CON EL TLC, PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS AUMENTARÁN EN MIL MILLONES DE DÓLARES AL AÑO, DENUNCIAN EXPERTOS

La audiencia pública “TLC y salud: la verdad”, un éxito total, dice Robledo
Los doce expertos que intervinieron hoy en la audiencia pública “TLC y salud: la verdad” coincidieron en afirmar que, si el Tratado con Estados Unidos queda en firme, los precios de los medicamentos sufrirán en Colombia drásticas alzas, que según estimaron llegarán a mil millones de dólares al año.
La audiencia, en la que hicieron de moderadores los congresistas convocantes, Jorge Enrique Robledo y Camilo Sánchez Ortega, fue instalada por monseñor Fabián Marulanda, secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana, quien alertó sobre los peligros del Tratado para la salud de los colombianos. Entre las bien documentadas ponencias, merecen destacarse la del doctor Germán Holguín Zamorano, director de Misión Salud, quien mostró con cifras las altísimas ganancias de las trasnacionales del sector, en contraste con la situación que viven miles de millones de habitantes del planeta, sin el menor derecho a la salud. Holguín Zamorano previno sobre el aumento de enfermedades catastróficas y denunció que el número de muertes por sida va a multiplicarse.
Otros dos expositores, Miguel Ángel Cortés y Francisco Rossi, presentaron el TLC como un acto de adhesión de los negociadores colombianos a las imposiciones de Estados Unidos. Cortés y Rossi integraban el equipo negociador del gobierno nacional, pero se vieron obligados a renunciar a él en protesta por la entrega de vitales reivindicaciones.
El expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, afirmó que el Congreso sí está facultado para examinar la inconstitucionalidad de capítulos y cláusulas del Tratado recién suscrito por el gobierno colombiano. Montealegre añadió que el Legislativo puede aprobar reservas a los textos del Tratado que violen los derechos sociales de la población o que impliquen un claro retroceso en campos como el de la salud.
Intervinieron además los senadores Iván Moreno Rojas, del Polo Democrático Alternativo; Alexandra Moreno Piraquive, presidenta de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara –donde entró ya el TLC a primer debate– y a quien la aplanadora uribista ha pretendido destituir en forma irreglamentaria; y Cecilia López Montaño y Carlos Julio González, del Partido Liberal. Todos ellos anunciaron su oposición al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Para cerrar, Jorge Enrique Robledo destacó el total éxito del foro, que dio al traste con las presiones ejercidas desde el alto gobierno para impedir que expresaran sus críticas los dirigentes de los gremios y asociaciones de la salud. El vocero del Polo Democrático Alternativo, PDA, dio a conocer que en los próximos días, y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, instaurará un denuncio contra el presidente Uribe Vélez por el delito de traición a la patria.
Oficina de Prensa del Senador Jorge Enrique Robledo.
Bogotá, 15 de febrero de 2007.

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA EL SEGURO SOCIAL

Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, enero 30 de 2007

Verdad – Justicia – Reparación son principios que la Organización de Naciones Unidas considera necesarios para la solución de los conflictos y son el cimiento de la justicia de transición por la cual, en aras de la paz, se dan beneficios en la pena a quienes cometieron delitos en el curso de las hostilidades. La Verdad es elemento fundamental puesto que, mediante la confesión en la participación en todos los delitos cometidos por quien delinquió, se otorgan los favores jurídicos. La Reparación honra a las víctimas sus derechos vulnerados en dignidad, en salud y vida y en bienes y compensa los daños sufridos, cobra más relevancia cuando son grupos en mayor grado de indefensión como mujeres, niños y niñas o minorías étnicas. Estos criterios operan en las masacres contra la población, como las de El Aro, Mapiripán, o Bojayá.
En el proceso de liquidación del área de salud del ISS (Instituto del Seguro Social), decretada por el gobierno de Uribe, no es ocurrencia aplicar también Verdad, Justicia y Reparación, tanto porque las consecuencias alcanzan las magnitudes de un genocidio como porque la Verdad de lo acontecido para llegar a tal estado de postración ha sido desfigurada por las voces oficiales y sus cajas de resonancia para justificar el atropello que privatiza plenamente la seguridad social en el país.
Desde que Álvaro Uribe, como senador liberal samperista, fue destacado ponente de la Ley 100, una vergüenza de la cual se ufana, los distintos gobiernos de 1993 hasta la fecha urdieron una conspiración continua para marchitar al Seguro y consolidar el negocio de la seguridad social, en lo cual se convirtió, a favor de los consorcios privados que conformaron las otras Empresas Prestadoras de Servicios y que ahora son casi un oligopolio. Comenzó por no dejar explícita en dicha Ley la obligación que el Estado tenía con el ISS desde entonces y que tiene valor presente de más de 63 billones de pesos, según cálculos del ex senador Angarita Baracaldo. Por razones de rentabilidad, esas Empresas han obstruido la inclusión a su nómina de afiliados de los enfermos con patologías “catastróficas” y que -por ende- deben ser atendidos por el ISS; son más de 45.000 personas, el 80% del total, cuya atención cuesta $350.000 millones mensuales; el FOSYGA, el fondo encargado del respectivo reconocimiento, no ha cubierto el monto completo y causó un déficit de $300.000 millones en 2006; es la típica división del negocio entre el lomo y el hueso. También al Seguro, por disposición oficial, se le impidió durante años ingresar nuevos afiliado, por eso la composición del grupo atendido, por edades, es adversa a una sana estructura de gastos y contraria a la distribución demográfica del país; así: el 23,67% de los 3 millones de afiliados es mayor de 60 años y el 21,33% está entre los 45 y los 59; en Colombia estos grupos en conjunto no superan el 20% de la población. De lo anterior resultó que sólo la mitad del total atendido esté cotizando y la otra tiene calidad de beneficiario, quienes contribuyen en su mayoría apenas ganan el salario mínimo.
Graves problemas en las bases de información han dificultado aún más la operación del ISS y en especial la identificación de sus nóminas en deterioro de la prestación de un buen servicio y también del acceso al reconocimiento estatal por unidad de capitación. El desorden y la corrupción que se endilga al Seguro es fruto de la politiquería que los grupos dominantes han ejercido allí. Un presidente cada dos años, con clientela incluida, se enseñoreó a nombre de distintas banderías, pero en los últimos nueve especialmente con la enseña del Partido Conservador, que se arrojó a saco sobre las siete Empresas Sociales que se crearon en 2003, escindidas del ISS, para atender como IPS a los afiliados. El experimento que Uribe y el ministro Palacio vendieron como bálsamo fue un ardid para adelantar en el premeditado camino hacia el cadalso. En cuanto a las cargas laborales, vale recordar que en 2001 el Sindicato firmó con el gobierno de Pastrana un pacto que fue tenido como “ejemplar y comprensivo” por las autoridades de entonces; ni eso salvó al ISS.
Hasta aquí la Verdad, faltan Justicia y Reparación; ambas habrán de conseguirla los usuarios, la comunidad médica y científica y la sociedad colombiana con la movilización y las justas demandas, máxime cuando todas las soluciones planteadas no tienen base real para suplir debidamente al Seguro y todas están atravesadas por el ánimo de lucro de quien herede ese filón que se erigirá sobre la muerte por abandono social de miles de compatriotas. La ventaja es que el primer culpable es el actual presidente de Colombia y habrá de responder.