Bogotá, noviembre 2 de 2006
El propósito del gobierno, con el apoyo de la bancada uribista en el Congreso, de vender a terceros el 20% de la participación accionaria de ECOPETROL, tiene incalculables consecuencias para la soberanía de la nación. Esta transacción va más allá de hechos ya de por sí tan significativos como la dadivosa entrega, sin razón justificada, de una porción de la más grande empresa del país- ahora cien por ciento estatal - a inversionistas privados y tratándose de un negocio estrella, precisamente del que se derivan las mayores ganancias en la organización económica contemporánea.
Este proyecto privatizador pone en almoneda mucho más que el patrimonio empresarial de más de once billones de pesos, la refinación de 300.000 barriles diarios de petróleo o la explotación de contratos de asociación, ahora vigentes, por un volumen similar de crudo; con él se están comprometiendo asuntos tan cruciales como los que se relacionan con los ingresos corrientes de la Nación, a los cuales ECOPETROL contribuyó para el año 2005 con un traslado de sus utilidades e impuestos por 7,5 billones de pesos, equivalentes al 17,3% de dicho rubro. Esa cifra también es igual a la mitad del valor de las transferencias del Gobierno Central a los entes territoriales para salud y educación.
La venta de acciones de ECOPETROL hace parte de la dudosa concepción oficial, promulgada por organismos internacionales como el FMI, por la cual se asume que el bienestar del país en materia energética depende de las licencias sin contraprestación que se hagan al capital privado internacional. Ella ha orientado las decisiones más recientes de la política pública respectiva como las que menguaron la participación del Estado en las regalías, las que revivieron el arcaico sistema de concesiones, las que impidieron la reversión al pleno control estatal de la explotación de yacimientos de gas como los de Chuchupa o los de petróleo del Carare, las que enajenaron más de la mitad de la propiedad de la Refinería de Cartagena y las que escindieron las reservas petrolíferas del patrimonio de ECOPETROL para pasarlas bajo la tutela de la Agencia Nacional de Hidrocarburos..
De los países de la Cuenca Andina es Colombia el que menos recibe, en términos de dólares por barril, de la renta proveniente de la producción de hidrocarburos. En casi cinco años no se ha reportado resultado beneficioso alguno derivado de tales criterios, pero se insiste en ellos.
El modelo de empresa que se está gestando es el que le permite a ECOPETROL regirse con el régimen privado. A los nuevos "socios" les caerá como anillo al dedo en el marco del TLC para operar a sus anchas y sin cortapisas, incluyendo las eventuales operaciones de compra de combustibles que podrían darse en los muy probables escenarios de pérdida de autosuficiencia petrolera.
Lo más grave de todo es que los planes de negocios que hoy se convierten en el motivo de la busca de "capital fresco" podrían llevarse a cabo si el proyecto que se discute en el Congreso no fuera el del negocio de acciones sino uno que le devolviera la autonomía financiera y administrativa a la empresa, a fin de que ella pudiera recurrir a los recursos del FAEP, a realizar más de cuatro billones de pesos en inversiones temporales, incluida una alta suma en forma de TES o a contratar créditos que puede respaldar y honrar con solvencia.
Los colombianos verdaderamente interesados en que la autodeterminación nacional se reafirme en cuestiones tan vitales como la de su soberanía energética, la cual no puede supeditarse a intereses particulares de lucro, deben expresarse junto con el POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO - PDA - en contra de la venta de acciones de ECOPETROL que, de concretarse, configuraría un paso casi irreversible hacia la pérdida de mínimas garantías en este campo.
Carlos Gaviria Díaz, Presidente PDA
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