Juan Carlos Martínez Botero, Federación de Estudiantes de la Universidad de Caldas, Manizales, octubre de 2006
Un análisis de las reformas que en materia de educación superior viene atravesando la universidad colombiana necesariamente tiene que partir del contexto en que ellas se dan. Asistimos a un duro proceso de globalización económica, marcado por una oleada de unilateralismo y recolonización imperialista reconocida incluso por autorizados voceros de esta corriente, como el ex-secretario de Estado durante el gobierno de Nixon, quien afirmara: “Lo que se denomina globalización, no es más que otro nombre para el papel dominante de los Estados Unidos”. El Consenso de Washington sería la carta de navegación que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, impondría como receta a los países subdesarrollados. “El concepto de un mundo tripolar, en donde Europa y Japón pudiesen hacer contrapeso a la potencia estadounidense, es una visión caduca. El enorme peso económico y político de sus transnacionales, unido a su arsenal monetario y militar, hace de los Estados Unidos la única y verdadera potencia mundial, capital de la globalización” (GÉLINAS, 2006).
El escritor canadiense Jacques Gélinas, en su libro intitulado “El monstruo de la globalización”, describe como “la sede de la megamáquina de la globalización se encuentra cada vez más afianzada en los Estados Unidos”. Este interesante estudio destaca como las herramientas utilizadas para llevar a cabo su proyecto hegemónico son: El dólar instituido como moneda mundial en la Conferencia de Bretton Woods, el Banco Central de los Estados Unidos y su influencia en todos los mercados, el FMI y el Banco Mundial cuya sede se encuentra en Washington, el reinado de las empresas estadounidenses en el ciberespacio, las transnacionales norteamericanas que en su conjunto dominan el sistema productivo mundial en las principales áreas: Finanzas, recursos energéticos, productos farmacéuticos y nuevas tecnologías de la información, el presupuesto militar de los E.U que para el período 2004-2005 ascendía a 500 mil millones de dólares y el dominio de la OTAN, lo cual le ha servido para colocar a Europa bajo su tutela e intervenir en cualquier parte del mundo por encima de la ONU.
Bajo esta órbita, Colombia, ubicado en el llamado “patio trasero” de los E.U, adoptó desde los inicios de la década del noventa, una reforma constitucional que irradió al aparato educativo nacional. Esta tiene su base en el artículo 67 de la Constitución del 91 y para el caso de la educación superior tomó forma a través de la Ley 30 de 1992. Los referentes normativos citados, definieron la educación como un servicio público responsabilidad no solo del Estado, sino además de la sociedad y la familia, acogiendo los preceptos neoliberales de convertir en mercancía, lo que antes era considerado derecho de responsabilidad básicamente estatal. Ello obligó a las familias a destinar un importante porcentaje de su presupuesto, para el costo de la llamada “canasta educativa”, abriéndose paso así a la privatización de la educación. El decreto 2566 retoma este aspecto definiendo la educación superior como un “servicio público de naturaleza cultural”.
De la concepción plasmada en la constitución de 1991, se desprendió por parte del Departamento de Planeación Nacional de entonces, el documento conocido como “Plan de Apertura Educativa -PAE- ”, en el que, el gobierno de Cesar Gaviria señaló los criterios que debían servir para revisar el conjunto de la política educativa, entre otros, se destacó la baja cobertura en los distintos niveles, la baja calidad y la ineficiencia de las instituciones educativas. La solución entonces, fue atender los problemas anteriores en medio de la escasez de recursos del Estado, con lo que centraron sus esfuerzos en la atención de aquellos sectores, que generen una “mayor rentabilidad social”, según ellos la básica y la media de la educación colombiana.
El argumento para desarrollar esta política, es que lo más equitativo es actuar en la base de la pirámide social, posicionando la focalización o sisbenización de los recursos. Frente a la educación superior, la tesis que sostienen, es que una de las características de las personas que acceden a ella es su alta inserción en el mercado laboral, lo que les permite ocupar los cargos mejor remunerados, convirtiéndose en unos privilegiados en los cuales el Estado no tiene porque gastarse un solo peso. La consigna entonces fue trasladar la responsabilidad de la educación superior a la familia, al punto que el PAE trazó como meta, el que al año 2000, el 66% de los ingresos de las universidades debía estar compuesto básicamente de recursos propios, matriculas, venta de servicios y crédito educativo.
EDUCACIÓN COMO MERCANCÍA, UNIVERSIDAD COMO EMPRESA
El modelo educativo impuesto, considera la educación superior como una mercancía, le quita su carácter de derecho y define el papel del Estado en “inspección, vigilancia y control sobre ella” , desarrolla el argumento de que el Estado no puede ser juez y parte y desconoce su importancia histórica como oferente del derecho. El Acuerdo General sobre Comercio y Servicios –AGCS- de la Organización Mundial del Comercio, introdujo la educación dentro de los servicios de enseñanza sujetos al pacto comercial, con lo que se avanzó en su mercantilización, de tal manera que instituciones como la UNESCO (2002) vienen predicando que “la educación se está transformando en un commodity ”, lo que representa -según ellos- un proceso clave para traer “prosperidad”, pues al volverse los productos commodities se “produce una fuerte competencia de precios entre los fabricantes con lo que los precios se contraen”. Tal forma de definir y de referirse a la educación en términos estrictamente económicos, confirma las ideas en boga y las pretensiones de privatizar totalmente, este derecho de los pueblos.
Bajo esta perspectiva las universidades han pasado a ser empresas proveedoras del servicio de educación superior. Catalina Acevedo, gerente del FODESEP , en el segundo foro sobre Educación Superior y Tratado de Libre Comercio, planteó que Colombia debe dejar de pensar que la educación es un bien común sin ánimo de lucro y comenzar a crear la mentalidad de Instituciones de Educación Superior -IES- como empresas. “Las universidades deben ser manejadas como entidades comerciales, porque tienen un producto que vender, el conocimiento. Esto permitiría pensar en importaciones y exportaciones de nuestros servicios, con seccionales en el exterior” (LA REPÚBLICA, 2004). En el mismo sentido el Rector de la Universidad de los Andes, en un artículo publicado en el boletín Educación Superior, órgano oficial del gobierno para el sector, argumentó: “debemos pasar de una visión proteccionista sobre nuestros productos y servicios, a una actitud de apertura frente a los desafíos que nos impone la globalización; entre los cuales esta la internacionalización de la educación” (MEN, 2004). Las ideas propagadas por parte de la tecnocracia criolla, marcan la tendencia y el rumbo de la educación Superior en Colombia, presenciamos la consolidación de los dogmas neoliberales, y con ello la dependencia y el atraso tecnológico en un sector clave, y sin el cual no es posible el desarrollo nacional.
Esta lógica de la universidad como empresa, ha venido posicionándose con algunos desarrollos legales durante el gobierno de Uribe. A través de la Ley 922 de 2004, se incluyó a las universidades como sujeto de aplicación de la Ley de reestructuración empresarial, más conocida como ley de quiebras, instrumento legal utilizado para liquidar importantes activos del Estado como los hospitales públicos. La inclusión de las IES en esta Ley, profundiza el proceso de privatización y las somete a acuerdos de reestructuración donde las funciones de promotor y nominador las ejerce el Ministerio de Hacienda, vulnerando la Autonomía Universitaria y prohibiendo todas las operaciones que impliquen nuevo gasto como la “celebración de cualquier tipo de contrato, el otorgamiento de beneficios o estímulos económicos a directivos, docentes o estudiantes que constituyan nuevo gasto de funcionamiento o inversión”.
La Ley 922 se estrenó en la universidad del Atlántico, a la que se obligó a un crecimiento de recursos propios del 300%. Con un anterior convenio de concurrencia el gobierno condujo a esta institución a asumir un porcentaje mayor en el pago de las mesadas pensionales, pasando de un 12 al 75% y el Ministerio de Hacienda reduciendo sus aportes del 75 al 18%. Se calcula que el ministerio entre los años de 2003 y 2005 dejó de enviar alrededor de cien mil millones de pesos, provocando el colapso financiero de la universidad, a lo que siguió la aplicación de la “Ley de quiebras”.
Las consecuencias no se hicieron esperar, un aumento de matriculas del 330% a los estudiantes, pasando de unas que oscilaban entre 50 mil y un millón de pesos, a unas que se encuentran entre 300 mil y dos millones de pesos. El despido de 140 trabajadores y empleados, disminución del 10% del profesorado de planta y 75% de docentes por contrato, aumento de la asignación docente de 16 horas-clase-semana a 20 y 25, eliminación de los programas que no sean autosostenibles, disminución del número de asignaturas por carrera y horas por curso, venta de bienes que hacen parte del patrimonio de la universidad, desmonte de la unidad de salud, liquidación del Instituto Pestalozzi y el despido de sus 83 docentes (AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, 2006), a ello se suma el cobro por la utilización de laboratorios y el doble pago exigido a los estudiantes de Ciencias Jurídicas donde se estudia por años.
Si desea leer el documento completo, por favor utilice el siguiente vínculo: TLC PARA EDUCACIÓN SUPERIOR: HACIA LA IMPOSICIÓN DEL DOGMA NEOLIBERAL
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