POR LA DEFENSA DE LA CULTURA REPLANTEEMOS LA REFORMA TRIBUTARIA

Los abajo firmantes, integrantes de la comunidad cultural Nacional y la sociedad civil, que conoce y se beneficia de su trabajo artístico y cultural

CONSIDERANDO QUE:

1. Por mandato de la Constitución Nacional (art. 70, 71 y 72) el Estado debe promover y fomentar el acceso a la cultura, creará incentivos y ofrecerá estímulos especiales para las personas e instituciones que desarrollen y fomenten la cultura.

2. Por el esfuerzo realizado en el transcurso de muchos años de perseverancia, los representantes de los diferentes sectores que representan la cultura del país hemos obtenido estímulos o beneficios tributarios que nos han permitido continuar con nuestro trabajo cultural y aporte al desarrollo del país.

3. Cursa en la actualidad en el Congreso de la República un proyecto de reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional.

4. En esa reforma se establece la extinción de todos los logros obtenidos al determinar que "deroga todas las disposiciones que consagran incentivos tributarios para la cultura colombiana", entre otros: exenciones de renta para productores de cine y el reconocimiento del 125% por inversión en Cultura; exenciones para editores, derechos de autor y deducción para apertura o ensanche de librerías; deducción de gastos para el mantenimiento y conservación de patrimonio; deducción de donaciones para entidades culturales, entre otras.

5. Además de terminar con los incentivos tributarios se establecen nuevos impuestos: IVA a la boletería en los espectáculos públicos y en el arrendamiento de inmuebles destinados a ellos y se gravan las entidades culturales sin ánimo de lucro.

6. Con todo lo anterior se contradicen los postulados constitucionales, se hace imposible el trabajo cultural y se propician las actividades ilegales, entre otras, la de la piratería.

7. Vemos además con preocupación cómo se afectaría la calidad de vida de todos los colombianos al gravarse con IVA la canasta familiar.

PROPONEMOS:

1. Solicitar a los Honorables Senadores y Representantes que se conviertan en abanderados de la causa cultural e impidan la aprobación de los artículos de la reforma que afectan las diferentes actividades y entidades culturales. Proponerles la presencia de nuestros voceros en los debates a dicho proyecto.

2. Pedir al Gobierno Nacional que se acoja a lo prescrito en la Constitución Nacional como deberes del Estado, que atienda las solicitudes de todo el sector cultural en el sentido de mantener las condiciones tributarias existentes y que, además, acoja el pliego de necesidades en la legislación tributaria que permitan asegurar los recursos necesarios para atender la política Cultural.

3. Convocamos a toda la sociedad a realizar un movimiento nacional para la defensa de la cultura.

4. Invitamos a un gran Foro Nacional "Incidencia de la reforma tributaria en la cultura", en la ciudad de Medellín el día 06 de octubre con la participación de representantes de los diferentes sectores culturales, sociales y políticos, para proponer un pliego de modificaciones que se constituya en política pública tributaria para la cultura. Continuaremos la jornada con una gran caminata y maratón artística que culminará en el Parque de Botero.

5. Nos sensibilizamos con la búsqueda de una mayor justicia social en lo tributario y con respecto a la canasta familiar.

Con la firma respaldamos estas propuestas:

Cordialmente


ENRIQUE MEJIA UMAÑA
Director
Programa Artístico y Cultural CUARTO CRECIENTE
CORPORACIÓN CATIVO
cuartocreciente@cativo.org

Colombia: Comunicadores indígenas secuestrados

PRONUNCIAMIENTO
ANTE LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

El pueblo nasa del territorio ancestral SATA MAKIWE, la Asociación de
Cabildos Comunitarios del Municipio de Caldono, el Consejo Regional
Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de
Colombia (ONIC) hoy levantan su voz una vez más para exigir la
liberación de los dos compañeros comunicadores indígenas secuestrados
Rubiel Lis Velasco y Griseldino Yafue Guetoto, detenidos la mañana del
martes 19 de septiembre del 2006 en Caldono, sin razón alguna ni orden
de captura.

El pueblo nasa, sus comunidades y organizaciones consideran esta acción
como un acto de represión de parte del Estado que violenta la autonomía
de este territorio indígena e ignora totalmente los derechos
colectivos
de los pueblos indígenas expresados en el Convenio 169 de la OIT y en
la
Constitución del Estado Colombiano así como las normas del derecho
internacional en materia de telecomunicaciones por medio de los cuales
los pueblos tenemos derecho a la libertad de expresión a través de
medios de comunicación propios.

Manifestamos que no vemos esta acción como una detención formal sino
como un acto de secuestro político, un secuestro de las voces de
nuestro
pueblo, acto similar a los que vienen ocurriendo en toda América
Latina
en contra de nuestros comunicadores indígenas y de los diversos medios
de comunicación alternativos.

Informamos a todos nuestros hermanos, así como a las instancias de
derechos humanos nacionales e internacionales que además de haberse
llevado a estos dos comunicadores indígenas, está ocurriendo la
presencia de la policía en las afueras de la Radio Uxwal, acercándose a
intimidar a todos los comuneros reunidos aquí para proteger la radio,
e
incluso a exigir en una reunión que estábamos llevando a cabo que nos
callemos, ordenando a los dirigentes que dejen de hablar. De igual
manera, se ha estado intentado desde afuera apagar la radio por medio
del corte de la luz.

Todo esto ocurre cuando faltan menos de 24 horas para que inicie el
Primer Encuentro Nacional de Comunicación Indígena de Colombia, que
tendrá lugar en el Municipio de Silvia, territorio Misak Wampia, a
dónde
llegarán comunicadores indígenas de todo el país y del ámbito
internacional para hablar sobre las estrategias de comunicación
indígena
que seguiremos en unidad durante los próximos años.

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, organismos
de derechos humanos para que se unan y demanden la exigencia de la
liberación de nuestros compañeros y se permita el libre desarrollo de
nuestro encuentro de comunicadores así como el respeto a este medio de
comunicación propio, legítimo y autónomo que ya por seis años venimos
defendiendo.

Repudiamos estas acciones tramposas, totalmente fuera de los marcos
legales del mismo Estado y, peor aún, fuera de nuestro propio marco de
justicia comunitaria, la cual ha sido totalmente ignorada y
descalificada.

Condenamos la criminalización de los comunicadores indígenas y, con
ello, la criminalización de la lucha indígena y campesina en materia de
comunicación alternativa, parte fundamental del desarrollo colectivo de
los pueblos.

¡Seguiremos defendiendo y luchando por la libertad de expresión, por la
libertad de nuestra palabra, por nuestra autonomía, por la vida y por
la
dignidad!

Pueblo Nasa
Territorio Ancestral Sata Makiwe

EN EL CAUCA, DELEGADOS DE LA MISIÓN INTERNACIONAL IMPACTADOS POR LAS EVIDENCIAS DE LA CRISIS QUE VIVEN INDÍGENAS NASAS EN TORIBIO Y JAMBALÓ

Con recibimiento y custodia de la guardia indígena, dirigencia del CRIC y la ACIN, y la población con signos de esperanza a lo largo y ancho de las calles, los miembros de la misión internacional recorrieron este jueves el territorio del norte en Jambaló y Toribio. El viernes, después de interactuar en Popayán con instancias oficiales e institucionales, arribaran a la Maria Piendamó, sitio de convivencia y paz.

“al recorrer las calles, senderos , descifrar en sus rostros las huellas de la guerra y al final escuchar los testimonios desgarradores de lo que les viene sucediendo a los indígenas en el Cauca, logramos dimensionar la preocupación de sus organizaciones al convocar a la comunidad internacional a esta misión”.

“la muerte del menor WILDER FABIÁN HURTADO y heridos los comuneros BAUTISTA YULE Y ROBINSON ULLUNÉ, por un mortero que dispararan miembros del Batallón Pichincha asentadas en JAMBALÓ, al mando del Teniente Espinel, el cómo estos y miembros de la policía permanecen atrincherados dentro del casco urbano de Toribio y Jambaló, es un ejemplo fehaciente del cómo tienen que vivir en una permanente zozobra, convirtiéndolos en escudos humanos, lo que evidencia que la población civil esta en medio del conflicto armado Colombiano”, son parte de las impresiones de los delegados de la Misión de Verificación, lo cual se constituye en doble reto de incidencia en la comunidad internacional.

“mi casa a sido impactada cinco veces y nadie ha respondido por ello”, “la fuerza pública invade nuestros territorios con armamento pesado, los aviones ametrallan y bombardean alrededor de las viviendas. Nos invaden los salones comunales. La fuerza pública utilizan a nuestras mujeres como objetos sexuales y sus miembros traen al territorio el consumo de marihuana y bazuco”.

Al igual que la fuerza pública, “la guerrilla también nos invade. Ataca con armas no convencionales matándonos y destruyendo nuestros bienes. Crea estructuras políticas y militares que vulneran nuestra autoridad y la gobernabilidad del territorio. Asesina nuestros dirigentes. Señala a quienes nos mostramos en desacuerdo con sus políticas y sus prácticas como agentes del estado o como paramilitares, mientras el gobierno hace lo mismo”.

“Ambos actores reclutan a nuestros jóvenes y dejan minas antipersonales y munición sin explotar que pone en peligro nuestras vidas. Hemos llegado a tal extremo que nos exigen permisos para entrar a nuestros sitios sagrados”, son las denuncias reiterativas que escucharon y evidenciaron los miembros de la misión.

Por su parte, y por lo acontecido antes de la misión, el Tribunal Indígena del Norte del Cauca – Nasa Ûus Yutx Pehnxi, como máxima instancia jurisdiccional de los pueblos indígenas que habitan este territorio, en ejercicio de la facultad jurisdiccional que le confieren la ley de origen y la Constitución Política de Colombia, decide asumir como competencia de la justicia indígena los hechos acontecidos en Zumbico y Monterredondo, “ya que ocurrieron dentro de nuestro territorio ancestral y afectaron a miembros de nuestros pueblos, no permitiremos la presencia en nuestro territorio de las fuerzas de seguridad del estado: fuerzas militares, Policía, Fiscalía, DAS, SIJIN y demás, como tampoco permitiremos la presencia de los actores ilegales del conflicto armado en nuestros territorios, por lo que exigimos a las FARC el desmonte de las estructuras que operan en nuestros territorios ancestrales”.

Al asumir esta decisión, “como un primer paso para el desalojo del territorio, la Policía Nacional deberá devolver los salones comunales, despejar las vías y levantar las garitas que se encuentran en medio de las viviendas de los cascos urbanos de Toribío y Jambaló en un plazo de 71 horas. Deberán reubicarse en los espacios que han definido las autoridades de ambos territorios”.

No sin antes responsabilizar “como autor material de la muerte de WILDER FABIÁN HURTADO y de las heridas provocadas a BAUTISTA YULE y ROBINSON ULLUNÉ a las tropas del Batallón Pichincha asentadas en JAMBALÓ, AL MANDO DEL Teniente Espinel”., de igual manera responsabilizan “como autores intelectuales de los hechos acontecidos en las veredas Zumbico y Monterredondo a la comandancia de la Tercera División del Ejército y al Presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, autor de la política de Seguridad Democrática, a la comandancia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y a la comandancia de los grupos paramilitares que operan en el Norte del Cauca de los hechos denunciados por el Tejido de Armonía y Justicia de la ACIN”.

COMITE EJECUTIVO ONIC

Ver: fallo completo del tribunal en la pagina www.onic.org.co

DE IGUAL MANERA EN LA SEPARATA DE LA MISION, CON SOLO PULSAR EL AFICHE PROMOCIONAL OBTENDRA MAYOR INFORMACION Y A TRAVES DE LA EMISORA VIRTUAL DACHIBEDEA POR LA MISMA PAGINA....

Comunicado de la Misión Internacional de Verificación Sobre la Situación

Misión Internacional de Verificación

El 21 de Septiembre miembros de organizaciones internacionales de
derechos humanos y no gubernamentales acompañadas por varias agencias de
Naciones Unidas y embajadas europeas visitaron los municipios de Jambalo
y Toribío. En visita a estos municipios hemos constatado que la
presencia del ejército y la policía infringen las normas del Derecho
Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos (DDHH), al
instalar barricadas y carpas en los hogares de las personas de la
comunidad y al utilizar construcciones de la comunidad para permanecer
en ella, atrayendo ataques por parte de la guerrilla.

Además, hemos sido testigos de la organización y la participación social
de las comunidades frente a las violaciones de DIH y de DDHH. En
Jambaló hemos sido recibidos por 3,000 personas (niños, niñas, mujeres y
hombres) quienes se declararon en Asamblea Permanente a raíz de los
recientes hechos de violación de DIH y DDHH por parte del ejercito.

Los efectos dramáticos de las infracciones mas recientes al DIH y DDHH
por parte de la fuerza publica incluyen la muerte de Wilder Fabián
Hurtado, de diez años de edad, muerto por el efecto de una granada de
mortero del ejercito y de las heridas provocadas a Bautista Yule y
Robinson Ullune por las tropas del Batallón Pichincha asentadas en
Jambaló, al mando del Teniente Espinel, el pasado 16 de Septiembre 2006.

A pesar de estas violaciones mas recientes por parte de las fuerzas
publicas las trincheras y las bases de la policía siguen dentro de las
comunidades sin que ninguna medida de precaución o de provisión de
seguridad haya sido tomada para prevenir y disminuir el abuso de las
fuerzas publicas y las violaciones de DDHH y DIH por parte de la policía
y el ejercito en sus actividades cotidianas. Es mas, en la comunidad de
Jambaló el Tribunal Nasa Ûus Yutx Pehnxi, como máxima instancia
jurisdiccional de los pueblos indígenas que habitan este territorio, en
ejercicio de la facultad jurisdiccional que le confieren la ley de
origen y la Constitución Política de Colombia ha decidido tomar acciones
preventivas para disminuir las violaciones ya mencionadas. A través de
esta instancia los habitantes de Toribío y Jambaló han decidido que la
presencia de la policía y del ejército dentro de las comunidades no es
aceptable y han dado un plazo a la fuerza pública para salir de la
comunidad.

Las comunidades nos informan que entienden la necesidad de la presencia
del estado pero que no es necesario llegar al extremo de tener
trincheras y bases policíacas a la par de las escuelas, casas y en los
parques. A pesar de la mediación proveída por la defensoría del pueblo
nos preocupa la posible reacción de la fuerza pública presente en
Jambaló y Toribío dada la larga historia de infracciones y uso de
violencia en contra de movilizaciones pacificas. Insistimos en que las
fuerzas públicas NO utilicen violencia contra las comunidades.

Las comunidades, la mision de verificación, los organismos de monitoreo
gubernamentales de la región y el gobernador del Cauca Juan Jose Chaux
Mosquera (con quien nos reunimos el 22 de Septiembre) estamos de acuerdo
en que las trincheras tienen que ser reubicadas afuera de la comunidad
para prevenir mas violaciones de DDHH y de DIH. La misión de
verificación constata que la reubicación de las trincheras y carpas
seria una muestra de buena fe por parte del gobierno para facilitar la
creación de zonas de paz en territorios indígenas tal como lo recomendó
el Relator Especial Sobre Cuestiones Indigenas de las Naciones Unidas,
Rodolfo Stavenhagen en su informe de 2004.

En particular resaltamos nuestra preocupación sobre la posición del
gobierno nacional de no remover las trincheras y carpas de las
comunidades aunque lo dicta el DIH y el Gobernador Departamental Juan
José Chaux Mosquera considera que es pertinente quitar esas trincheras y
bases de la comunidad.

Por todo lo anterior solicitamos:

1. Que las fuerzas públicas NO utilicen violencia en contra de las
comunidades en su movilización pacifica para reubicar las trincheras y
carpas.

2. Que el gobierno nacional reubique las trincheras y carpas de la
fuerza publica afuera de la comunidad como lo requiere el Derecho
Internacional Humanitario.

3. Que la comunidad internacional apoye los requerimientos de las
comunidades y la recomendación de Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial
Sobre Cuestiones Indigenas de las Naciones Unidas.

En la visita a Cauca participaron: Colombia Solidarity Campaign
(Inglaterra), Diakonie Alemania, Interteam (Suiza), Programa Suizo para
la Promoción de la Paz en Colombia - SUIPPCOL (Suiza), FUCAI (Colombia),
Centro de Cooperación para el Indígena – CECOIN, Organización indígena
de Antioquia (OIA), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,
Corporación para la promoción social Alternativa (MINGA), Comisión de
derechos humanos del Senado de la Republica, American Friends Service
Comittee (Estados Unidos), y el acompañamiento de representantes de la
Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU con sede en
Cali , la oficina para la coordinación de asuntos humanitarios de las
Naciones Unidas (OCHA) y la Embajada de Alemana- Oficina de derechos
humanos.


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