras de varios países latinoamericanos.

No está de mas recordar que durante esos años de ires y venires entre Casa Verde y una Casa de Nariño con poetas, sopranos, pianistas, pintores y aguardiente, ocurrieron otros hechos terribles y dolorosos como el Terremoto de Popayán, con mas de cien muertos y la destrucción del centro histórico de la capital del antiguo Estado del Cauca; la catástrofe donde una avalancha de hielo provocada por el volcán Arenas convirtió la población de Armero en una inmensa playa de lodo donde quedaron sepultadas 25.000 personas; el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, o aquel avión de que se estrelló en Mejorada del Campo y donde murieron escritores como Marta Traba, Ángel Rama, Jorge Ibargüengoitia, Manuel Scorza o la actriz Fanny Cano, que venían a Bogotá a participar en Encuentro de la Cultura Hispanoamericana.

Belisario Betancur es una vergüenza para Colombia.

Harold Alvarado Tenorio

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Harold Alvarado Tenorio
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QUE SE SEPA QUIÉNES PAGAN LOS IMPUESTOS

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 20 de octubre de 2006

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Los que nos pasamos media vida en la universidad aprendimos a valorar como una virtud escuchar con respeto otras posiciones, incluso las más contrarias. Pero también aprendimos a repudiar con desprecio el ocultamiento o la falsificación de los hechos para sustentar los puntos de vista, pues así se rompe con la primera norma de un debate honrado: interpretaciones puede haber varias, pero las realidades deben ser sagradas.

De ahí que sea tan repudiable la actitud del ministro Arias, quien, para descalificar las cifras que mostraron el desastre de un agro que crece doce veces menos que el promedio nacional, puso en duda las estadísticas de su propio gobierno (las del Dane), las mismas que festejó cuando lo favorecieron. Y fue capaz de proponer que se modificara su cálculo, oportunismo que pretende coronar el estilo oficial de “resolver” los problemas nacionales modificando la manera de calcularlos, que fue como el uribismo mejoró los índices de empleo, crecimiento industrial y pobreza.

Y peor sucede con las cifras tributarias, las cuales se manipulan con verdades a medias o mentiras completas, desvergüenzas que amplifican los medios de comunicación. ¿Qué colombiano informado no ha oído y leído miles de veces que en Colombia el impuesto de renta de las empresas llega al 38,5 por ciento? ¿Cuántas veces se ha dicho y escrito que son los cinco mil llamados “grandes contribuyentes” los que pagan la parte fundamental de los impuestos, y que los demás poco o nada tributan? ¿No está montada la reforma tributaria en curso sobre las “verdades” que expresan las preguntas anteriores, las cuales, como se verá, son mentiras? ¿Carecen de culpa los “tanques de pensamiento” en que el debate tributario se libre sobre cifras falsas? ¡Que los neoliberales defiendan las teorías que se les antojen, hasta las más reaccionarias, pero que no oculten ni falsifiquen los datos!

La verdadera carga tributaria de los monopolios y las trasnacionales ha sido fugazmente mencionada por personas autorizadas. José Antonio Ocampo dijo que es del 20%. Mauricio Cabrera explicó que la banca paga el 23% y la industria el 17%. ¿Por qué tales diferencias con las cifras “oficiales”? Por las enormes exenciones de que gozan los que más chillan por el 38,5% que no pagan. Para acabar de revelar la verdad, en exposición poco conocida, casi clandestina, el director de Fedesarrollo (2006) explicó que la tasa promedio efectiva de renta es de apenas el 13%, porcentaje que sacó, entre otros, de estos que también dio: construcción: 36%, comercio: 32%, sector manufacturero total: 23%, servicios financieros: 19%, fabricación de automóviles: 17%, confección de prendas de vestir: 13%, hoteles: 5%, minería e hidrocarburos: –5%, transportes y comunicaciones: –12%, electricidad, gas y vapor: –33% y sector agropecuario: –33%. ¡Un escándalo noticioso! Pero en otro país.

Y la Dian y el Ministerio de Hacienda nos dieron otras cifras que demuestran que los llamados “grandes contribuyentes” lo son, no porque paguen muchos impuestos, sino porque son recaudadores al servicio de la Dian de los tributos que pagan otros. Los “grandes” aparecen como que aportan el 60% del total de los impuestos, pero lo cierto es que solo contribuyen con el 15,8%, porque el 44% restante corresponde a IVA y retenciones que ellos les cobran a los colombianos del común. Y si se restan los aportes que Ecopetrol, EPM y ETB hacen a la renta de los “grandes”, sus impuestos solo representan el 12,3% del total, bien poco en relación con la riqueza que poseen. Los principales esquilmados en Colombia son los pobres, incluidos los indigentes, por ser los que más le aportan al IVA, la carga regresiva por excelencia, que equivale al 43% del recaudo. Y la retención en la fuente por salarios, honorarios y negocios contribuye con el 26% del total, el cual llega a 42,3 billones de pesos (2005). Aquí sí que se cumple que los que verdaderamente mandan en los países son los que no pagan los tributos que se supone les corresponden.

Es bien probable que el clientelismo parlamentario del minhacienda Carrasquilla –a quien, por razones obvias, tanto quieren en el Fondo Monetario Internacional– logre subir el IVA en los mismos billones de pesos en que les bajarán la renta a monopolios y trasnacionales (!!!). Pero que por lo menos lo hagan sin la desfachatez de decir que es que en la plutocracia que está montando Uribe los magnates tributan en exceso

TLC PARA EDUCACIÓN SUPERIOR: HACIA LA IMPOSICIÓN DEL DOGMA NEOLIBERAL

Juan Carlos Martínez Botero, Federación de Estudiantes de la Universidad de Caldas, Manizales, octubre de 2006

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Un análisis de las reformas que en materia de educación superior viene atravesando la universidad colombiana necesariamente tiene que partir del contexto en que ellas se dan. Asistimos a un duro proceso de globalización económica, marcado por una oleada de unilateralismo y recolonización imperialista reconocida incluso por autorizados voceros de esta corriente, como el ex-secretario de Estado durante el gobierno de Nixon, quien afirmara: “Lo que se denomina globalización, no es más que otro nombre para el papel dominante de los Estados Unidos”. El Consenso de Washington sería la carta de navegación que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, impondría como receta a los países subdesarrollados. “El concepto de un mundo tripolar, en donde Europa y Japón pudiesen hacer contrapeso a la potencia estadounidense, es una visión caduca. El enorme peso económico y político de sus transnacionales, unido a su arsenal monetario y militar, hace de los Estados Unidos la única y verdadera potencia mundial, capital de la globalización” (GÉLINAS, 2006).

El escritor canadiense Jacques Gélinas, en su libro intitulado “El monstruo de la globalización”, describe como “la sede de la megamáquina de la globalización se encuentra cada vez más afianzada en los Estados Unidos”. Este interesante estudio destaca como las herramientas utilizadas para llevar a cabo su proyecto hegemónico son: El dólar instituido como moneda mundial en la Conferencia de Bretton Woods, el Banco Central de los Estados Unidos y su influencia en todos los mercados, el FMI y el Banco Mundial cuya sede se encuentra en Washington, el reinado de las empresas estadounidenses en el ciberespacio, las transnacionales norteamericanas que en su conjunto dominan el sistema productivo mundial en las principales áreas: Finanzas, recursos energéticos, productos farmacéuticos y nuevas tecnologías de la información, el presupuesto militar de los E.U que para el período 2004-2005 ascendía a 500 mil millones de dólares y el dominio de la OTAN, lo cual le ha servido para colocar a Europa bajo su tutela e intervenir en cualquier parte del mundo por encima de la ONU.

Bajo esta órbita, Colombia, ubicado en el llamado “patio trasero” de los E.U, adoptó desde los inicios de la década del noventa, una reforma constitucional que irradió al aparato educativo nacional. Esta tiene su base en el artículo 67 de la Constitución del 91 y para el caso de la educación superior tomó forma a través de la Ley 30 de 1992. Los referentes normativos citados, definieron la educación como un servicio público responsabilidad no solo del Estado, sino además de la sociedad y la familia, acogiendo los preceptos neoliberales de convertir en mercancía, lo que antes era considerado derecho de responsabilidad básicamente estatal. Ello obligó a las familias a destinar un importante porcentaje de su presupuesto, para el costo de la llamada “canasta educativa”, abriéndose paso así a la privatización de la educación. El decreto 2566 retoma este aspecto definiendo la educación superior como un “servicio público de naturaleza cultural”.

De la concepción plasmada en la constitución de 1991, se desprendió por parte del Departamento de Planeación Nacional de entonces, el documento conocido como “Plan de Apertura Educativa -PAE- ”, en el que, el gobierno de Cesar Gaviria señaló los criterios que debían servir para revisar el conjunto de la política educativa, entre otros, se destacó la baja cobertura en los distintos niveles, la baja calidad y la ineficiencia de las instituciones educativas. La solución entonces, fue atender los problemas anteriores en medio de la escasez de recursos del Estado, con lo que centraron sus esfuerzos en la atención de aquellos sectores, que generen una “mayor rentabilidad social”, según ellos la básica y la media de la educación colombiana.

El argumento para desarrollar esta política, es que lo más equitativo es actuar en la base de la pirámide social, posicionando la focalización o sisbenización de los recursos. Frente a la educación superior, la tesis que sostienen, es que una de las características de las personas que acceden a ella es su alta inserción en el mercado laboral, lo que les permite ocupar los cargos mejor remunerados, convirtiéndose en unos privilegiados en los cuales el Estado no tiene porque gastarse un solo peso. La consigna entonces fue trasladar la responsabilidad de la educación superior a la familia, al punto que el PAE trazó como meta, el que al año 2000, el 66% de los ingresos de las universidades debía estar compuesto básicamente de recursos propios, matriculas, venta de servicios y crédito educativo.

EDUCACIÓN COMO MERCANCÍA, UNIVERSIDAD COMO EMPRESA

El modelo educativo impuesto, considera la educación superior como una mercancía, le quita su carácter de derecho y define el papel del Estado en “inspección, vigilancia y control sobre ella” , desarrolla el argumento de que el Estado no puede ser juez y parte y desconoce su importancia histórica como oferente del derecho. El Acuerdo General sobre Comercio y Servicios –AGCS- de la Organización Mundial del Comercio, introdujo la educación dentro de los servicios de enseñanza sujetos al pacto comercial, con lo que se avanzó en su mercantilización, de tal manera que instituciones como la UNESCO (2002) vienen predicando que “la educación se está transformando en un commodity ”, lo que representa -según ellos- un proceso clave para traer “prosperidad”, pues al volverse los productos commodities se “produce una fuerte competencia de precios entre los fabricantes con lo que los precios se contraen”. Tal forma de definir y de referirse a la educación en términos estrictamente económicos, confirma las ideas en boga y las pretensiones de privatizar totalmente, este derecho de los pueblos.

Bajo esta perspectiva las universidades han pasado a ser empresas proveedoras del servicio de educación superior. Catalina Acevedo, gerente del FODESEP , en el segundo foro sobre Educación Superior y Tratado de Libre Comercio, planteó que Colombia debe dejar de pensar que la educación es un bien común sin ánimo de lucro y comenzar a crear la mentalidad de Instituciones de Educación Superior -IES- como empresas. “Las universidades deben ser manejadas como entidades comerciales, porque tienen un producto que vender, el conocimiento. Esto permitiría pensar en importaciones y exportaciones de nuestros servicios, con seccionales en el exterior” (LA REPÚBLICA, 2004). En el mismo sentido el Rector de la Universidad de los Andes, en un artículo publicado en el boletín Educación Superior, órgano oficial del gobierno para el sector, argumentó: “debemos pasar de una visión proteccionista sobre nuestros productos y servicios, a una actitud de apertura frente a los desafíos que nos impone la globalización; entre los cuales esta la internacionalización de la educación” (MEN, 2004). Las ideas propagadas por parte de la tecnocracia criolla, marcan la tendencia y el rumbo de la educación Superior en Colombia, presenciamos la consolidación de los dogmas neoliberales, y con ello la dependencia y el atraso tecnológico en un sector clave, y sin el cual no es posible el desarrollo nacional.

Esta lógica de la universidad como empresa, ha venido posicionándose con algunos desarrollos legales durante el gobierno de Uribe. A través de la Ley 922 de 2004, se incluyó a las universidades como sujeto de aplicación de la Ley de reestructuración empresarial, más conocida como ley de quiebras, instrumento legal utilizado para liquidar importantes activos del Estado como los hospitales públicos. La inclusión de las IES en esta Ley, profundiza el proceso de privatización y las somete a acuerdos de reestructuración donde las funciones de promotor y nominador las ejerce el Ministerio de Hacienda, vulnerando la Autonomía Universitaria y prohibiendo todas las operaciones que impliquen nuevo gasto como la “celebración de cualquier tipo de contrato, el otorgamiento de beneficios o estímulos económicos a directivos, docentes o estudiantes que constituyan nuevo gasto de funcionamiento o inversión”.

La Ley 922 se estrenó en la universidad del Atlántico, a la que se obligó a un crecimiento de recursos propios del 300%. Con un anterior convenio de concurrencia el gobierno condujo a esta institución a asumir un porcentaje mayor en el pago de las mesadas pensionales, pasando de un 12 al 75% y el Ministerio de Hacienda reduciendo sus aportes del 75 al 18%. Se calcula que el ministerio entre los años de 2003 y 2005 dejó de enviar alrededor de cien mil millones de pesos, provocando el colapso financiero de la universidad, a lo que siguió la aplicación de la “Ley de quiebras”.

Las consecuencias no se hicieron esperar, un aumento de matriculas del 330% a los estudiantes, pasando de unas que oscilaban entre 50 mil y un millón de pesos, a unas que se encuentran entre 300 mil y dos millones de pesos. El despido de 140 trabajadores y empleados, disminución del 10% del profesorado de planta y 75% de docentes por contrato, aumento de la asignación docente de 16 horas-clase-semana a 20 y 25, eliminación de los programas que no sean autosostenibles, disminución del número de asignaturas por carrera y horas por curso, venta de bienes que hacen parte del patrimonio de la universidad, desmonte de la unidad de salud, liquidación del Instituto Pestalozzi y el despido de sus 83 docentes (AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, 2006), a ello se suma el cobro por la utilización de laboratorios y el doble pago exigido a los estudiantes de Ciencias Jurídicas donde se estudia por años.

Si desea leer el documento completo, por favor utilice el siguiente vínculo: TLC PARA EDUCACIÓN SUPERIOR: HACIA LA IMPOSICIÓN DEL DOGMA NEOLIBERAL

UNA ESTRATEGIA “AGUAS ARRIBA” PARA REDUCIR LA POBREZA

Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, octubre 24 de 2006

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Colombia se rasgó las vestiduras con los datos sobre la situación de la pobreza en el país. Uno de cada dos colombianos puede considerarse pobre, con ingresos inferiores a $ 7.500 diarios, casi uno de cada seis es indigente, con ingresos inferiores a $3.000 diarios, el 20% más rico de de la población capta veinte veces más ingreso que el 20% más pobre, en las zonas rurales hay 8 millones de colombianos con hambre y 25 no comen carne todos los días, la dieta de millones de hogares es arroz, panela y papa, entre Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla suman cinco millones de habitantes pobres.

Hay más. Mientras la pobreza urbana es 42.9%, la rural alcanza 63% y, en términos de vulnerabilidad, al añadirse la población en riesgo de empobrecer, el asunto es vergonzoso; se llegaría al 48.6% de los hogares urbanos y al 73.5% de los del campo. Estos datos, extraídos de los estudios de la Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, se acompañaron de algunas conclusiones como que el número de hijos menores de 12 años, los niveles de educación de los jefes de hogar y el empleo, así como la región donde se ubica la familia, inciden para ser pobre en Colombia. Así, la zona Pacífico, Chocó, Nariño y Cauca, se define como la más deprimida, en tanto Huila, Boyacá, Córdoba, Sucre y Tolima no están lejos de tan nefasto liderazgo. Todos estos factores se amplifican cuando están acompañados de desplazamiento.

No obstante, tanta aberración social se exhibió como una fotografía, sin conexión con el tiempo como si fuera fortuita, y es tan patética que la atención se centró en ella y no en la anunciada Estrategia oficial. Algunas comparaciones con el pasado permiten mostrar que la pobreza y la desigualdad, antes que moderarse, se agravan. Los datos manejados por la Misión, con horizonte escaso de 10 años, indican que los pobres rurales crecieron de 7,8 millones a 8,02 millones, y en todo el país de 19,5 a 21,9. Que en las cuatro grandes ciudades, excepto Cali, creció la pobreza y, en Barranquilla y Bogotá, la desigualdad; y, con respecto a ésta, las mediciones muestran que la última década fue perdida y que la brecha se agrandó. En América Latina, estamos en el quinto lugar después de Perú, Guatemala, Salvador y Honduras. Los estudios afirman que el crecimiento presentado en ese lapso no favoreció a los pobres y que en el caso del agro ni crecimiento ha habido. Adicionalmente, puede agregarse que si en 1984 el 20% de los hogares carecía de suficiencia alimentaria (Perfetti, 1986), en 2005 era el 43% (ICBF).

Resulta increíble que, ante tan descomunal desastre, la Estrategia sea profundizar las mismas políticas neoliberales causantes. La focalización de los subsidios en educación y salud en la demanda de “los más pobres entre los pobres”, la eliminación del régimen de jubilación de prima media, la eliminación del apoyo estatal a la universidad pública, aumentar la cobertura del subsidio familiar y de desempleo, impulsar las carreras tecnológicas y técnicas, fomentar la agro-exportación, mantener una Red de Protección Social “anticíclica”, que opere intensamente en los periodos de crisis económica, y el programa “Familias en Acción”, a lo anterior se agrega el Banco de las Oportunidades, la profética propuesta de Uribe-candidato, lanzada antes de conocerse el informe de la Misión, y que, en últimas, persigue ampliar los sujetos de crédito ante la voraz competencia en que hoy están involucrados los agentes del sistema financiero.¿No sabe el más desinformado colombiano que estas son las mismas “políticas sociales” que andan de la mano con el modelo neoliberal, que fueron las mismas que se adelantaron cuando se originó el caos? Aquí también Uribe II es igual a Uribe I.

Algunos propagan que llegó la hora del “corazón grande”, y que hay que unirse en torno a sus sanos fines, otros califican la engañifa como “populismo de derecha”, pretermitiendo que desde John Stuart Mill, un seguidor de Malthus, los economistas clásicos hablan de intervención estatal para “limitar los campos del laissez-faire”, dejando al mercado las decisiones “racionales”. Neoliberalismo para combatir los daños de década y media de neoliberalismo, TLC, destructor del agro y a favor de las transnacionales y del capital financiero, Reforma Tributaria inicua, recorte de transferencias para áreas sociales, privatizaciones, una real estrategia “aguas arriba” para reducir la desigualdad y la pobreza.

ENÉRGICO RECHAZO A PRIVATIZACIÓN DE INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS EXPRESA EL SENADOR ROBLEDO

Con vehemencia rechazó el senador Jorge Enrique Robledo la propuesta de privatizar la Industria Licorera de Caldas lanzada hace unos días por un diputado del Partido de la U. Puntualizó Robledo que preservarla como Empresa Industrial y Comercial del Estado es una reivindicación sentida por todos los caldenses, dada la importancia de la Licorera en las finanzas departamentales y su alta rentabilidad. La Licorera de Caldas aporta el 25% de los ingresos tributarios del departamento y en 2005 las utilidades transferidas ascendieron a 27 mil millones de pesos, equivalentes al 42% del total de los ingresos tributarios.

Causa indignación el descaro con que se plantea privatizar la Licorera para vendérsela con nombre propio a una trasnacional foránea. Entre los nombres que baraja la propuesta figuran la inglesa Deageo, la francesa Pernod Ricard y las estadounidenses Bacardí Limited, Beam Global y Brown-Forman. El senador del Polo Democrático Alternativo preguntó: “¿A cuánto pueden ascender las comisiones que algunos se ganarían con el negocio?”

Los privatizadores alegan, además, que el carácter de Empresa Industrial y Comercial del Estado constituye una traba para enfrentar la mayor competencia que vendrá con el TLC. Una razón de más para no firmar el Tratado, dijo Robledo, quien se opuso a que se privaticen las demás licoreras del país y llamó a la ciudadanía a movilizarse en defensa del interés público.
Oficina de Prensa del Senador Jorge Enrique Robledo.
Bogotá, 31 de octubre de 2006.

NO BUSH

Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, noviembre 14 de 2006

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El resultado de las elecciones de mitaca en los Estados Unidos fue adverso al gobierno de George W. Bush. De 36 gobernaciones en disputa, los demócratas ganaron 18, restándole seis a los republicanos, y conquistando una mayoría de 28 sobre 22 en el total de 50. En cuanto al Congreso, la peor derrota republicana se dio en la Cámara: de 435 sillas, solamente 196 se consideran identificadas con las políticas de George W.; entre tanto los demócratas lograron 226. Aún quedan unas pocas indefiniciones en los resultados pero se asegura además el triunfo de 7 republicanos que se pasaron al bando demócrata, catalogados por los analistas como “social conservadores”. En resumen, el partido republicano pasó de tener cerca del 53% de esa Corporación a menos del 47%. En el Senado hay empate a 49 entre senadores demócratas y republicanos; no obstante, dos independientes, Lieberman de Connecticut y Sanders de Vermont, aunque encontrados en varios temas son de origen demócrata, lo cual da las mayorías para el partido “del burro”. Aquí hay otro retroceso para Bush, quien poseía mayoría de 55 contra 45 antes del 7 de noviembre; de 33 candidaturas en disputa, de las 14 que estaban en manos oficiales conservó ocho. Las cifras arrojan la pérdida evidente de gobernabilidad de Bush sobre el Legislativo.

¿Cuáles fueron los motivos para esta nueva correlación de fuerzas? En las hipótesis de muchos analistas aparece como denominador común, en cuanto a factores determinantes, la guerra en medio Oriente y en particular en Irak. El costo en vidas, de 3.000 soldados “voluntarios” y medio millón de civiles, en recursos fiscales, en violación de derechos humanos, todo lo que recuerda la derrota en Vietnam, y la imagen de un Imperio que mintió al mundo e irrespetó normas e instituciones internacionales están entre las primeras razones para el voto anti-Bush. No en vano, ha resonado con éxito la exposición del pintor Fernando Botero en New York que refleja el dolor de las víctimas de Abuh Grahib. Sin embargo, encuestas de CNN y New York Times “revelaron que la ansiedad de los norteamericanos alrededor de la economía y la estabilidad del empleo supera las preocupaciones en torno a la guerra en Irak” y otra pesquisa a boca de urna, nombrada como la Encuesta Nacional de la Elección, de un consorcio de cinco redes y de Associated Press a 13.000 votantes en todo el país, encontró que el 67% pensó en la guerra como un tema “extremadamente” o “muy importante” para definir el voto, en tanto que, bajo los mismos parámetros, el 82% consideró a la economía, el 74% a la corrupción y a la ética y el 72% al terrorismo. Una síntesis de lo sucedido es que: “la sociedad estadounidense cree que ni el gobierno ni el Congreso están manejando bien las cosas”.

Los demócratas prometieron “mover hacia una nueva dirección” a Estados Unidos. En economía, hablan de elevar el salario mínimo y “apoyar comercio justo que alce los estándares para todos los trabajadores de aquí y de afuera, mientras se hacen los negocios americanos más competitivos, y no creemos en recortes en impuestos que premien a compañías que muevan los empleos americanos más allá de las fronteras”. Es su postura contra el modelo TLC-globalización. En cuanto a seguridad, la agenda demócrata es: “reparar el Ejército, ganar la guerra al terror, proteger la seguridad interna, asegurar el éxito en Irak y librarse de la dependencia del petróleo extranjero”. En cuanto a valores: “terminaremos con la cultura republicana de la corrupción”. En una coalición de siete grupos, en los cuales los especialistas dividen a los demócratas, el resultado en cada punto es incierto. Esto sin soslayar que grupos como Public Citizen afirman que: “la campaña que busca un comercio justo que beneficie trabajadores y agricultores norteamericanos sin golpear el medio ambiente y la seguridad alimentaria es un ganador” y que en 7 sillas en Senado y 27 en Cámara, candidatos por Comercio Justo vencieron a partidarios del TLC.

En medio de la tormenta, el presidente Uribe, único gobernante de Sur América que apoyó la guerra de Irak, viaja a Estados Unidos “a cuidar lo suyo”. Si bien conversará con la señora Rice, tomando precauciones no se retratará con “su amigo” George. En una lectura descocada de la situación parece no entender que, dado el voto No Bush, lo primero será arreglar las cargas adentro, incluidas las facultades para gastos militares externos y las negociaciones comerciales, luego vendrán los tratos con las colonias. ¿Piensa poner orden allí, mientras varios de sus congresistas marchan rumbo a la cárcel en Colombia?

DECLARACIÓN DEL FORO POR LA DEFENSA DE LA BIODIVERSIDAD Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Cartagena, Octubre 27 de 2006

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Más de 70 organizaciones de comunidades indígenas, campesinas, jóvenes y mujeres de la región Caribe, reunidos en Cartagena.

Teniendo en cuenta que:

· La región de la Costa Caribe es un espacio de diversidad biológica, cultural y política.

· Las profundas inequidades de los modelos de apropiación territorial en la región han desconocido los aportes y los esfuerzos de los grupos humanos locales, han deteriorado la base natural y han generado una condiciones de concentración de la tierra que hacen insostenible la vida para millares de personas.

· El Tratado de Libre Comercio- TLC, acordado entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, enajena los recursos estratégicos y determina la pérdida de soberanía en muchos aspectos de la vida económica, social, cultural y política del país. Entre muchos otros aspectos, para preparar a Colombia frente al TLC, se presiona la inserción en las denominadas cadenas productivas especializadas en proveer materias primas para la demanda de los países desarrollados. Esto se hace con un enorme costo ambiental y socioeconómico como lo demuestran las plantaciones de palma africana, la caña de azúcar, la yuca amarga y demás materias primas para los llamados biocombustibles. Un enfoque de política que parte de la premisa de suponer que los únicos que pueden subsistir en el campo sean los eficientes y competitivos es una clara decisión de liquidar las poblaciones culturalmente ligadas al campo.

· En el país, el actual gobierno promueve reformas regresivas, antidemocráticas, inconsultas y excluyentes en temas estructurales ligados a la vida e integridad de comunidades rurales y aún, las urbanas. La ley de Desarrollo Rural (30S) es un claro ejemplo de ello.

· La integridad de los ecosistemas, base y patrimonio natural de Colombia, que la colocan como país megabiodiverso del planeta y centro de domesticación de cultivos, queda estructural y negativamente afectada con la puesta en marcha de la ley forestal y el código de Minas y con la ley de aguas en trámite. Tales políticas fragmentan la visión ecosistémica, privatizan los recursos y agotan la base de las comunidades asociadas a tales recursos.

· La biodiversidad y el conocimiento tradicional asociado a ella, son patrimonio colectivo de las comunidades indígenas, negras y campesinas, por lo tanto sobre ellos no se puede aplicar ninguna forma de propiedad intelectual a través de patentes.

· En el mundo existen fuertes cuestionamientos y evidencias sobre los riesgos e impactos de los cultivos y alimentos transgénicos sobre el ambiente, la biodiversidad y los efectos socioeconómicos del país y las comunidades locales.

Por lo tanto:

1. Convocamos la unión y solidaridad de las organizaciones sociales, los estudiantes, académicos, Ongs, periodistas y demás sectores democráticos de la región Caribe, frente a las amenazas que afectan la integridad de los territorios, sus sistemas y los recursos locales, frente a las amenazas y políticas que afectan la integridad de los territorios y recursos de las comunidades locales.
2. Rechazamos los mecanismos e intenciones del proyecto de ley de Desarrollo Rural que actualmente cursa trámite en el Congreso. Es ilegal y atenta contra la integridad de más de 10 millones de personas que viven en el campo. Exigimos se archive el proyecto de ley y nos unimos a las demandas que adelantan otras organizaciones.
3. Rechazamos el TLC porque más que un tratado comercial, es una entrega de la soberanía nacional y de los recursos naturales que conlleva a una pérdida de los derechos de los ciudadanos colombianos y significa una imposición desventajosa hacia Colombia por parte de los Estados Unidos y porque no fue consultado con toda la sociedad. El TLC acentúa la pobreza, el desplazamiento y la inequidad.
4. Rechazamos la implementación de los monocultivos que causan enorme daño sobre los ecosistemas locales y sobre la estructura social y económica de las comunidades locales.
5. Rechazamos las leyes nacionales e internacionales que permiten la privatización de la vida y las actividades de biopiratería sobre nuestra biodiversidad y conocimiento tradicional. Denunciamos que en la carta de entendimiento sobre biodiversidad y conocimiento tradicional incluida en el Tratado de Libre Comercio entre el gobierno colombiano con los Estados Unidos se amplia la aplicación de las patentes a todas las formas de vida y el conocimiento tradicional asociado, legitimando y fomentando la biopiratería del patrimonio genético de la Nación y especialmente, de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas, negras y campesinas.
6. A su vez, la ley 1032 del 2006, que modifica el Código Penal respecto a la usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales, es una clara violación a los derechos de los agricultores y las comunidades locales a mejorar, conservar y usar las semillas tradicionales. Rechazamos el carácter de esta ley, debido a que penaliza con cárcel y multas el uso no autorizado de semillas registradas o patentadas, dejando como única opción legal el uso de semillas registradas. Esta ley es una clara evidencia a favor de las patentes y control monopólico a favor de las transnacionales semilleras, lo cual llevaría a que los agricultores no utilicen sus propias semillas.
7. Rechazamos las políticas del Gobierno Nacional que permiten y promueven la introducción de cultivos y alimentos transgénicos. Especialmente rechazamos la introducción de maíz transgénico en la región Caribe por ser esta una de las regiones del mundo de mayor biodiversidad de semillas criollas de maíz y por el significado que tiene la cultura del maíz en toda la región, la cual se vería afectada por la introducción de las semillas transgénicas.
8. No aceptamos los programas de fomento agrícola y de ayuda alimentaria que contienen y promueven las semillas y alimentos transgénicas.
9. Respaldamos la Declaración del Territorio Indígena Zenú Libre de Transgénicos, suscrito en Octubre de 2005 por 177 cabildos, ubicados en 5 municipios de los departamentos de Córdoba y Sucre, como una estrategia de defensa de la cultura del maíz frente a la amenaza evidente de los cultivos transgénicos en la Región Caribe y en ejercicio de los derechos constitucionales para el gobierno propio de los territorios indígenas. Exigimos que las instituciones y autoridades gubernamentales reconozcan, respeten y apoyen esta decisión y hacemos un llamado a otras organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas para que protejan sus territorios y los declaren libres de transgénicos.
10. Animamos y nos unimos a las marchas, protestas y demás acciones que en el Caribe y a nivel nacional expresen públicamente el rechazo a la ley de Desarrollo Rural. Hacemos un fuerte llamado a las mujeres, los niños, los hombres, los y las jóvenes, a los consumidores, a los académicos, investigadores y en general a los ciudadanos que comparten nuestras preocupaciones para que tomen parte decidida por las alternativas que planteamos.
11. Proponemos al gobierno colombiano, se tengan en cuenta las iniciativas de las comunidades para el manejo del territorio y las estrategias de conservación y uso de la vida.

Por una Colombia diversa, soberana y que respete los derechos de la gente y la naturaleza!

Organizaciones que suscriben esta declaración:

1. Consejo de Cabildo de San Antonio de Palmito
2. Acción Comunal de Mahates
3. Acción Comunal Montes de María
4. Agropesca
5. Apralsa
6. APSENA asopensionados del SENA
7. Artesanos y Artesanas de San Andrés de Sotavento
8. Artesanos Unión de Bolívar
9. Asalga
10. Asalma
11. Asociación agropecuaria AGROCIN (Bolivar)
12. Asociación de desplazados de Soledad Barranquilla –ADUSOC
13. Asociación de mujeres El Progreso
14. Asociación de mujeres la Esmeralda de Montería
15. Asociación Resurgír San Onofre
16. Asociación de productores de Ceja del Mango
17. Asproal
18. Asproas
19. Asprocig
20. Asprocin
21. Asuma
22. Corporación de Desarrollo Solidario
23. Asproinpal
24. Asproinsu
25. Asociación Barranco de Loba
26. Benposta muchachos.
27. Cabildo Gobernador Indígena Zenú de Sucre
28. Cabildo Indígena Zenú de Arjona Bolívar
29. Cabildo Indígena Zenú Membrillal
30. Cabildo Mayor Municipal de San Andrés Cordoba
31. Cabildo Mayor Regional Indígena Zenú de Córdoba y Sucre
32. Asap Caramanta
33. ONIC- Organización Nacional Indígena de Colombia.
34. Corporación Nueva Esperanza
35. COPEPAS
36. Corporación Opción Legal Barranquilla
37. Corporación de la Hoja
38. Corporación Tiempos de Vida
39. EAT Empresa Asociatva de Trabajo
40. CUT, Central Unitaria de Trabajadores.
41. Asociación de Mujeres Artesanas de Mompox
42. Ecofrubol
43. Emcofrubol
44. Emfrubol
45. Fundación Mujeres y Futuro (Carmen de Bolívar)
46. Fundación Sabanas
47. Funoxivida Cartagena
48. Funsarep
49. Cabildo Indígena Embera Katio del Alto San Jorge
50. OIK, Organizació Indígena Kankuama
51. Madres Comunitarias de Cartagena
52. OFP, Organización Femenina Popular, Cartagena.
53. OIA- Organización Indígena de Antioquia
54. Organización Colombiana de Pensionados
55. Partido Comunista de Colombia- Cartagena
56. Plan Internacional Sincelejo
57. Planeta Paz, Cartagena
58. Prodesal
59. Red de Artesanos de la Costa
60. Red Mujeres del Caribe
61. Representantes de grupos Étnicos de Cartagena
62. Resguardo Indígena de San Pedro Alcántara
63. Ruta Pacifica de Mujeres
64. Mesa de Fortalecimiento de Bolivar OPD
65. Sindicato Unico de Educadores de Cartagena
66. Madres comunitarias- Sintrasihoby
67. Swissaid Colombia
68. Tiempos de Vida
69. Unamos Nuestras Fuerzas, Las Palmeras
70. Unamos Nuestras Fuerzas, Las Palomos (Montería)
71. Grupo Semillas
72. RECAR