Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, enero 30 de 2007
Verdad – Justicia – Reparación son principios que la Organización de Naciones Unidas considera necesarios para la solución de los conflictos y son el cimiento de la justicia de transición por la cual, en aras de la paz, se dan beneficios en la pena a quienes cometieron delitos en el curso de las hostilidades. La Verdad es elemento fundamental puesto que, mediante la confesión en la participación en todos los delitos cometidos por quien delinquió, se otorgan los favores jurídicos. La Reparación honra a las víctimas sus derechos vulnerados en dignidad, en salud y vida y en bienes y compensa los daños sufridos, cobra más relevancia cuando son grupos en mayor grado de indefensión como mujeres, niños y niñas o minorías étnicas. Estos criterios operan en las masacres contra la población, como las de El Aro, Mapiripán, o Bojayá.
En el proceso de liquidación del área de salud del ISS (Instituto del Seguro Social), decretada por el gobierno de Uribe, no es ocurrencia aplicar también Verdad, Justicia y Reparación, tanto porque las consecuencias alcanzan las magnitudes de un genocidio como porque la Verdad de lo acontecido para llegar a tal estado de postración ha sido desfigurada por las voces oficiales y sus cajas de resonancia para justificar el atropello que privatiza plenamente la seguridad social en el país.
Desde que Álvaro Uribe, como senador liberal samperista, fue destacado ponente de la Ley 100, una vergüenza de la cual se ufana, los distintos gobiernos de 1993 hasta la fecha urdieron una conspiración continua para marchitar al Seguro y consolidar el negocio de la seguridad social, en lo cual se convirtió, a favor de los consorcios privados que conformaron las otras Empresas Prestadoras de Servicios y que ahora son casi un oligopolio. Comenzó por no dejar explícita en dicha Ley la obligación que el Estado tenía con el ISS desde entonces y que tiene valor presente de más de 63 billones de pesos, según cálculos del ex senador Angarita Baracaldo. Por razones de rentabilidad, esas Empresas han obstruido la inclusión a su nómina de afiliados de los enfermos con patologías “catastróficas” y que -por ende- deben ser atendidos por el ISS; son más de 45.000 personas, el 80% del total, cuya atención cuesta $350.000 millones mensuales; el FOSYGA, el fondo encargado del respectivo reconocimiento, no ha cubierto el monto completo y causó un déficit de $300.000 millones en 2006; es la típica división del negocio entre el lomo y el hueso. También al Seguro, por disposición oficial, se le impidió durante años ingresar nuevos afiliado, por eso la composición del grupo atendido, por edades, es adversa a una sana estructura de gastos y contraria a la distribución demográfica del país; así: el 23,67% de los 3 millones de afiliados es mayor de 60 años y el 21,33% está entre los 45 y los 59; en Colombia estos grupos en conjunto no superan el 20% de la población. De lo anterior resultó que sólo la mitad del total atendido esté cotizando y la otra tiene calidad de beneficiario, quienes contribuyen en su mayoría apenas ganan el salario mínimo.
Graves problemas en las bases de información han dificultado aún más la operación del ISS y en especial la identificación de sus nóminas en deterioro de la prestación de un buen servicio y también del acceso al reconocimiento estatal por unidad de capitación. El desorden y la corrupción que se endilga al Seguro es fruto de la politiquería que los grupos dominantes han ejercido allí. Un presidente cada dos años, con clientela incluida, se enseñoreó a nombre de distintas banderías, pero en los últimos nueve especialmente con la enseña del Partido Conservador, que se arrojó a saco sobre las siete Empresas Sociales que se crearon en 2003, escindidas del ISS, para atender como IPS a los afiliados. El experimento que Uribe y el ministro Palacio vendieron como bálsamo fue un ardid para adelantar en el premeditado camino hacia el cadalso. En cuanto a las cargas laborales, vale recordar que en 2001 el Sindicato firmó con el gobierno de Pastrana un pacto que fue tenido como “ejemplar y comprensivo” por las autoridades de entonces; ni eso salvó al ISS.
Hasta aquí la Verdad, faltan Justicia y Reparación; ambas habrán de conseguirla los usuarios, la comunidad médica y científica y la sociedad colombiana con la movilización y las justas demandas, máxime cuando todas las soluciones planteadas no tienen base real para suplir debidamente al Seguro y todas están atravesadas por el ánimo de lucro de quien herede ese filón que se erigirá sobre la muerte por abandono social de miles de compatriotas. La ventaja es que el primer culpable es el actual presidente de Colombia y habrá de responder.
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