Comunicado de la Misión Internacional de Verificación Sobre la Situación

Misión Internacional de Verificación

El 21 de Septiembre miembros de organizaciones internacionales de
derechos humanos y no gubernamentales acompañadas por varias agencias de
Naciones Unidas y embajadas europeas visitaron los municipios de Jambalo
y Toribío. En visita a estos municipios hemos constatado que la
presencia del ejército y la policía infringen las normas del Derecho
Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos (DDHH), al
instalar barricadas y carpas en los hogares de las personas de la
comunidad y al utilizar construcciones de la comunidad para permanecer
en ella, atrayendo ataques por parte de la guerrilla.

Además, hemos sido testigos de la organización y la participación social
de las comunidades frente a las violaciones de DIH y de DDHH. En
Jambaló hemos sido recibidos por 3,000 personas (niños, niñas, mujeres y
hombres) quienes se declararon en Asamblea Permanente a raíz de los
recientes hechos de violación de DIH y DDHH por parte del ejercito.

Los efectos dramáticos de las infracciones mas recientes al DIH y DDHH
por parte de la fuerza publica incluyen la muerte de Wilder Fabián
Hurtado, de diez años de edad, muerto por el efecto de una granada de
mortero del ejercito y de las heridas provocadas a Bautista Yule y
Robinson Ullune por las tropas del Batallón Pichincha asentadas en
Jambaló, al mando del Teniente Espinel, el pasado 16 de Septiembre 2006.

A pesar de estas violaciones mas recientes por parte de las fuerzas
publicas las trincheras y las bases de la policía siguen dentro de las
comunidades sin que ninguna medida de precaución o de provisión de
seguridad haya sido tomada para prevenir y disminuir el abuso de las
fuerzas publicas y las violaciones de DDHH y DIH por parte de la policía
y el ejercito en sus actividades cotidianas. Es mas, en la comunidad de
Jambaló el Tribunal Nasa Ûus Yutx Pehnxi, como máxima instancia
jurisdiccional de los pueblos indígenas que habitan este territorio, en
ejercicio de la facultad jurisdiccional que le confieren la ley de
origen y la Constitución Política de Colombia ha decidido tomar acciones
preventivas para disminuir las violaciones ya mencionadas. A través de
esta instancia los habitantes de Toribío y Jambaló han decidido que la
presencia de la policía y del ejército dentro de las comunidades no es
aceptable y han dado un plazo a la fuerza pública para salir de la
comunidad.

Las comunidades nos informan que entienden la necesidad de la presencia
del estado pero que no es necesario llegar al extremo de tener
trincheras y bases policíacas a la par de las escuelas, casas y en los
parques. A pesar de la mediación proveída por la defensoría del pueblo
nos preocupa la posible reacción de la fuerza pública presente en
Jambaló y Toribío dada la larga historia de infracciones y uso de
violencia en contra de movilizaciones pacificas. Insistimos en que las
fuerzas públicas NO utilicen violencia contra las comunidades.

Las comunidades, la mision de verificación, los organismos de monitoreo
gubernamentales de la región y el gobernador del Cauca Juan Jose Chaux
Mosquera (con quien nos reunimos el 22 de Septiembre) estamos de acuerdo
en que las trincheras tienen que ser reubicadas afuera de la comunidad
para prevenir mas violaciones de DDHH y de DIH. La misión de
verificación constata que la reubicación de las trincheras y carpas
seria una muestra de buena fe por parte del gobierno para facilitar la
creación de zonas de paz en territorios indígenas tal como lo recomendó
el Relator Especial Sobre Cuestiones Indigenas de las Naciones Unidas,
Rodolfo Stavenhagen en su informe de 2004.

En particular resaltamos nuestra preocupación sobre la posición del
gobierno nacional de no remover las trincheras y carpas de las
comunidades aunque lo dicta el DIH y el Gobernador Departamental Juan
José Chaux Mosquera considera que es pertinente quitar esas trincheras y
bases de la comunidad.

Por todo lo anterior solicitamos:

1. Que las fuerzas públicas NO utilicen violencia en contra de las
comunidades en su movilización pacifica para reubicar las trincheras y
carpas.

2. Que el gobierno nacional reubique las trincheras y carpas de la
fuerza publica afuera de la comunidad como lo requiere el Derecho
Internacional Humanitario.

3. Que la comunidad internacional apoye los requerimientos de las
comunidades y la recomendación de Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial
Sobre Cuestiones Indigenas de las Naciones Unidas.

En la visita a Cauca participaron: Colombia Solidarity Campaign
(Inglaterra), Diakonie Alemania, Interteam (Suiza), Programa Suizo para
la Promoción de la Paz en Colombia - SUIPPCOL (Suiza), FUCAI (Colombia),
Centro de Cooperación para el Indígena – CECOIN, Organización indígena
de Antioquia (OIA), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,
Corporación para la promoción social Alternativa (MINGA), Comisión de
derechos humanos del Senado de la Republica, American Friends Service
Comittee (Estados Unidos), y el acompañamiento de representantes de la
Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU con sede en
Cali , la oficina para la coordinación de asuntos humanitarios de las
Naciones Unidas (OCHA) y la Embajada de Alemana- Oficina de derechos
humanos.


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